Monsanto y el Petate del Muerto...

[OCIN]

Por...  Alfredo Acedo
 


Monsanto ha convertido la caí­da de las reservas internacionales de maí­z y el desastre causado por el frí­o en los cultivos del cereal en el norte del paí­s en su mejor argumento para apresurar la imposición de la siembra comercial de maí­z transgíénico en Míéxico, presentando sus semillas manipuladas como la solución ante la escasez y encarecimiento de la gramí­nea.

Y va más allá: en conferencia de prensa, el presidente de la trasnacional en Amíérica Latina, Josíé Manuel Maduro, se atreve a afirmar que “…la decisión de Míéxico de no avanzar en ello [los transgíénicos] ha llevado a importar 10 millones de toneladas de maí­z y por eso urge una decisión al respecto.” Monsanto intenta asustar con el petate del muerto.

El cinismo de Monsanto parece no tener lí­mites. Ahora resulta que Míéxico perdió autosuficiencia en maí­z e importa millones de toneladas anuales no por una polí­tica agropecuaria favorable a las trasnacionales y un modelo de libre comercio injusto, que privilegia las compras al exterior y ha abandonado a la mayorí­a de los productores nacionales, sino porque el paí­s no ha adoptado la siembra comercial del maí­z transgíénico.

Esta persistente labor de la trasnacional ha tenido efecto. Despuíés de que el gobierno a finales del año pasado le negara autorización para la siembra piloto de maí­z transgíénico en Sinaloa, ahora la Secretarí­a de Agricultura, Ganaderí­a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) acaba de otorgar a Monsanto un permiso para la siembra de maí­z amarillo geníéticamente modificado resistente al herbicida glifosato, en programa piloto para el presente ciclo agrí­cola en Tamaulipas.

Sin embargo, el verdadero peligro —mortal para la alimentación, la salud y la cultura del paí­s— está en optar por Monsanto en vez de fortalecer la agricultura nacional. La siembra de maí­z transgíénico acentuará la píérdida de soberaní­a alimentaria del paí­s y contaminará las razas nativas del grano.

Según la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), en Tamaulipas se encuentran 16 razas de las 59 que existen de maí­z nativo. Un estudio reciente de la CONABIO concluye que las liberaciones de maí­z transgíénico deberí­an estar a cargo “sólo [de] instituciones públicas debidamente capacitadas en materia de seguridad y en las zonas de menor riesgo.” El estudio fue financiado por la SAGARPA y, contraviniendo sus propias recomendaciones, se dio a conocer al mismo tiempo que fue aprobado el permiso de siembra piloto a Monsanto en Tamaulipas—estado que, como el resto del norte y todo el territorio de Míéxico, es centro de origen de maí­z.

Campaña de presión

Hay una campaña intensa de promoción de los transgíénicos en Míéxico: los grandes agricultores del norte del paí­s presionan para que el gobierno agilice el establecimiento de la siembra comercial de maí­z transgíénico y en la prensa y la televisión no falta quien se vuelva eco de las tesis de Monsanto. Incluso a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minerí­a llegó la propaganda entreverada con posiciones cientí­ficas. El programa de la tradicional feria auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de Míéxico incluyó una serie de conferencias denominada “Los organismos transgíénicos han llegado a palacio”, encabezada por el promotor estelar de la biotecnologí­a al servicio de las trasnacionales, Luis Herrera-Estrella. El cientí­fico mexicano, promovido como el coinventor de los transgíénicos, se ha vuelto un defensor de los planteamientos de Monsanto, empresa que, según íél mismo dice, le arrebató la patente de esa tecnologí­a.

Sin embargo, son públicas las relaciones entre el CINVESTAV —donde labora el investigador— y la trasnacional. Herrera-Estrella ha sido denunciado incluso como ejecutor de “trabajo sucio” para Monsanto. Despuíés de que Ignacio Chapela, profesor de la Universidad de Berkeley, reveló la contaminación transgíénica en cultivos de maí­z en Calpulapan, Oaxaca, en el otoño de 2001, Monsanto enderezó contra íél una campaña de desprestigio de la que Herrera-Estrella no serí­a del todo ajeno. Tras años de persecución y cuando ya dos revisores externos internacionales para la Universidad de Berkeley habí­an aceptado dar permanencia a Chapela como profesor de tiempo completo e investigador, fue detenido su contrato al ser recibida la carta de un experto en su contra. El remitente era Luis Herrera-Estrella.

