Sucedió tras la expropiación de sus empresas en la díécada de los ochenta. Y vuelve a pasar otra vez ahora. Josíé María Ruiz-Mateos, el fundador de Rumasa, está intentando enconder a toda costa su patrimonio para evitar posibles embargos judiciales.
Sobre todo, en el caso de que los acreedores, tal y como parece, acaben solicitando un concurso culpable de sus empresas por haber mantenido una situación de insolvencia casi total de forma deliberada.
Para conservar su mansión en Somosaguas, la puso entonces a nombre de su mujer, Teresa Rivero, con la que mantiene separación de bienes. Y ahora ha ido incluso mucho más allá. En el Registro de la Propiedad resulta prácticamente imposible saber a nombre de quiíén está la casa y no aparece ninguna propiedad a su nombre en todo el territorio nacional.
La finca de Somosaguas, en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) tiene 7.000 metros cuadrados y está valorada, según los expertos inmobiliarios consultados por este periódico, entre 8 y 10 millones de euros. Convertida hoy en sede central y con los dormitorios de los trece hijos reconvertidos en despachos, cuenta con cerca de 1.000 metros cuadrados, aproximadamente, construidos. En el piso bajo, aparte de la zona dedicada al garaje y trastero, hay dos grandes salones, un baño y un antiguo cuarto de juegos, reconvertido en sala de reuniones. En la primera planta está el comedor, los baños, la cocina, los antiguos dormitorios y el despacho de Ruiz-Mateos y Jimíénez de Tejada. En la buhardilla está el dormitorio principal, el del matrimonio.
Aunque en la anterior expropiación no se le pudo embargar, los acreedores están dispuestos ahora a llegar hasta donde haga falta para asegurar cobrar sus deudas, tal y como informó elEconomista el pasado 7 de marzo, y la casa es uno de sus objetivos.
Sociedades
El problemas es que, al margen de las propiedades inmobiliarias, Josíé María Ruiz-Mateos y Jimíénez de Tejada no aparece tampoco en ninguna de las grandes compañías de su conglomerado industrial. Tan sólo lo hace como administrador de dos sociedades, que curiosamente llevan su nombre y el de su mujer y que figuran en el Registro Mercantil como firmas inmobiliarias.
Se trataría de dos patrimoniales, prácticamente sin actividad alguna: María Teresa Rivero SA, que tiene activos por tan sólo 300.000 euros y Josíé María Ruiz Mateos SA, que pidió la semana pasada entrar en fase preconcursal, y que cuenta con 66 millones en activos tras diversas ampliaciones de capital realizadas el año pasado por otras compañías del conglomerado.
Esta última compañía fue la que realizó precisamente la última emisión de pagaríés hace más de un año. Fue a dos años con un tipo anual del 10% pagadero trimestralmente, y sujeto tambiíén a una inversión mínima de 50.000 euros. La CNMV hizo entonces una advertencia, aún más detalla que las anteriores, en la que quiso dejar claro a los inversores el riesgo que corrían en el caso de confiar su dinero a dicha sociedad.
La emisión estaba avalada por Dhul y Clesa, pero, según el supervisor, "no se describen las características esenciales de estas garantías y, por tanto, se desconoce si son de naturaleza personal o si existe alguna garantía de carácter real". Es más, según decía en una nota hecha publicaba el 23 de diciembre de 2009, en la emisión, "no se detalla la forma jurídica de tales garantías y, por tanto, si se han constituido válidamente".
La CNMV era contundente en sus advertencias, lo que exime ahora al Estado prácticamente de cualquier tipo de responsabilidad. "Se recomienda expresamente a los inversores que revisen el cumplimiento de los requisitos legales antes de tomar una decisión de inversión", sentenció.
Paraísos fiscales
El gran problema que se plantea ahora es descubrir, en cualquier caso, donde tiene su patrimonio Ruiz-Mateos, que ha fijado además las raíces de sus empresas en paraísos fiscales del Caribe, según ha reconocido abiertamente la familia en varias ocasiones, "para evitar una nueva expropiación".
La Fiscalía Anticorrupción está investigando ya sus cuentas y movimientos fuera de España ante un posible delito de evasión de capitales.
