Cinco comunidades autónomas pueden tener precios distintos de la electricidad para sus ciudadanos. Se trata de Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y previsiblemente Castilla y León, que tienen encima de la mesa o aprobados impuestos sobre la actividad elíéctrica que en un futuro próximo pueden repercutirse a los consumidores.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto la puerta al Ministerio de Industria para que imponga un suplemento territorial a las autonomías que hayan creado un tributo autonómico que grave, o bien a las centrales de algunos tipos de tecnologías, o bien sobre ciertas instalaciones que crean cierta controversia, tales como centrales nucleares o los almacenamientos de residuos radiactivos.
La única condición que exige el regulador energíético es que este suplemento se desglose en la facturación al usuario, tal y como impone la Ley de Sector Elíéctrico, para que se mantenga un principio de transparencia, así como el de unidad tarifaria que afecta a los peajes y a la tarifa de último recurso.
Sobre este aspecto, la CNE apunta que el hecho de que el suplemento recaiga sobre el peaje o la tarifa de último recurso (o sobre ambos) dependería de las concretas actividades elíéctricas que sean gravadas. Así, si se grava alguna de las actividades reguladas, el suplemento recaería sobre el peaje y, si se grava una actividad liberalizada (como la generación), el suplemento recaerá sobre la tarifa de último recurso que pagan los consumidores de dichas regiones.
