Por... Corina Rodríguez y Nathan Crooks
Petróleos de Venezuela SA, la compañía petrolera estatal, y Exxon Mobil Corp. están negociando un acuerdo de arbitraje de unos $6,000 millones por activos confiscados por el presidente Hugo Chávez en el 2007.
Venezuela pagará cualquier sentencia que emita el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, dijo el jueves a los periodistas el procurador general Carlos Escarrá en Caracas.
“Empezaron pidiendo $20,000 millonesâ€, señaló Escarrá, con referencia a la suma que originalmente reclamó Exxon como indemnización. “La cifra bajó a unos $12,000 millones y ahora está en alrededor de $6,000 millones. Venezuela tiene que pagar, estamos claros en eso. El problema es cuánto va a pagarâ€.
Desde que llegó al poder en 1999, Chávez ha nacionalizado parte de las industrias del petróleo, los metales, el cemento y los servicios públicos. En 2007, obligó a los productores extranjeros de petróleo a formar alianzas como socios minoritarios. Exxon Mobil, con sede central en Irving, Texas, y ConocoPhillips rechazaron la modificación de los tíérminos y recurrieron al arbitraje internacional.
“Exxon Mobil no comenta informes de los mediosâ€, dijo Patrick McGinn, portavoz en Houston. Exxon, la mayor compañía petrolera del mundo, el año pasado redujo la suma que pide por la nacionalización de su empresa Cerro Negro, ubicada en el cinturón de petróleo pesado del Orinoco, de $12,000 millones a $7,000 millones, dijo PDVSA en un prospecto de bonos en aquel momento.
“Venezuela está evaluando la suma que consideraríamos un triunfoâ€, señaló Escarrá.
El ministro de Petróleo de Venezuela Rafael Ramírez declaró que el país propuso pagar a Exxon $1,000 millones como indemnización, informó Reuters.
“Como la cifra del acuerdo ha bajado con el paso del tiempo, es una buena noticia para el riesgo soberano y PDVSAâ€, expresó Boris Segura, estratega para Amíérica Latina de Nomura Securities International Inc. en Nueva York, en una entrevista desde Nueva York. “Pero lo más importante es que el Sr. Escarrá dijo categóricamente que Venezuela respetará los resultados del arbitrajeâ€.
El CIADI, cuya sede se halla en Washington, el 10 de julio dictaminó tener jurisdicción en cualquier disputa posterior al 21 de febrero de 2006 por el proyecto Cerro Negro, según los documentos publicados en el sitio web del organismo. PDVSA anteriormente había argumentado que el asunto debía ser resuelto en los tribunales venezolanos.
La empresa conjunta Cerro Negro refinaba petróleo asfáltico extraído de los pozos del cinturón del Orinoco para producir petróleo sintíético.
Arbitraje regional
Exxon originalmente había obtenido una orden en el Reino Unido que impedía a PDVSA vender US$12.000 millones de activos en cualquier lugar del mundo. La orden de congelación fue desestimada por un tribunal de Gran Bretaña en marzo de 2009.
Escarrá, que asumió como procurador general el 30 de agosto, dijo que anteriormente, cuando era legislador de la Asamblea Nacional de Venezuela, había aconsejado a Chávez que retirara a Venezuela del CIADI.
“En mi opinión, deberíamos irnos, Ecuador y Bolivia ya se han retirado y Argentina está reclamando un tribunal arbitral latinoamericanoâ€, señaló Escarrá. “Pero, como fiscal, sigo las instrucciones de Chávezâ€.
