Así lo afirma Claudia Jimíénez, directora ejecutiva del sector de la minería a gran escala.
Este sector que reúne a las 13 empresas del sector más importantes que operan en el país. La ex consejera presidencial habló con Portafolio.
¿Quíé opina sobre la afirmación de que por cuenta de la minería el país se encamina a un desastre ambiental?
Estoy de acuerdo, si se trata de la minería ilegal.
Uno de los grandes retos desde el punto de vista medioambiental es la lucha contra ese tipo de explotaciones, que son las que están poniendo en riesgo la riqueza ecológica del país.
¿Por quíé?
Porque la minería ilegal no cumple ninguna regla. No tiene título minero, ni licencia ambiental, cuenta con poco o ningún grado de tecnificación, deteriora las fuentes de agua, arriesga la salud de los trabajadores, da empleo de mala calidad y es competencia desleal.
Tampoco paga regalías ni impuestos, y en el peor de los casos está atada a actividades delincuenciales.
Pero hay comunidades que llevan díécadas haciendo minería artesanal. ¿Son ilegales?
Esa es la minería tradicional, que merece un tratamiento diferente y toda la atención de una política con sentido social.
Razón tiene el Gobierno en estar impulsando la formalización en la que participa de manera activa el sector de la minería a gran escala, a travíés de un Plan Padrino en el que se enseñan mejores prácticas y se impulsan míétodos más responsables de explotación.
La opinión generalizada es que las grandes empresas mineras son las culpables del deterioro…
Nada más falso. La minería a gran escala es garantía de protección y de responsabilidad ambiental.
El pasado no les ayuda…
Somos conscientes de que asumimos un pasivo histórico en la manera de desarrollar la minería.
Pero hoy las empresas grandes que están en Colombia están comprometidas con la minería responsable, que no consiste en nada diferente que respetar la ley y tener altos estándares en todos los campos, que incluso van más allá de las exigencias.
Esas compañías que represento son garantía de protección del medio ambiente y de compensación real del impacto que la actividad pueda generar.
¿Cómo se demuestra eso?
Estamos próximos a lanzar un código de autorregulación que promueve la minería responsable en aspectos como los ambientales, relaciones con las comunidades, seguridad industrial, derechos humanos y transparencia económica.
Eso demuestra la voluntad del sector de comprometerse de manera seria con criterios más altos que los que pide la ley.
¿Quíé les responde usted a personas que le hablan del deterioro en el centro del Cesar o en las playas de Santa Marta?
Reitero que el gran problema del país es la minería ilegal, que está totalmente fuera de control. En los demás casos estamos trabajando.
Simplemente para referirme a uno, es de conocimiento público que hay un proyecto portuario en marcha para evitar los problemas asociados al cargue de carbón a travíés de barcazas.
¿Está muy atrasado el país, institucionalmente hablando?
Es evidente que no estábamos preparados para un auge minero en el país. Hay esfuerzos que apoyamos de manera decida como la Agencia Nacional de los Minerales y el desarrollo de sistemas de coordinación entre las áreas de minas y ambiente.
¿Y el Ministerio de Ambiente?
Por supuesto que lo apoyamos. El gran reto de esa nueva cartera es lograr un equilibrio entre respeto ambiental y desarrollo económico, tal como lo ha solicitado el presidente Santos.
Eso a veces suena como que la ecología queda en un segundo plano…
No es cierto. El sector ha solicitado instituciones de regulación y fiscalización fuertes, con transparencia y capacidad tíécnica. Lo que queremos es claridad en las reglas y estabilidad jurídica.
En ese campo aún tenemos un largo camino por recorrer.
¿Y eso cómo se logra?
Con una política pública completa e integral, como la que ha anunciado el Presidente. Ojalá eso se vuelva una realidad en el resto del Gobierno.
¿Quíé quiere decir con eso?
Que en el caso de la institucionalidad estamos a la expectativa de un diálogo entre los sectores público y privado que debería ser abierto y transparente.
¿Son los recursos minerales una maldición?
La minería no es una maldición, sino que puede ser una bendición si es desarrollada de manera responsable y en condiciones de competitividad.
Aquí lo podemos hacer así para que sea una autíéntica locomotora de progreso.
El sector se ha quejado por un aumento en la carga tributaria…
Además de responsable, este sector quiere ser competitivo, y un elemento crítico es la carga impositiva. El problema es que nadie sabe bien cuánto pesan los impuestos.
Nosotros tenemos nuestras cuentas y lo que estas indican es que de cada 100 pesos de utilidad operacional, 60 se van para el Estado. Además, más de una docena de medidas recientes han implicado un aumento de por lo menos seis puntos porcentuales. Eso es mucho para un ramo que está en expectativa de crecimiento.
¿Quíé opinan de las leyes que van a reglamentar la reforma a las regalías?
Al país le conviene un sistema equitativo de distribución. Siempre hemos insistido en que lo apropiado es que se fiscalice el uso del cerca del billón de pesos anuales que pagan las empresas mineras.
El reto está en un mejor uso de las actuales y no en un aumento de las futuras.
¿Quíé piensa de la propuesta para que el oro pague más regalías?
Si al aumento en la carga que mencioníé se le suma un incrementó en las regalías, se estaría poniendo en riesgo la competitividad del país. Hay que comparar lo que se paga en otros países de Amíérica Latina y del mundo.
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ANTERIOR QUE SE FUERON PARA EL SECTOR MINERO
Hay inhabilidades legales que no se pueden desconocer. Por lo tanto, este no puede ser un tema de percepción o de opinión.
Las normas son muy claras. Esto es algo que ocurre cada vez que hay un cambio de funcionarios y no es nuevo. Dicho lo anterior, todos tenemos derecho a trabajar de manera decente y legal. Ese ha sido mi caso.
