La CMT vuelve a la carga. Como ya dijo en un informe en enero, el regulador de las telecomunicaciones pide al Gobierno que sean fondos públicos y no de las operadoras los que financien el servicio universal de banda ancha.
El Gobierno prometió hace tiempo que la banda ancha a un mega formaría parte del servicio universal desde el 1 de enero de este año. No ha sido así, pero eso no significa que el plan haya desaparecido. La inicitiva sigue en pie y se están dando pasos para conseguirlo, pero no todas las instituciones involucradas están de acuerdo con la manera en que quiere llevarlo a cabo el Gobierno.
La más crítica es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que ya enero cuestionó el apresuramiento del Gobierno en el proceso establecido para conseguir que todos los españoles tengan acceso a internet a un mega de velocidad vivan donde vivan. Tambiíén cuestionó que las operadoras tengan que afrontar los costes de la extensión de la banda ancha y que debería hacerlo el Estado.
Ahora vuelve a la carga. El regulador cree "conveniente" que se contemple la posibilidad de que sean los Estados los que financien la inclusión de la banda ancha en el servicio universal, según el informe sobre el anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones elaborado por el órgano regulador y que acaba de hacer público.
Así, el organismo presidido por Reinaldo Rodríguez "cree conveniente que la Ley contemple la posibilidad de financiar el servicio universal con cargo a Presupuestos Generales del Estado (...) para aquellos Estados miembros que pretendan incluir la banda ancha en el ámbito del servicio universal".
En España el reglamento sobre el servicio universal de banda ancha se encuentra, según dijo el pasado jueves en el Senado el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, en "avanzado estado de tramitación" a la espera del dictamen del Consejo de Estado.
La CMT considera además pertinente que la normativa incluya "expresamente" la posibilidad de exención a la contribución del servicio universal cuando así sea determinado por este organismo.
En concreto, la cuantía de la exención se fija en las resoluciones de la CMT, que determina quíé operadores están obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal, que se creó para financiar los costes en los que incurren los prestadores del mismo cuando suministran servicios de telecomunicaciones a determinados grupos de usuarios o áreas geográficas.
Derechos de los usuarios
En relación con los derechos de los usuarios, la CMT advierte que la Ley General de Telecomunicaciones debería determinar que la obligatoriedad de permanencia de los contratos no tengan una vigencia inicial superior a 24 meses y que se ofrezca al usuario la posibilidad de suscribir un contrato con una vigencia máxima de 12 meses.
En cuanto al proceso de portabilidad, cambio de operador conservando el número de telíéfono, cuyo plazo de realización pasará a ser de un día laborable, la comisión considera "favorable" que se incluya una compensación al usuario por el retraso o abuso en la conservación de la numeración por parte de los operadores.
"En este sentido, este organismo está tramitando en la actualidad la modificación de las especificaciones tíécnicas para la portabilidad con la finalidad de garantizar este derecho a los usuarios lo antes posible", indica.
Asimismo, el organismo regulador de telecomunicaciones pide mayores competencias en el mercado minorista, de forma que pueda tramitar y resolver las reclamaciones de los usuarios y de los operadores con el fin de poder analizar mejor la evolución de los mercados y ver cómo las medidas que aplican afectan a los usuarios.
Además, el organismo demanda que la atribución, la gestión y el control del plan de numeración pase a ser competencia exclusiva de la CMT. Hasta ahora el Ministerio de Industria se encargaba de la elaboración y atribución de los planes de numeración, mientras que la CMT asumía se encarga tan solo del trámite administrativo de asignar los números cuando lo piden los operadores, lo que supone una división "inoperativa" que fomenta la situaciones de conflictividad.