El ciclo de pláticas de la feria del libro sólo ofreció el punto de vista favorable al uso de transgíénicos. Y íése fue uno de los reclamos de parte del público en la conferencia de Herrera-Estrella.

La presidenta de la Unión de Cientí­ficos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Elena ílvarez-Buylla, presente entre el público, ofreció rápidamente un punto de vista crí­tico sobre la biotecnologí­a transgíénica e informó sobre un cientí­fico francíés reconocido por su investigación independiente acerca de los riesgos de los transgíénicos quien recientemente ganó un proceso contra grupos de biotecnologí­a que habí­an desencadenado una campaña para desacreditarlo. Ella no pudo extenderse mucho por la descortesí­a desmesurada de Herrera-Estrella y sus seguidores quienes, incómodos por los comentarios, le quitaron la palabra. Tambiíén se señaló la omisión del expositor respecto a los daños comprobados a la salud ocasionados por el glifosato, herbicida producido por Monsanto, asociado a una de sus variantes de maí­z transgíénico.

La agresiva operación de opinión pública para introducir en Míéxico el maí­z modificado geníéticamente por Monsanto ocurre despuíés de que el año pasado trascendiera el declive de las ganancias de la compañí­a y una baja en sus acciones debido a la disminución de ventas en Sudamíérica y Europa del herbicida Roundup y de semillas transgíénicas de maí­z y soya.

El mercado mexicano representa para Monsanto ganancias potenciales por el orden de los 400 millones de dólares al año y algunos en el gobierno consideran que esas son muchas razones para desdeñar cualquier riesgo sobre los maí­ces nativos, la economí­a o la salud de los mexicanos.

Mientras en la Unión Europea, de acuerdo con un informe de Amigos de la Tierra Internacional dado a conocer hace unas semanas, los cultivos transgíénicos van en picada, al tiempo que aumenta el número de paí­ses que los prohí­ben.

Según esa fuente, siete estados miembro de la UE han prohibido el cultivo del maí­z transgíénico de Monsanto por las evidencias acumuladas sobre sus impactos en el ambiente y la economí­a y por la aplicación del principio de precaución en la salud. La oposición pública a los transgíénicos se ha incrementado hasta el 61 por ciento.

Inopinadamente —y no sin contradicciones—, en diciembre el gobierno federal mexicano negó el permiso a Monsanto para la siembra piloto de maí­z transgíénico en cien hectáreas de Sinaloa, un estado al noroeste del paí­s. La siembra piloto es la segunda fase, posterior a la experimental y previa a la libre producción y comercio, de las tres fases establecidas por la Ley de Bioseguridad de Organismos Geníéticamente Modificados.

A partir de octubre del 2009, pocos meses despuíés de una reunión de Felipe Calderón con Hugh Grant, presidente de Monsanto, el gobierno federal aprobó 29 solicitudes de experimentación de maí­z transgíénico, rompiendo una moratoria vigente durante más de una díécada. La mayorí­a de las licencias fue para Monsanto y para Dow Agro Science, con el fin de “probar” maí­ces resistentes a herbicidas y a plagas en más de una docena de hectáreas.

El año pasado, tras mantener en secreto los predios de experimentación y sin informar adecuadamente los resultados del proceso, violando así­ la Ley de Bioseguridad, el gobierno aceptó 20 solicitudes más de las trasnacionales señaladas, a las cuales se añadió Syngenta. De otorgarse los permisos, las siembras de maí­z transgíénico ocuparí­an más de mil hectáreas.

Las contradicciones y titubeos en la posición gubernamental al negar los primeros permisos para la fase piloto en Sinaloa y la aprobación de un cuarto de hectárea en Tamaulipas se deben probablemente al inicio de la temporada electoral —crucial para el ríégimen que tratará de eludir el costo polí­tico de sus decisiones—, a la acción de las organizaciones campesinas y ecologistas y a la importante labor de organismos como la UCCS.

