Colombia: El litigio por una montaña de oro...

[OCIN]

En Marmato, Caldas, hay una montaña de oro que se disputan los pequeños mineros y una multinacional que cotiza sus acciones en la bolsa de Toronto, Canadá.
 
Y además el ambiente está enrarecido por el asesinato del cura párroco del municipio, Josíé Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comitíé Cí­vico Prodefensa de Marmato, que representa a 1.500 mineros opuestos a la explotación a cielo abierto que pretende hacer la compañí­a canadiense Medoro Resources. Es allá en Marmato, el cuarto municipio más antiguo de Colombia, donde desde 1536 cientos de generaciones le han arrancado al filo su riqueza.
 
Ahora Medoro, o Gran Colombia Gold (esta última compró a Medoro en junio del presente año), le recuerda a sus habitantes otros nombres de compañí­as extranjeras que ansiaron tener el “Potosí­â€. Las primeras fueron The Colombian Mining Exploration Company Limited, The C. W. Syndicate Limited, Mineco, Corona Golfy hasta Medoro, que hizo su entrada a ese filo en enero de 2010.
 
Su primera decisión estratíégica fue comprar, por 33 millones de dólares, a Mineros Nacionales, una empresa de origen caldense que todos los dí­as explota 800 toneladas de mineral, de los que extrae 2.400 gramos de oro.
 
La medida estándar en la que se vende el oro es la onza, que equivale a 31 gramos (onza troy, usada únicamente en joyerí­a y orfebrerí­a, para pesar metales preciosos). Hoy, en el mercado internacional, una onza del mineral equivale a 1.900 dólares. Es decir que, en cifras rigurosas, Mineros Nacionales (ahora de Medoro) produce, al dí­a, 77 onzas de oro que corresponden a 146.300 dólares o 263 millones 340 mil pesos.
 
Y si el presente año Mineros Nacionales tiene estimado explotar 292 mil toneladas de mineral, de las que sacarí­a 876.000 gramos de oro (casi una tonelada, es decir un automóvil hecho en oro puro) el interíés de Medoro es comprensible.
 
Esto va jalonado por el incremento exponencial de los precios del metal en lo corrido de 2011 (de 1994 a la fecha se ha incrementado en un 394 por ciento).
 
Pero como la veta ya no está en la zona baja, según la sabidurí­a popular de los mineros, esta corporación canadiense quiere explotar la parte alta del filo. Y es allí­ donde está el meollo del litigio que tiene enfrentados a la empresa y a los pequeños mineros.
 
Para entender el problema hay que decir que el presidente Mariano Ospina Píérez dividió en dos, en 1946, la zona aurí­fera del municipio.
 
La parte baja la asignó para que las grandes compañí­as nacionales y extranjeras hicieran explotación a gran escala. Y la parte alta se definió para que los pequeños mineros realizaran actividades de minerí­a menor y artesanal.
 
A la fecha Medoro o Gran Colombia Gold ha comprado 100 tí­tulos mineros en la parte alta de la montaña, que antes pertenecí­an a la empresa Mineros de Caldas y a pequeños mineros.
 
Entonces el riesgo es, dice el Comitíé Cí­vico Prodefensa de Marmato, que la corporación canadiense quiera hacer una minerí­a a cielo abierto, que es una explotación aurí­fera industrial. Eso implicarí­a menos trabajadores y que los 475 años de tradición de pequeña minerí­a desaparezcan para siempre.
 
Comprar el tí­tulo del socavón

 Cuando el viajero llega a Marmato, que en total tiene 10 mil habitantes, no advierte que en una montaña tarjada que termina en punta (como un triángulo) por donde discurren quebradas de cianuro, se encuentra la segunda reserva de oro del paí­s.
 
El panorama es el siguiente: mientras Mineros Nacionales explota de manera tecnificada, y con todos los estándares profesionales y legales la parta baja, los geólogos de Medoro se encuentran en campamentos distribuidos por toda la montaña haciendo exploraciones para identificar la cantidad de oro que podrí­an extraerle.
 
