Miguel Sebastián no entiende de clases. Y es que no sólo los inversores individuales están perdiendo las primas por sus huertos solares. Acciona, uno de los grandes promotores de parques fotovoltaicos, tambiíén ha visto como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) suspendía cautelarmente los subsidios a instalaciones ejecutadas por la compañía. Miguel Arrarás, director general de Acciona Solar, aseguraba el pasado viernes en el marco de la feria Genera que una de sus plantas ha perdido las ayudas por el rigor del regulador a la hora de interpretar los criterios fijados por Industria.
Los problemas identificados por la CNE para suspender la planta montada por Acciona son comunes a muchos proyectos llave en mano. Primero, que las facturas y albaranes están a nombre de la empresa instaladora y no del propietario, por lo que no es posible asegurar que los paneles pertenezcan a la instalación. Tambiíén que hay facturas de compraventa posteriores a septiembre de 2008, la fecha límite fijada por Industria para que los equipos estuvieran operativos. Dos situaciones que el sector considera normales en cualquier transacción y que no justifican la suspensión cautelar de la prima.
Las críticas de Acciona tienen un componente simbólico. La firma fue pionera en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y desde 1996 ha instalado 69 megavatios, en su mayoría para clientes. El modelo llave en mano ha sido su seña de identidad. “Acciona ha creado y popularizado el concepto de huerta solar, una innovadora fórmula de aprovechamiento energíético (…) que permite a particulares invertir directamente en pequeñas instalaciones fotovoltaicas de su propiedadâ€, explica la compañía. Sus 18 huertas solares concitan a 3.500 propietarios, con una inversión aproximada de 456 millones de euros.
¿Puede suavizar la postura de la CNE que una grande como Acciona tambiíén alce la voz? “El principal problema es que no hay trámite de audiencia. No te puedes defenderâ€, aseguraba el pasado viernes uno de los afectados. Esta sensación de indefensión por parte de los promotores es mayor aún cuando los argumentos expedidos por Tragsa, la compañía pública sobre a la que la CNE ha subcontratado las labores de inspección, son dados por buenos a pesar de que la instalación cuente con el visto bueno de una compañía elíéctrica y el de la Comunidad Autónoma de turno para su funcionamiento.
íšltima ronda de suspensiones
En esta dinámica, la CNE comunicó la semana pasada el resultado de su tercera remesa de inspecciones, suspendiendo la prima a otras 157 instalaciones fotovoltaicas. De los 3.042 parques supervisados hasta la fecha, un total de 808 no han cumplido a tiempo con algunos de los requisitos fijados para el Real Decreto 661 y pierden cautelarmente y de manera inmediata el subsidio. Y como el propio supervisor reconoce, la suspensión se debe en la gran mayoría de los casos -618- a la no aportación de la documentación requerida sobre “facturas, albaranes y documentos de aduanaâ€.
El celo administrativo que advirtió el regulador ya se veía venir. De las 9.041 instalaciones requeridas inicialmente, 840 renunciaron a la prima del 661/2007 y se acogieron a la amnistía ofrecida para incorporarse al 1578/2008, que planteaba primas considerablemente menos generosas. Fuentes del sector aseguran que muchos optaron por esta opción “no por esta en situación ilegal, sino porque no disponían de la documentación exigida por Industria y la CNE cuatro años despuíés. Es el caso de los albaranes. Ninguna ley obliga en España a conservar los albaranes este tiempo¨.
El clima de opinión compartido entre los afectados es de total indignación. En su defensa, manifiestan su apoyo a las sanciones de la CNE contra las instalaciones irregulares, pero no comparten las impuestas con argumentos poco sólidos, como la falta de albaranes. Para explicar este sentimiento generalizado se ha extendido ya incluso un ejemplo práctico para dar a entender su caso: ¨Es como si te dan una vivienda de protección oficial y al cabo de cuatro años te piden facturas de las ventanas, las puertas… bajo la amenaza de tener que pagar la hipoteca a precio de mercado si no las entregas¨.
Por estos motivos, las sanciones de la CNE están provocando una reacción en cadena de recursos que amenazan con bloquear al propio organismo regulador y, en una segunda instancia, de llenar la Audiencia Nacional de más actuaciones referidas a la supuesta inconstitucionalidad de las suspensiones de la prima. De momento, el primer cuello de botella legal se ha producido en la CNE, que puso a disposición de los interesados una página web con el fin de facilitar la entrega de documentación con unas condiciones tíécnicas tan concretas que los sancionados decidieron recurrir a otros formatos.
Colapso jurídico
Tras las dos primeras rondas de sancionados, la CNE recogió la documentación por vía telemática de 1.197 instalaciones de las 9.041 requeridas. El resto lo hicieron en formato papel o digital, de manera que ¨la documentación recibida por registro físico ocupa un total de 385 cajas de archivo AZ (245 en papel, 25 en formato CD y 115 cajas en ambos formados)¨. Esto implica que, antes de comenzar el análisis, ¨ha habido que escanear unos 200.000 folios y de esta forma incorporar los 7.005 expedientes recibidos en papel a la base de datos integrada por los expedientes que se enviaron telemáticamenteâ€.
Fuentes internas de la CNE consultadas por este diario admiten que puede haber un exceso de celo, pero recuerdan que las plantas legales recuperarán las primas cuando se sustancie el proceso. “Claro, pero tienes diez días para recurrir ante el Ministerio de Industria despuíés de la resolución de suspensión de la prima. Este puede tardar tres meses en resolver la cuestión. Y luego la vía contencioso administrativa se lleva entre dos y tres años. Aunque te den la razón, ese plazo puede ser insostenible para muchas instalacionesâ€, subraya. En este caso, la Administración juega con el tiempo a su favor.
