La tragedia griega entra en una espiral impredecible. Los socios europeos de Grecia empiezan a perder la paciencia y quieren actuar por las bravas ante las vacilaciones de Atenas para ejecutar un nuevo y durísimo plan de recortes del gasto, subidas de impuestos, reformas económicas y privatizaciones.
Y la falta de consenso entre la clase política helíénica para ejecutar las exigencias de Europa y del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llevado al Ejecutivo griego a plantearse si convocar un referíéndum. Y los referendos, ya se sabe, los carga el diablo.
Encabezados por la siempre radical, tacaña, condescendiente y moralizadora Holanda, los Gobiernos de los 17 países que comparten el euro como moneda única barajan una idea que roza la expropiación o el embargo de los activos en poder del Estado griego.
Planes en marcha
Atenas tiene un plan de privatizaciones con el que calcula que recaudará unos 50.000 millones de euros entre este año y 2015. Dado que no termina de contener su díéficit y su deuda galopante, Europa y el FMI le han exigido que acelere las privatizaciones. Han aireado que el Estado tiene un patrimonio privatizable cuyo valor ronda los 250.000 o incluso los 300.000 millones de euros. Y le han venido a diplomáticamente espetar que privatice más y pida menos ayuda.
Atenas cedió a la presión y esta semana ha anunciado la creación de un fondo soberano que privatizará de inmediato, entre otros activos, la participación pública en la teleco OTE, el banco postal, las loterías y quinielas, los puertos de Atenas y Salónica, y la empresa que gestiona la distribución de agua potable y el tratamiento de la residual en Salónica.
Pero Europa no se fía de la determinación del Ejecutivo socialista para cumplir tal promesa, y se plantea que la privatización sea gestionada por una agencia dirigida por expertos internacionales entre los que podrían figurar los del FMI. Y mientras se vende o se malvende con más o menos precipitación el patrimonio griego, íéste y los futuros ingresos de su venta servirían para garantizar la devolución de la ayuda prestada al país para rescatarle de la quiebra.
Situación límite
La situación es límite. Si Atenas no pone en marcha una nueva batería de medidas, Europa y el FMI le cerrarán el grifo de los 12.000 millones de euros que preveían prestarle en junio, dentro del programa de críéditos por un total de 110.000 millones que deben entregarle escalonadamente a lo largo de tres años desde la primavera de 2010.
Sin esos 12.000 millones de euros, el Estado griego está condenado al impago sin antes poder irse de vacaciones de verano, a modo de última voluntad que entre caballeros se concede a todo condenado a la pena capital. Y esos 12.000 millones son sólo una gota de agua en el oceáno de ayudas que el país precisa. Los 110.000 millones de ayuda puestos a su disposición no bastan, y se baraja que serían necesarios príéstamos adicionales por otros 60.000 millones de euros. Un impago o una simple reestructuración de la deuga helena desencadenaría un terremoto que haría tambalearse a países como Irlanda, Portugal, España, Italia y Bíélgica.
Fitch advierte
Si el martes fue Moody's la agencia de calificación que advirtió sobre los riesgos que tiene que se produjese un impago heleno, ayer era la agencia de calificación Fitch la que alertaba sobre los "elevados riesgos potenciales de contagio" que supondría cualquier tipo de reestructuración de la deuda soberana de Grecia para los bancos alemanes.
"La peor consecuencia sería un fuerte incremento de la aversión al riesgo de los acreedores y en los mercados de capital en general, cuando muchos bancos están en plena rehabilitación", aseguró Michael Dawson-Kropf, de la agencia Fitch.
