La jornada electoral de ayer deparó a los populares una de sus mayores victorias y, al contrario, una derrota histórica para el PSOE. En los comicios municipales, el partido que lidera Mariano Rajoy obtuvo casi 10 puntos de ventaja sobre los socialistas y en los autonómicos, un vuelco del voto en territorios históricamente fieles al PSOE.
El mapa del poder autonómico en España se ha transformado en no pocos territorios y una de las consecuencias inmediatas será sacar a la luz deudas de los actuales Ejecutivos.
Las primerísimas estimaciones del exceso de deuda que se van a encontrar los vencedores electorales superan los 10.000 millones de euros en las autonomías que han obtenido. En esta estimación no entran los ayuntamientos que cambian de gobernantes. En íéstos, los desfases esperados tambiíén serán muy a tener en cuenta.
El agujero presupuestario que, según el Partido Popular, existe en Castilla-La Mancha es de 6.000 millones de euros. Hay que sumar otros 2.000 millones de Baleares y otro tanto al menos de Cantabria y Aragón. El Gobierno de esta última comunidad autónoma depende de los pactos postelectorales, al igual que Asturias. Un caso aparte lo constituye Extremadura, donde ni los propios populares se atreven a dar siquiera estimaciones de agujeros, dada la falta de información que supone no haber estado cerca del poder en 30 años.
En todo caso, los porcentajes del díéficit público de las comunidades autónomas que obran en poder del Ministerio de Economía y Hacienda (ver cuadro adjunto) serán mayores y pronto se conocerán los verdaderos de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria y probablemente Extremadura y Asturias.
La cantidad citada correspondería al exceso de deuda de los Gobiernos autónomos. Gran parte de esta deuda se basa en impagos a proveedores, cuya cantidad global, ni siquiera aproximada, es muy difícil de calcular. Los acreedores pertenecen a muchos sectores y sólo se conocen algunas cantidades parciales aportadas por patronales y organizaciones.
Así, sólo al sector sanitario el conjunto de las comunidades autónomas le adeuda 15.000 millones de euros, según ha declarado a elEconomista Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket CI.
"Tendrán que pasar unos meses hasta que sepamos el efecto en las empresas. Puede llegar a empujar a muchas de íéstas, pendientes de pagos de las administraciones locales, a cerrar, teniendo en cuenta que la Administración central no está en posición de salir en su ayuda", señaló recientemente el profesor de Economía de la escuela de negocios Esade, Pere Puig Bastard.
El portavoz económico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, en declaraciones a este diario cuantificó en 1.000 millones de euros el importe al que ascienden las 90.000 facturas no pagadas con las que no duda de que se van a encontrar nada más asumir el Ejecutivo de Toledo.
Las estimaciones del PP podrían quedarse cortas, según cálculos de expertos. "Las patologías en las cuentas no van a salir a la luz hasta pasadas las elecciones", añadió Puig Bastard, para quien el hecho de que afloren deudas es bueno "ya que el efecto de saneamiento puede ser positivo para el país y para la financiación".
Bernaldo de Quirós recuerda que CiU, antes de ganar las elecciones a la Generalitat en noviembre pasado, hacía unos cálculos de desfases en las cuentas muy por debajo de lo que luego se encontró. "Incluso los 2.000 millones que dicen que hay de más parece poco, tendrán que hacer más recorte de gasto público", explica el economista.
Bonos
El gran problema que, además de las cantidades mareantes, les va a surgir a los vencedores de las elecciones celebradas ayer es el de la financiación. Hay que recordar que los famosos "bonos patrióticos" emitidos por la Generalitat de Cataluña todavía en tiempos del socialista Josíé Montilla se ofrecieron a un tipo de interíés similar a la rentabilidad de la deuda de Grecia cuando este país iba a ser rescatado.
Por otra parte, la prima de riesgo de las comunidades autónomas y ayuntamientos se coloca en 250 y 450 puntos básicos respecto del bono alemán, con lo que la financiación se hace muy complicada. La prima de riesgo española se sitúa ahora mismo en 242 puntos básicos.
Y un tercer factor, y no menos importante, es que la reforma del sector financiero ha hecho perder a muchas autonomías una de sus principales fuentes de financiación, las cajas de ahorros. Estas entidades, controladas por los gobiernos respectivos, surtían de críéditos las arcas públicas autonómicas.
