La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer un nuevo programa social para asistir a unas 17 millones de personas que siguen en la miseria y ajenas a las mejoras sociales y económicas que tuvo el país durante las últimas dos díécadas.
"Debemos gritar que la miseria aún existe" en Brasil, declaró la jefa de Estado al presentar el programa y un poco en la contramano de muchas voces deslumbradas con las altas tasas de crecimiento y de inclusión social que el país ha tenido en los últimos años.
"Mientras discutimos, millones de brasileños se mueren de hambre", afirmó la presidenta, quien pidió un compromiso "serio y responsable" con las 16.2 millones de personas que, según el último censo, viven en Brasil con menos de 70 reales (43 dólares) al mes.
Esos excluidos representan el 8.5% de la población y están fuera de la llamada Bolsa Familia, un plan asistencial que funciona desde 2003 y subsidia a 13 millones de familias, que para acceder a ese apoyo deben mantener a sus niños en la escuela.
El nuevo plan fue presentado en un acto al que asistieron todos los ministros del Gobierno, autoridades regionales, parlamentarios y otras personalidades, como el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick.
Entre otros datos, la ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello, explicó que el proyecto está dirigido a "las personas que viven en las condiciones más precarias", entre las que hay 150,000 ancianos.
"El 55% de la masa de pobres que se pretende asistir reside en el campo, por lo que los planes de agricultura familiar tendrán un refuerzo adicional, con una mayor asistencia tíécnica y apoyo financiero".
"El plan Brasil sin Miseria atenderá a 275,000 familias campesinas, que recibirán cada mes 245 reales (153 dólares), además de una dotación de semillas".
Tambiíén se profundizarán programas de infraestructura para llevar agua potable y para el riego a unas 750.000 familias de pequeños agricultores que todavía no tienen acceso directo a "un elemento tan elemental y básico", reconoció Campello.La "inclusión productiva" de esas personas se dará a travíés del llamado Programa Nacional de Adquisición de Alimentos, mediante el cual el Gobierno adquiere parte de la producción de 60,000 familias de pequeños agricultores y la distribuye en escuelas y comedores populares.De ese modo, el número de familias campesinas incluidas en ese plan de compra de alimentos pasará a 250,000 y el Gobierno promoverá además "su entrada al circuito privado", a travíés de acuerdos con redes de supermercados, dijo Campello.Para el caso de los pequeños agricultores que viven en la región amazónica, habrá un beneficio adicional bautizado "Bolsa Verde", que supondrá subsidios de 300 reales (188 dólares) para las familias que produzcan alimentos con tíécnicas de preservación medioambiental.En los centros urbanos, el plan se propone masificar la enseñanza tíécnica y de oficios de gran demanda, como ocurre con todos los relacionados a la industria de la construcción.Tambiíén serán ampliadas las redes de comedores populares y las iniciativas de la llamada "economía solidaria" y se expandirá el microcríédito, a fin de dar más empuje a la pequeña industria.No obstante, en las áreas urbanas el mayor desafío pasará por la identificación y localización de esos pobres, que en la mayoría de los grandes ciudades están a la vista de todos pero no existen en los registros oficiales.Se trata de personas que viven en las calles, sin domicilio fijo, que no aparecen en los censos y que, según cálculos de distintas fuentes privadas y oficiales, pueden ser entre 100,000 y 1,5 millones.Muchos ni siquiera poseen documentos de identidad, con lo cual carecen de toda existencia jurídica y no pueden acceder a subsidios oficiales.Por esa misma razón, uno de los flancos que el programa propone atacar es lo que resume como "ciudadanía", que implicará un esfuerzo gubernamental para documentar a cada ciudadano del país, que según el censo de 2010 tiene 190,7 millones de habitantes.