Entretanto los pequeños mineros explotan los socavones en las zonas de Cienpesos, Echandí­a y el Manzano. Tambiíén aprovechan los fines de semana para reunirse y protestar por lo que ellos llaman las “intenciones abusivas” de Medoro, que quiere “obtener un lucro económico enorme a costa del desplazamiento de la población marmateña”, tal y como dice ese Comitíé Cí­vico.
 
El mismo que se conformó en respuesta a la compra masiva de tí­tulos de minas y el interíés de la compañí­a de hacer la explotación a cielo abierto, que podrí­a provocar el desplazamiento de cinco mil personas al sector del Llano (parte baja del municipio) y la destrucción de su centro histórico.
 
Pero Medoro o Gran Colombia Gold asegura estar amparada en la ley y, tambiíén, que se ha ceñido a las normas que imponen las autoridades mineras del paí­s y que está dispuesta a conciliar con los mineros.
 
Pero estos le han respondido con pancartas, negativas de abandonar las minas que son propiedad de la empresa e incluso con una manifestación que recorrió las principales calles del pueblo el pasado 30 de julio.
 
Una semana despuíés (el 8 de agosto), en declaraciones al programa Oriíéntese, el padre Josíé Reinel Restrepo Idárraga reiteró su rechazo al potencial desplazamiento del municipio:
 
“Si a mí­ como párroco Medoro me dice que usted tiene que irse, yo, con respeto y sin ser grosero, les dirí­a: un momentico, lo que yo tengo es que morirme. Y si a mí­ me van a sacar de acá, tengo que decir: un momentico, a mí­ me tienen que sacar a bala o a plan, pero obligadamente a salir de acá, no”.
 
Restrepo Idárraga fue más allá y en la misma entrevista le pidió al pueblo de Marmato protestar contra Medoro. “Y así­ hubiera que hacerlo en algún momento por medios más fuertes (…) me atreverí­a a pensar que sí­ hay que recurrir, en última instancia, al medio de la violencia”, dijo el padre.
 
Por considerar que era necesario que el paí­s conociera el caso de Marmato, el padre Restrepo Idárraga viajó por primera vez en su vida a Bogotá. El 23, 24 y 25 de agosto visitó junto con otros lí­deres la Conferencia Episcopal, Redepaz, diversos medios de comunicación y la ONU, para sumar voces de protesta contra la posible explotación a cielo abierto.
 
Pero el pasado primero de septiembre le quitaron la vida al sacerdote en una ví­a que comunica a Mistrató con Belíén de Umbrí­a, en Risaralda. Restrepo Idárraga estaba de visita en una de las comunidades donde habí­a prestado sus oficios y allí­ fue asesinado, sin que hasta ahora se sepan los móviles y la identidad de los responsables.
 
Gran Colombia Gold se pronunció por este asesinato y les pidió a las autoridades investigar el crimen y esclarecer lo sucedido. “Reiteramos, desde la compañí­a, nuestro pleno rechazo a cualquier acto de violencia”, expresó el comunicado de la multinacional.
 
Los mineros de Marmato se quedaron esperando al padre. Ellos contaban con la presencia del lí­der de su protesta. El dí­a que encontraron su cadáver, según la Policí­a Nacional, no tení­a sus documentos y dos maletines que cargaba. Pero los atacantes no se llevaron su motocicleta Suzuki GN 125.
 
La pelea en los estrados

 â€œSolo nos queda comprar 14 tí­tulos mineros para tener el total de las minas en la parte alta de Marmato”, afirmó Alessandro Secchi, director del proyecto de Marmato de Gran Colombia Gold (o Medoro).
 
Secchi explicó que cualquier tipo de explotación, sea a cielo abierto o subterránea, “no va a permitir hacer minerí­a” como la hacen los pequeños mineros. Sin embargo, aseguró que con el ánimo de conciliar buscan mantener la presencia de los trabajadores que actualmente laboran en la zona alta, bajo “reglas distintas”, dándoles la posibilidad de tener contratos de operación para que sean legales”.
 
“Podemos ofrecerle a la comunidad una mejor vida de la que tiene ahora, desarrollando la parte minera y todo lo que está asociado con ella”, reiteró Secchi. Otra cosa piensa Yamil Amar, actual lí­der del Comitíé Cí­vico y propietario de dos de los 14 tí­tulos mineros que Medoro no ha podido obtener. “Ese es el cuento que ellos están llevando. Pero los más viejos sabemos de estas historias porque no es la primera compañí­a que llega por la fiebre del oro. Prometen, están aquí­ y luego se van y no cumplen”, dijo Amar.
 
