De ganar las elecciones, el PP tiene previsto un truco legal para cumplir con su amenaza de cambiar a los representantes de la CNE y la CMT, cuyo mandato es de seis años. Se trata de la fusión de estos organismos, en pleno proceso de relevos, que no ha querido consensuar.
El Partido Popular se ha negado en rotundo a pactar con el Gobierno los relevos en la Comisión Nacional de Energía (CNE), al igual que ha hecho con otras muchas instituciones. Convencidos de que van a ganar las próximas elecciones generales, los populares no han querido pactar los cambios en el consejo del regulador energíético, cuyos representantes tienen seis años de mandato.
Los responsables del PP han dado la espalda al proceso, hasta el punto de que ni siquiera han respondido a las llamadas del ministro de Industria, Miguel Sebastián, dispuesto a ofrecerles el nombramiento de dos consejeros. Y es que el primer partido de la oposición tiene sus propios planes, con los que ha amenazado en público y en privado. El propio portavoz económico, Cristóbal Montoro, advirtió hace varias semanas que su partido "no respetará" la renovación de los organismos reguladores si llega al poder. "Cambiaremos la norma para modificar el sistema de nombramientos que fija la nueva Ley de Economía Sostenible", indicó. Una decisión que ha sorprendido a la vista de que mientras gobernó nunca propuso cambio alguno. Montoro hizo esta advertencia para que "sepan a quíé atenerse" quienes acepten los cargos. En privado, relevantes miembros del partido dicen que en el futuro todos los consejeros "serán de los nuestros".
Lo que el PP no ha desvelado aún es cómo piensa dinamitar los consejos, ya que un simple cambio legal no resulta suficiente para forzar las dimisiones. Fuentes cercanas a los populares afirman que para la CNE y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la solución es fusionarlas en un único regulador, imitando el modelo de la Agencia Federal de Redes de Alemania, que engloba a los reguladores de energía, telecomunicaciones y correos.
El nuevo órgano tendría un único presidente con dos comisiones para cada área, la de energía y de telecos. Pero ¿quíé pasaría con la sede teniendo en cuenta que actualmente una está en Barcelona y la otra en Madrid? Sobre esta cuestión, el PP baraja dos opciones: mantener la parte fusionada de la CMT en Barcelona o traerla de nuevo a Madrid. El traslado de aquella a Barcelona fue denunciado en su día en los tribunales por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.
Hasta ahora, la única fusión solicitada por el PP y que está en debate es la de la CMT con el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Esta fusión no sería incompatible con otra posterior con la CNE.
La negativa a pactar los nombramientos de la CNE y la CMT ha hecho que el Ministerio de Industria busque perfiles menos políticos para restar argumentos a los populares cuando pretendan forzar las dimisiones. Es el caso del catedrático Alberto Lafuente, que ha sido propuesto para relevar a Maite Costa en la presidencia de la CNE, o la del profesor de la Universidad de Comillas Tomás Gómez, que fue nombrado consejero recientemente, junto con Idoia Zenarruzabeitia, del PNV.
Los populares protagonizan multitud de bloqueos
Los casos de relevos bloqueados por el Partido Popular son abundantes. Se trata esencialmente de organismos que requieren del respaldo parlamentario, como es el tercio del Tribunal Constitucional. A este hay que sumar el Tribunal de Cuentas; el consejo de RTVE; el Defensor del Pueblo, y, en cierta medida, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. En este caso, el primer partido de la oposición ha pedido su fusión con la CMT.
Tambiíén los populares desean (o es su única salida para ocupar el consejo) la fusión de esta comisión con la CNE imitando el modelo alemán, que es único en Europa, ya que el resto de países mantienen la división. La Ley de Economía Sostenible hace referencia a tres reguladores, la CNE, la CMT y la Comisión Nacional del Sector Postal, cuyos relevos están en manos del Gobierno.
En el debate no falta quienes consideran que los sectores regulados están maduros y que bastaría con el control de la Comisión de la Competencia.
Planes para tomar las riendas de otros órganos reguladores
En el PP no están dispuestos a respetar el mandato de seis años que tienen por ley los miembros de organismos reguladores como la CNE, la CMT o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Máxime cuando coincide que, en su totalidad, se van a renovar justo a lo largo del año anterior a la celebración de las elecciones generales, que esperan ganar. Los planes de acoso y derribo se centran en dichos organismos, aunque no se descarta alguna otra maniobra en la CNMV. El Banco de España son palabras mayores.
Sería "una maniobra antidemocrática y un abuso de poder", según fuentes del sector, del que ya hay antecedentes. Tras la llegada al Gobierno en 1996, el PP creó un regulador energíético paralelo al que ya existía (la Comisión del Sistema Elíéctrico Nacional) y forzó la dimisión de su presidente, a la sazón, Miguel íngel Fernández Ordóñez. Cuando le llegó el turno, el PSOE respetó el mandato del presidente nombrado por el PP, el ya desaparecido Pedro Meroño.
