La norma elimina las licencias de actividad, por lo que los alcaldes no podrían cobrar la tasa correspondiente. Peligra la recaudación de unos 1.000 millones de euros al año. El díéficit es de 5.000
Una modificación introducida en la Ley de Economía Sostenible (LES) que hasta ahora ha pasado desapercibida acarrea un fuerte varapalo recaudatorio a los ayuntamientos. Los alcaldes no podrán cobrar la tasa por realización de actividades, que grava la puesta en marcha de empresas y negocios. De no enmendarse, esto tendría un impacto en las arcas municipales de alrededor de 1.000 millones de euros al año.
Es decir, sumaría un 20% más al díéficit de los entes locales, que asciende a unos 5.000 millones (excluyendo el efecto de las liquidaciones de las administraciones territoriales). Así, el ayuntamiento no recaudaría nada por la puesta en marcha –no la creación– de una tienda, un bar, un taller o una firma de servicios, por ejemplo.
La nueva norma cambia la Ley Reguladora de las Bases del Ríégimen Local, especificando que “el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivoâ€. Por tanto, no se puede demandar el pago de la tasa. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo las actividades “que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio públicoâ€, siempre que la decisión de sometimiento estíé justificada y resulte “proporcionadaâ€, según las LES.
La existencia de la licencia de actividad es la conditio sine qua non para el cobro de la tasa. Al eliminarse la exigencia obligatoria de la primera, no se puede demandar la segunda. “Los alcaldes aún no han asumido esta novedad. Y la Ley de Haciendas Locales estipula que la tasa se devenga para licencias solicitadasâ€, sintetiza Lucio Rivas, socio de Urbe Asesores Jurídicos y tíécnico urbanista.
La suma de este tipo de tasas y las que gravan las obras recaudó en 2008 –últimos datos fiscales disponibles– más de 3.750 millones de euros. Casi tres cuartas partes corresponden a la construcción. El resto, unos 1.000 millones, deviene del cobro de la tasa por realización de actividades.
Si se priva a las arcas locales de estos ingresos, el díéficit se dispararía un 20%, desde 5.000 a 6.000 millones, en un momento en el que todos los ojos están puestos sobre el agujero de las cuentas autonómicas y municipales.
Pero las consecuencias no son sólo fiscales. Tambiíén urbanísticas: “No sólo se priva a los ayuntamientos de una fuente de ingresos que les obligará a modificar sus presupuestos, sino que, además, los consistorios pierden la posibilidad de controlar e incidir en los usos a que se destinen locales, suelos y edificaciones de su tíérmino municipalâ€, apunta Rivas.
De esta forma, reaparecen los fantasmas de irregularidades urbanísticas, en pleno declive del urbanismo. De hecho, si los ayuntamientos necesitan con tanta urgencia cada euro recaudado es porque la construcción se ha reducido un 80% desde máximos y ya no dopa las cuentas locales.
Además, “el control preventivo desapareceâ€, agrega Rivas. Ahora la LES anima a la “verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisosâ€. Los alcaldes pueden buscar una solución: ordenanzas municipales que estipulen el cobro posterior de la tasa, siempre que ello no colisione con la normativa regional. Lo que está claro es que los ediles no se van a quedar de brazos cruzados mientras ven cómo se les escapa un buen bocado de recaudación fiscal.