Tambiíén está la situación de 500 mineros que explotan alrededor de 40 minas y cuyos tí­tulos son de Medoro (de los 100 que compró en la parte alta). Los mineros o “guacheros” (así­ nombran a quienes trabajan la minerí­a en propiedad ajena) afirman tener derecho sobre las minas que Mineros de Caldas cerró en el 2006 (decenas de hombres perdieron sus empleos) a las que Medoro compró sus tí­tulos en 2010.
 
“El Código de Minas expresa que si una mina es abandonada, a los seis meses, el dueño pierde el tí­tulo minero para poder explotarla. Pero Medoro llega despuíés y compra los tí­tulos sobre estas y ahora nos pide que las desalojemos”, relató John Fredy Muñoz, lí­der de los 150 mineros que explotan la mina El Patacón, cuyo tí­tulo es propiedad de Medoro.
 
Según un abogado experto en legislación minera, este litigio tiene pocas posibilidades de prosperar. “En este caso, la caducidad de la mina nunca se dio, porque quien debe declararla es la autoridad minera y esto no se hizo por la misma debilidad institucional. Entonces, los tí­tulos, desde el punto de vista legal, son de Medoro”, dijo el jurista, quien pidió reservar su identidad y criticó la legitimidad que tiene la multinacional sobre los tí­tulos.
 
“Esta gente lleva trabajando de generación en generación las minas, explotándolas de manera artesanal y viene una compañí­a, compra los tí­tulos, empieza los estudios para hacer una explotación a cielo abierto, y le dice a la gente que se tiene que ir. Ya generaron un problema social grave”, analizó el abogado.
 
Frente a la situación, la compañí­a afirmó que ha buscado los acercamientos con los mineros, pero ellos responden que simplemente han venido a desalojarlos.
 
“Desde cuando nosotros estamos, en enero de 2010, no hay un solo minero que ha sido desalojado, no hay una sola mina que ha sido cerrada. E incluso en varias minas hemos logrado acercamientos y acuerdos”, refutó Secchi.
 
Ante la denuncia de algunos mineros de que Secchi directamente ha ido a decirles que los va a desalojar, el directivo sostuvo que eso, nunca. “No podemos decirle al minero eso, porque no somos la autoridad, como compañí­a no podemos sacar a nadie. La única cosa que hemos hecho son los amparos administrativos, que son un instrumento legal para poder mantener nuestros derechos sobre los tí­tulos mineros de nuestra propiedad y que está invadida”, respondió Secchi.
 
A la fecha Medoro ha interpuesto, ante Ingeominas, 40 amparos administrativos sobre las minas que fueron compradas y que los pequeños mineros se niegan a desalojar.
 
El caso de Echandí­a

 Muy distinto es el caso de Josíé Rubíén Tapasco Dí­az a quien Ingeominas le ordenó desalojar la mina El Colal y que íél mismo, junto a un grupo de trabajadores, lleva explotando desde 1996 en el sector de Echandí­a.
 
Este minero se encuentra instalado en un RPP (figura antigua en la ley colombiana que surge de los reconocimientos de propiedad privada que el Estado ha venido haciendo desde la Constitución de 1886) en la que la compañí­a Croesus tení­a varias minas y decidió cerrarlas a mediados de los 90 por la crisis en los precios del oro. Allí­ llegó Tapasco Dí­az, que de barequero pasó a romper la montaña y a acumular una pequeña riqueza.
 
Tambiíén Medoro compró todos los tí­tulos mineros en Echandí­a e interpuso un amparo administrativo ante Ingeominas para que Tapasco Dí­az renunciara a la explotación de la mina y saliera del sector.
 
Mediante una resolución (446 del 3 de junio de 2011), la autoridad minera falló a favor de Medoro y ordenó el desalojo.
 
Sin embargo, Tapasco Dí­az interpuso un recurso de reposición al considerar que Ingeominas no es la entidad competente para resolver esta querella, porque según íél esta autoridad desconoció la minerí­a de hecho que desde hace más de 10 años realiza, y por la cual ha pagado impuestos y regalí­as, tal como le exige la ley.
 
