La que iba a ser la mayor privatización en la historia de España se ha quedado en un sueño. Los inversores institucionales internacionales no estaban dispuestos ni siquiera a valorar a Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en 18.000 millones, el precio más bajo al que estaba dispuesto a desprenderse el Estado de una de sus últimas joyas de la corona.
Aunque la recomendación de los colocadores era sacar a bolsa Loterías con un precio de mercado de 21.000 millones de euros.
El Ministerio de Economía y Hacienda decidió ayer aplazar la colocación asegurando que "la situación actual de los mercados es muy distinta a cuando se anunció la operación", y ante la presión que estaba ejerciendo el principal partido de la oposición.
Con esta decisión el Estado deja de ingresar 7.000 millones de euros que contribuían a sanear notablemente el calendario de financiación del Tesoro de aquí a final de año, lo que abre, por lo tanto, nuevos nubarrones en la ya de por sí delicada situación de la deuda española.
Fuentes del mercado ya aseguraban que mantener la valoración de 21.000 millones que realizó en el mes de abril el presidente de la compañía de juegos, Aurelio Martínez, era algo que no podía sostenerse. Los expertos apuntaban, más bien, a que la operación tendría lugar con un descuento que podría oscilar entre un 15 y un 20 por ciento. Esto supondría pagar un multiplicador en torno a las 9 veces el beneficio por una compañía con ingresos recurrentes y nada de deuda. Pero los inversores internacionales ni siquiera han estado dispuestos a pagar estos 18.000 millones de euros en el periodo previo a la colocación.
Muchos expertos ya apuntaban que vender a Loterías con esa valoración supondría "malvenderla". Unas quejas que ya había hecho anteriormente el principal partido de la oposición calificacando incluso de ser una operación con "precio irrisorio".
Selae tenía grandes fortalezas para los inversores. Su principal reclamo era la política de retribución. La compañía se había comprometido a pagar doce dividendos al año, algo iníédito en la bolsa española, con la posibilidad de incrementar las entregas si se destinan los premios no entregados -alrededor del 30 por ciento- a remunerar tambiíén al accionista.
La compañía pretendía mantener esta atractiva política de retribución destinando entre el 80 y el 95 por ciento de su beneficio -pay out- a remunerar. Al mismo tiempo había mantenido conversaciones con las entidades bancarias para que esta continua retribución no repercutiera de forma negativa en el bolsillo de los inversores para que estas recortasen o incluso eliminasen las comisiones mínimas por el cobro del dividendo, que era lo que más penalizaba al pequeño inversor.
La compañía pretendía alcanzar una rentabilidad por dividendo de alrededor del 8 por ciento, lo que la situaba como una de las más atractivas del parquíé español. Selae, además, reforzaba su situación de cara a la salida en bolsa alardeando que el dividendo que ofrecía era sostenible al apoyarse en un crecimiento que estimaban en torno al 3 por ciento. Algo muy diferente al de otras compañías como las entidades bancarias, donde los recortes en las previsiones de beneficio son constantes y repercute negativamente en la remuneración que recibirá el accionista.
Presión política
En el comunicado no se mencionó en ningún caso una cancelación en su salto al parquíé. El Ministerio de Economía y Hacienda se limitó a aclarar que "la operación podrá retomarse cuando las circunstancias del mercado así lo recomienden".
Lo que queda claro es que, por el momento, el calendario que estaba previsto no seguirá su curso. Despuíés de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la operación el pasado viernes, el siguiente paso debería darse precisamente hoy. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debía aprobar el folleto de la OPV que permitiría a Loterías colocar el 30 por ciento de su capital en bolsa el próximo 19 de octubre.
Pero aunque ya se había dado pasos importantes, el partido de la oposición mostraba su claro rechazo a la operación. El responsable de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ya había insistido en que se cancelase la operación a menos de un mes de su estreno en bolsa.
Ayer, el secretario de Economía del Partido Popular, ílvaro Nadal, mostró ayer su alegría por el aplazamiento de una operación que consideraban "muy mala" y con la que, criticaban, se iban a perder ingresos. "Estamos muy satisfechos porque va a ser beneficiosa para las arcas públicas. Era una operación que no tenía ningún sentido económico y ha acabado como tenía que acabar", aseguró Nadal en declaraciones a elEconomista.
El diputado popular, sin embargo, no quiso entrar en si las presiones ejercidas por el PP en las últimas horas han tenido algo que ver en el aplazamiento. "No conocemos cuál ha sido el proceso, pero estamos contentos con la contundencia de nuestro mensaje", reconoció.
Si se hubiera vendido la compañía por debajo de los 18.000 millones, la oposición habría denunciado al Partido Socialista de dilapidar el escaso patrimonio público de cara a unas necesidades de financiación del Gobierno.
