La guerra de precios desatada en el sector del tabaco por Philip Morris, la dueña de Marlboro y Chesterfield, ha hecho saltar todas las alarmas en el Gobierno, que está estudiando ya una subida impositiva para frenar las rebajas.
El Ministerio de Hacienda tenía previsto recaudar este año 780 millones con los impuestos especiales del tabaco, pero la caída de las ventas ha provocado que tan sólo hasta abril se hayan recaudado ya 160 millones menos y, ahora, en plena guerra de precios, y a falta de los primeros datos, los ingresos del fisco podrían estar desplomándose.El Ejecutivo parece dispuesto así a tomar medidas, aunque no está claro todavía cuál podría ser el recargo fiscal y cuáles son los impuestos que se modificaran.
El 80 por ciento del precio del tabaco va ya actualmente a las arcas de Hacienda, pero hay varias tasas que gravan la cajetilla. Además del IVA, del 18 por ciento, hay dos impuestos especiales: uno ad valorem, que equivale al 57 por ciento del precio final, y otro específico, de 25 cíéntimos por cajetilla. Hace cinco años, tras desencadenarse la anterior guerra de precios, se aprobó además un impuesto mínimo, que está fijado ahora en 117 euros por cada mil cigarrillos, o lo que es lo mismo, 2,34 euros por cajetilla. Si una empresa decide vender su tabaco barato y la suma de los impuestos especiales no alcanza esa cifra, se le aplica entonces ese mínimo.
Rozando las píérdidas
En teoría, según explican fuentes del sector, y teniendo en cuenta que hay que pagar además un 8 por ciento de comisión a los estancos, resultaría imposible vender por debajo de 3,66 euros cada cajetilla. Pero en la práctica, sí que se hace. De hecho, ya hay marcas como Fortuna, Chesterfield, Winston o Lucky Strike que se están vendendiendo a 3,50 euros por cajetilla, mientras que otras de un segmento algo más bajo, L&M y Pall Mall, están ya a 3,30 euros.
Philip Morris ha abierto esta nueva batalla y está llevando su rentabilidad al límite con tal de arañar más cuota de mercado y estrechar la diferencia de precio de sus marcas con las del resto, lo que ha obligado a los demás a responder, golpeando así al Gobierno donde más duele, en la recaudación. Hacienda aprobó la última subida de impuestos especiales del tabaco, de un 24 por ciento, el pasado mes de diciembre, pero todas sus previsiones han acabado en saco roto. La intención de Philip Morris, y alguna otra gran tabaquera, es que suban el impuesto ad valorem o el mínimo para que desaparezca del todo el tabaco más barato, en el entorno de 3,50 euros por cajetilla.
Salgado lo descarta
De hecho, según reconocen desde la industria, el Gobierno está recibiendo en las últimas semanas fuertes presiones en este sentido por parte de la tabaquera norteamericana. En el sector hay quien da por hecho, sin embargo, que si finalmente hay una subida, será generalizada. Es decir, que se incrementarán el ad valorem y el mínimo, pero tambiíén el específico.
Es algo que desde el Gobierno, a pesar de todo, se niega por ahora. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, descartó ayer en declaraciones a este periódico que estíé en la mesa del Ministerio de Economía y Hacienda una nueva subida de impuestos. Una declaración en línea con sus últimas palabras en rueda de prensa pronunciadas el pasado 31 de mayo cuando la vicepresidenta aseguró que "no hay adoptada ni planteada ninguna decisión de este tipo". Salgado recordó entonces que,como "exministra de Sanidad", el abaratamiento de la cajetilla de tabaco le genera preocupación porque pueda provocar mayor consumo.
La última subida de impuestos, que tambiíén fue negada en su momento, fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de diciembre y entró en vigor esa misma noche. El aumento consistía en un alza del tipo específico desde 10,2 a 12,7 euros por cada mil cigarrillos y otro incremento del impuesto mínimo de 91,3 euros hasta los 116,9 euros por cada mil unidades. Tambiíén se incrementaron el tipo específico y el mínimo en la picadura de liar y los tipos del resto de las labores del tabaco.
A la espera de lo que pueda pasar, lo que parece seguro es que tras la última bajada de los precios anunciada ayer mismo por Philip Morris -el precio de Marlboro baja 15 cíéntimos, hasta los 3,85 euros; Chesterfield lo hace en 20 cíéntimos, hasta los 3,50 euros, mientas que L&M costará 10 cíéntimos menos, lo que deja su precio en los 3,30 euros-, la próxima en mover ficha será Altadis. La filial del grupo británico Imperial Tobacco reducirá en la misma línea los precios de sus prin- cipales marcas -Fortuna, Ducados y Nobel-, posiblemente esta misma semana. No está tan claro que lo vaya a hacer, sin embargo, ni JTI (Camel y Winston) ni BAT (Lucky Strike).
Lo peor para el Gobierno es que los precios y la carga fiscal no son el único problema que tiene con el tabaco. En los tres primeros meses del año, tras la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, que prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos, los restaurantes y bares han perdido 53.200 trabajadores, según reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) . Esto significa una reducción en el empleo de enero a marzo del 5,1 por ciento hasta 999.700 trabajadores, frente a los 1,05 millones con que se contaba el año anterior. Los hosteleros mantienen que esta perdida de empleo obedece, al margen de la crisis, casi exclusivamente a la prohibición de fumar en sus locales. Pero el Gobierno no tiene en este caso ninguna intención de modificar la actual normativa.