De hecho, Tapasco Dí­az hizo la solicitud expresa del tí­tulo minero en 2003 sin que a la fecha haya sido resuelta.
 
Según el jurista minero consultado, la autoridad competente, en caso de que Ingeominas lo fuera -que a juicio suyo no lo es- debe buscar la conciliación entre la minerí­a de hecho con más de 10 años de antigí¼edad y el acreedor del tí­tulo minero, “ya que Tapasco Dí­az cumple con el tiempo para que el Estado entre a mediar entre las partes, según la Ley 685 de 2001 y la Ley 1382 de 2010″.
 
La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382, porque no se consultó a las comunidades indí­genas y le dio dos años más de vigencia a la norma para que se subsanara ese defecto.
 
En ese sentido el decreto 2715 de 2010 (reglamentario de la Ley 1382 de 2010), en su artí­culo 1, dice expresamente que “para todos los efectos del trámite y resolución de solicitudes de legalización se entiende por minerí­a tradicional aquella que realizan personas o grupos de personas o comunidades que exploten minas de propiedad estatal sin tí­tulo inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten los siguientes dos (2) requisitos: a) que los trabajos mineros se han adelantado en forma continua durante cinco (5) años a travíés de la documentación tíécnica y comercial y b) una existencia mí­nima de diez (10) años anteriores a la vigencia de la Ley 1382 de 2010″.
 
Entonces, Tapasco Dí­az se preguntó: “¿Por quíé nunca me respondieron ante la solicitud de legalización de la mina y sí­ tienen la capacidad de resolver un amparo administrativo que hace una multinacional?”.
 
Finalmente, el jurista consultado manifestó que es “pasmosa” la situación de “marginalidad del Estado” frente a esta problemática, pues “la ley es clara en que debe ser un conciliador entre las partes, sin embargo se ha dedicado a aplicar la norma en forma ortodoxa y posibilitando que se germine un conflicto social con graves consecuencias”.
 
Por ahora, en el filo de oro que es Marmato, los mineros aseguraron que seguirán con la protesta pací­fica y convocaron a una jornada de solidaridad el próximo 24 de septiembre, denominada “Jornada Nacional Por la Defensa de Marmato, presbí­tero Josíé Reinel Restrepo”.
 
Mientras tanto, Medoro espera obtener, en menos de tres meses, los resultados de su exploración para saber la cantidad probada y cuantificable de la cantidad de oro que posiblemente le extraerán a esta montaña. Una montaña por la que luchan dos partes, a la espera de que la justicia brille a su favor.
 


» Ministerio de Minas busca la conciliación entre las partes
 

La minerí­a a cielo abierto es más conveniente que la minerí­a de socavón, aseguró el Ministro
 
El Ministerio de Minas y Energí­a aseguró que su presencia en el municipio de Marmato, Caldas, es permanente y ha buscado crear una mesa de concertación entre los pequeños mineros y Medoro para que se logre un acuerdo.
 Carlos Rodado Noriega, jefe de esta cartera, ha repetido en reiteradas ocasiones que “una minerí­a a cielo abierto, en el caso particular de Marmato, es más conveniente que la minerí­a de socavón y tiene que hacerse con un proceso de socialización y diálogo que permita la persuasión de la comunidad”.
 Incluso, el 8 de febrero del presente año, Rodado Noriega estuvo en Marmato y se reunió con los pequeños mineros donde expresó que “cuando se plantea sustituir la minerí­a de socavón por una minerí­a de cielo abierto, no se está haciendo con un criterio que atropelle a la comunidad, todo lo contrario, se hace para garantizar la vida y la seguridad a las personas”.

 En este encuentro tambiíén fueron analizadas las condiciones geológicas que generan inestabilidad en la parte alta, donde, según el Ministerio, se han realizado explotaciones mineras sin condiciones tíécnicas adecuadas ni planificación integral.
 Mediante un informe entregado a EL COLOMBIANO la cartera de Minas y Energí­a aseguró que son su responsabilidad la seguridad industrial de los trabajadores y las condiciones tíécnicas que deben cumplir las explotaciones subterráneas en Marmato, ajustadas a las normas ambientales.