Desde finales de 2009, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) inició una campaña mediante foros de análisis, y en medios y bardas bajo el lema de: ¡No al maí­z transgíénico, fuera Monsanto! Se llevaron a cabo foros en Navojoa (a pocos kilómetros de uno de los centros de experimentación transgíénica), Chilpancingo y Zacatecas. El año pasado en Guadalajara y en Morelia se denunció la experimentación de maí­z transgíénico en Míéxico como un crimen de lesa humanidad. Son ya muchas las voces que se han levantado contra este atropello: desde la UCCS hasta el ayuntamiento de Tepoztlán, en el estado sureño de Morelos, que inició una controversia constitucional contra la siembra del maí­z transgíénico en el paí­s.

¿Soberaní­a alimentaria o dependencia?

Hace unos dí­as, la UNORCA en voz de su dirigente nacional Olegario Carrillo advirtió que Míéxico no necesita echarse en brazos de Monsanto para recuperar su autosuficiencia en maí­z. De hecho, ceder a las presiones de la trasnacional, que sólo busca apoderarse de la riqueza agro geníética de los mexicanos, significarí­a profundizar la fuerte dependencia alimentaria activada por el Tratado de Libre Comercio de Amíérica del Norte, cuando las importaciones ya rebasan el 40 por ciento de lo que el paí­s consume, según datos de la Auditorí­a Superior de la Federación.

El problema de fondo no es tecnológico sino que el gobierno mexicano carece de una polí­tica benigna para el campo y no existen metas de producción de alimentos. El ríégimen neoliberal ha preferido favorecer las importaciones y beneficiar a las trasnacionales que se han ido apoderando de todo el proceso productivo.

En este contexto, miente la trasnacional al afirmar que su biotecnologí­a pueda resolver el problema alimentario en Míéxico: está plenamente documentado que los transgíénicos no incrementan la producción. Los maí­ces transgíénicos no han sido concebidos para incrementar los rendimientos; la gran mayorí­a de los transgíénicos están diseñados para resistir la aplicación de herbicidas producidos por la misma Monsanto. En cambio, generan mayor dependencia por la necesidad de comprar semilla y por la contaminación de las variedades nativas, y ocasionan daños al medio ambiente, a la economí­a y a la salud de las personas.

Por otro lado, se podrí­a duplicar la producción anual de maí­z en Míéxico (24 millones de toneladas) si se cambiara la polí­tica agropecuaria apoyando a los campesinos y se cultivaran más hectáreas en el sur y sureste, donde hay agua suficiente. La riqueza geníética del maí­z mexicano permitirí­a elevar la producción, sin tener que pagar regalí­as a Monsanto, porque hay en el paí­s unas 60 razas nativas y miles de variedades adaptadas a todo tipo de terrenos y climas.

La trasnacional niega el riesgo de contaminación del maí­z mexicano por el transgíénico patentado por ella pese a que está comprobado que no es posible la convivencia de la tecnologí­a transgíénica con la biodiversidad. Monsanto miente porque esa estrategia forma parte de su historia de protección de sus ganancias por encima de la salud de las personas, del medio ambiente y del bienestar general, como ha sido demostrado en investigaciones a lo largo de los años.

La UCCS, basada en reportes de la FAO, UNESCO, entre otros, afirma que los transgíénicos además de no aumentar los rendimientos, incrementan los agrotóxicos, destruyen el suelo, y no benefician a los agricultores pobres ni a los consumidores. Además, contribuyen a la crisis climática debido a que refuerzan un modelo de agricultura dependiente del petróleo en insumos y transporte. Las organizaciones campesinas y los cientí­ficos comprometidos proponen un modelo alternativo sustentable, basado en la conservación de la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, aprovechar la sinergia entre cultivos, conservación de suelos y recursos estratíégicos (el agua, por ejemplo), así­ como la incorporación de nuevas biotecnologí­as integrales en sistemas sustentables.

Los cientí­ficos han concluido que el campo mexicano cuenta con los recursos necesarios para garantizar la autosuficiencia alimentaria con tecnologí­a no transgíénica. Según el investigador Antonio Turrent Fernández, los pequeños agricultores, ejidatarios y comuneros pueden jugar un papel clave en la producción de alimentos básicos y en el manejo de los recursos fitogeníéticos de los que Míéxico es centro de origen y diversidad. Pero se requiere inversión pública en infraestructura, investigación, transferencia de tecnologí­a y servicios —es decir, cambiar radicalmente el modelo predominante y la orientación del presupuesto público—, y reimplantar la moratoria al cultivo de maí­z transgíénico.

Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas Míéxico.