El fundador de Nueva Rumasa, Josíé María Ruiz-Mateos, mantiene sus quejas contra el presidente del Santander, Emilio Botín, quien "no tiene nombre y tendrá que ser juzgado".
"Lo menos que puede hacer es que se haga cargo del abono a los tenedores de pagaríés", ha exigido el empresario, quien lamenta que el Santander dejase de conceder príéstamos al grupo en 2009.
Ruiz Mateos "no piensa morir como un estafador y un infame" y ha vuelto a prometer que pagará hasta "la última peseta" de lo obtenido a travíés de emisiones de pagaríés que, por primera vez, el grupo ha cifrado en 250 millones de euros, aportados por unos 3.000 inversores particulares.
"Advierto a todos aquellos que me están difamando que, de seguir así, diríé con nombre y apellidos quiíénes son y las atrocidades cometidas", ha amenazado el octagenario empresario ante la prensa, ante la cual ha denunciado la "persecución política y de instituciones públicas y privadas" de la que dice sentirse objeto.
El cobro de la expropiación
El abogado de la familia, Joaquín Yvancos, ha explicado que el 50% de los derechos de cobro que reciba por la expropiación de la antigua Rumasa en 1983 ha sido ofrecido a los titulares de pagaríés, el "único activo personal" que le queda a Ruiz Mateos.
La otra mitad pertenece a los cinco hermanos de Ruiz-Mateos que, o bien ellos o bien sus herederos, prevíén adherirse a la citada cesión de derechos.
La familia reclama 18.000 millones de euros por la retasación de los inmuebles de las empresas expropiadas, entre ellas Galerías Preciados, y espera una sentencia favorable porque "no ha habido ningún caso en Europa en el que una expropiación no se haya cobrado".
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó en 2010 un recurso de Ruiz-Mateos por Galerías Preciados porque el valor de las acciones de Rumasa era "cero", con independencia del valor de los títulos de Galerías, ya que el balance definitivo del grupo arrojó un resultado negativo de 261.129 millones de pesetas (1.569 millones de euros).
