La nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, puede encontrarse con sorpresas muy desagradables una vez que tome hoy posesión del cargo en sustitución del socialista Josíé María Barreda.
La Sindicatura de Cuentas ha detectado en sus dos últimos informes múltiples anomalías, tanto en la contratación pública llevada a cabo por el Ejecutivo regional como en la propia contabilidad del mismo. Aunque los informes se han hecho ahora, el último se publicó de hecho el pasado lunes, el análisis de la contratación corresponde al ejercicio 2006 y el de las cuentas al de 2008.
Según la fiscalización de los contratos, la Junta de Comunidades, sus organismos autónomos y, en especial, el Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) firmaron en total 3.451 convenios por un importe de 1.142 millones de euros. Una de las primeras cosas que ha llamado la atención de la Sindicatura es el abuso cometido por algunas consejerías de las adjudicaciones sin concurso ni publicidad, pese a que según el Trlcap (Texto Refundido de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas) debería considerarse como un procedimiento excepcional.
Salvedades
En total, el 40 por ciento de los contratos de la Junta se han adjudicdo a dedo, si bien su cuantía representa algo menos, el 12 por ciento del total contratado. El problema es que en algunos casos, esos porcentajes suben de forma alarmante. En la consejería de Presidencia, por ejemplo, el 48 por ciento de los contratos formalizados y el 26 por ciento de las cuantías fueron tramitados sin concurso; y en la de Economía el 32 por ciento de los contratos y el 46 por ciento del importe adjudicado.
Pero no sólo es eso. Prácticamente todos los expedientes analizados tienen salvedades y en numerosos casos se vulnera tanto el Trlcap como el reglamento que desarrolla la normativa en la contratación pública (Rlapc).
Hay así expedientes en los que la formalización del documento contractual se produce hasta 30 días despuíés al de la recepción de la notificación de adjudicación, facturas sin abonar, desconociíéndose el importe ejecutado, otras emitidas en un ejercicio y cargadas el siguiente, lo que supone un incumplimiento de la normativa contable, y prórrogas sin justificación.
