La denuncia contra las cuentas de ACS que Iberdrola presentó el año pasado no ha prosperado. La propia elíéctrica ha pedido el sobreseimiento del caso. Fuentes empresariales aseguran que la renuncia se debe a la convicción de la elíéctrica de que iba a perder el juicio, pero íésta no ha hecho comentarios.
El 26 de mayo del año pasado, Iberdrola comunicaba a bombo y platillo que iba a impugnar las cuentas de ACS ante un juzgado mercantil de Madrid, para lo cual se había convertido en accionista accidental de la constructora, de la que había adquirido 20.000 acciones. De esta manera, se adelantaba a la impugnación que la propia ACS (su principal accionista, ahora con casi un 20%) había anunciado contra la decisión de la junta de Iberdrola de destituir al accionista que le correspondía por ley. La asamblea consideró que era una competidora en el sector de las energías renovables y de la ingeniería.
En su denuncia, Iberdrola alegaba que ACS no había contabilizado el deterioro de su participación en la elíéctrica, lo que, en su opinión, le hubiese acarreado unas píérdidas de 400 millones de euros, en lugar de los casi 1.000 millones de beneficios registrados en 2009.
Diez meses despuíés, y sin apenas alharacas, Iberdrola ha desistido de un juicio que se iba a iniciar hoy en el juzgado mercantil número 1, cuyo titular, Carlos Nieto, lo ha archivado. La elíéctrica solicitó a mediados de marzo el sobreseimiento "porque sabía que iba a perderlo", aseguran fuentes próximas a la demandante, que lo ha aceptado.
De esta manera, al no celebrarse el juicio, el juez no ha impuesto costas a ninguna de las partes y la propia Iberdrola podría promover un nuevo proceso por la misma cuestión. Tambiíén, añaden las mismas fuentes, ha tenido que ver el resultado del tercer pleito que se ha librado en esta batalla empresarial: el que inició la elíéctrica contra Natixis, el banco tenedor de los derivados (equity swaps) que ACS tiene en Iberdrola, por un 5% del capital.
La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán había exigido ver los contratos, pues, en su opinión, habían sido contabilizados de forma poco ortodoxa, eludiendo píérdidas. Tras lograr ver dichos contratos, el juez (el mismo que el de la impugnación de las cuentas) advirtió que judicialmente no podía ir más allá.
El contenido de la impugnación de las cuentas de ACS no dejó de ser políémico, ya que el tercer accionista de Iberdrola, Bancaja, que tiene un puesto en el consejo de administración de la elíéctrica, que había aprobado el proceso judicial contra la constructora, había contabilizado la participación de forma idíéntica a ACS, tal como quedó registrado en la CNMV. Otro tanto había hecho la elíéctrica con su participación en Gamesa.
Iberdrola no ha querido hacer ningún comentario sobre el sobreseimiento, pues forma parte "de una estrategia jurídica", asegura un portavoz.
Una estrategia jurídica contra la constructora
Hace un año, fuentes empresariales aseguraban que con la impugnación de las cuentas de su principal accionista, Iberdrola solo pretendía ganar tiempo, pues era consciente de que el acuerdo de la junta de ACS para aprobar los resultados de 2009 no eran anulables.
El tiempo y la actitud de la propia elíéctrica han venido a dar la razón a quienes opinaban así. Iberdrola habla ahora de "una estrategia jurídica" al referirse al desistimiento. Y es que todo forma parte de un mismo objetivo: el de demostrar que la constructora que preside Florentino Píérez "no es un accionista idóneo". Y como esto ya lo ha demostrado el juez de Bilbao que ha fallado que ACS es una competidora, en la elíéctrica parecen darse por satisfechos. Así se justificaría el sobreseimiento voluntario del pleito de Madrid.
