Un ambicioso proyecto para instalar cinco represas en la Patagonia chilena fue aprobado este lunes, en momentos en que el país requiere energía aunque pone en jaque la existencia de una de las mayores reservas naturales del planeta.
El proyecto es un emprendimiento conjunto de Endesa -la española controlada por la italiana Enel- y la chilena Colbún e implica una inversión de 3.200 millones de dólares.
El mismo prevíé la construcción de cinco represas en los ríos de aguas cristalinas Pascua y Baker, con embalses que inundarán 5.900 hectáreas -gran parte de ellas vírgenes- para generar unos 2.750 megavatios (MW), que aumentarán en 20% la actual capacidad instalada de Chile de 14.000 MW.
Una comisión de evaluación ambiental conformada por un grupo de secretarios regionales de varios ministerios aprobó este lunes por 11 votos a favor y una abstención la construcción de las cinco represas, un proyecto llamado Hidroaysíén y fuertemente resistido por ambientalistas.
La votación en Coyhaique (1.600 km al sur de Santiago) se realizó en medio de protestas de detractores, que se agolparon frente al edificio donde se realizaba la votación.
La decisión de este lunes, tras un proceso de evaluación ambiental de casi tres años, puede ser apelada ante un Consejo de Ministros o en los tribunales de justicia.
El gobierno chileno defiende la iniciativa, y tras la votación, su portavoz, Ena von Baer, señaló que se velará "para que se cumpla estrictamente con todos los parámetros tíécnicos y ambientales con los que hay que cumplir. Ha sido un proceso transparente".
El proyecto ha generado una fuerte confrontación entre defensores ambientales de la Patagonia y quienes privilegian las necesidades energíéticas de Chile, que según las proyecciones oficiales debe aumentar en casi un 80% su generación de energía para 2025.
A fin de año se iniciará la evaluación ambiental de la línea de transmisión de más de 2.000 km para transportar la electricidad hasta Santiago, con la instalación de torres de alta tensión en tierras vírgenes, comunidades indígenas y cientos de predios privados a un costo adicional de USD 4.000 millones.
Agrupados en la organización Patagonia sin Represas, los ecologistas critican la destrucción de esa región sureña y acusan a la empresa que debe construir la represa de crear una campaña de miedo sobre la idea de que el país se quedará sin energía si íésta no se construye.
"Es el gran negocio para algunos y la ruina para la mayoría", dijo a la AFP Patricio Rodríguez, secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas, para quien Hidroaysíén ahogará el turismo ecológico, que genera ingresos por unos 72 millones de dólares por año.
Los ecologistas aseguran que las inundaciones afectarán parques naturales y que la llegada de 5.000 trabajadores afectará negativamente la vida en la región.
Igualmente sostienen que es injusto destruir la riqueza natural del extremo sur chileno para alimentar a las mineras del centro y norte del país, donde se podría usar energía solar y eólica, abundantes en esas zonas aunque con una mayor inversión.
Los defensores del proyecto aducen que la energía hidroelíéctrica es una de las más limpias y eficientes a diferencia de la generada en centrales termoelíéctricas, que se han multiplicado en los últimos años en Chile.
"Si no hay energía hidroelíéctrica, lo que va a haber es más centrales a carbón", dijo recientemente el presidente Sebastián Piñera.
Además, tras el sismo de Japón y lo ocurrido en la central de Fukushima, la opción nuclear parece cada vez menos viable en Chile, un país sísmico.
En Chile, donde se importa un 70% de la energía que se consume, Hidroaysíén se justifica ya que "la hidroelectricidad es el recurso energíético más abundante que tiene el país y además de costo razonable", dijo a la AFP la consultora en materias de energía, María Isabel González.
"Si se aprueba el proyecto Hidroaysíén es porque cumple al 100% con toda la legislación medioambiental chilena", declaró el domingo el presidente Piñera, quien defiende la iniciativa.
Pero los opositores aseguran que no van a "claudicar", y que recurrirán a todas las instancias administrativas y a la justicia si es necesario, para evitar que se apruebe.
