El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha detectado que durante el primer trimestre del año ha aumentado en un 36,9 por ciento el número de desahucios y en un 10,9 por ciento la cantidad de concursos de acreedores presentados ante los órganos judiciales respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Los juzgados y tribunales españoles han tramitado 30.444 asuntos por despidos, 43.183 por reclamaciones de cantidad, 2.109 relacionados con concursos y 15.491 lanzamientos judiciales desde enero hasta marzo, lo que supuso un ligero incremento en relación con los últimos meses de 2010.
El informe "La Justicia dato a dato", correspondiente al año 2010, refleja que los Juzgados de lo Mercantil estudiaron 2.109 litigios relacionados con concursos de acreedores, los cuales sufrieron un incremento del 10,9 por ciento respecto al primer trimestre de 2010. A pesar de la crisis económica, las reclamaciones de cantidad han descendido en un 12,7 por ciento, según los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces.
Los pleitos relativos a ejecuciones hipotecarias y a procesos monitorios descendieron respecto a los tres primeros meses del año anterior, situándose en 21.787 y en 229.334, respectivamente. En concreto, las ejecuciones hipotecarias cayeron en un 21,1 por ciento y los procesos monitorios un 10,3 por ciento.
Durante la presentación de esta memoria en la sede del CGPJ, la portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, ha destacado la ‘loable rapidez’ con la que los órdenes de lo Civil y lo Social han resuelto estos procedimientos y ha subrayado el ‘repunte’ detectado en la cantidad de despidos en comparación con los últimos meses de 2010.
Acompañada de los vocales delegados para la Estadística Miguel Carmona y Antonio Dorado, la portavoz del CGPJ ha puesto de manifiesto que Andalucía, Madrid, las Islas Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayores tasas de litigiosidad, llegando a alcanzar los 200 asuntos por cada mil habitantes.
En el otro extremo se sitúa el País Vasco y La Rioja, cuyo índice de litigiosidad se sitúa por debajo de la media nacional que alcanza los 199 asuntos por cada mil habitantes, lo que representa un descenso del 2,8 por ciento menos que en 2009.
‘En 2010 descendió, por primera vez en los últimos años, el número de asuntos llegados a los juzgados y tribunales españoles’, ha señalado Gabriela Bravo, que ha explicado que España destinó un 0,38 por ciento de su PIB a la Administración de Justicia durante 2010 y dedicó 86 euros por habitante en esta materia.
En 2010, los jueces y magistrados resolvieron un total de 9.217.395 asuntos, un 0,7 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, las causas que han ingresado en sus órganos han descendido en un 2,2 por ciento. Para el vocal Miguel Carmona, antes se litigaba ‘más de lo necesario’ y ahora se recurre a otras vías como puede ser el arbitraje o la mediación para la resolución de los conflictos.
En tíérminos cuantitativos, Gabriela Bravo ha expuesto que la duración media de los procedimientos en la primera instancia alcanza los 4 meses, los 5 meses en la segunda instancia mientras que en el Tribunal Supremo llega hasta los 12 meses. Además, ha remarcado que el 94 por ciento de las resoluciones recurridas son confirmadas por órganos superiores.
Desde el CGPJ, han instado a los partidos a aumentar las partidas destinadas a la Administración de Justicia y redoblar los medios materiales y personales para corregir las ‘deficiencias históricas’ que sufre este servicio público
