El presidente de LAE, Aurelio Martínez (EFE).
De pelearse a codazos por tener un papel relevante en la Oferta Pública de Venta (OPV) de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), a renegar de la mayor privatización de la historia de la bolsa española. Esa es la actitud que han tenido algunos bancos, liderados por Santander, con la colocación de la empresa que gestiona el Gordo y la Quiniela. El miíércoles por la noche se negaron a vender todas las acciones que se habían comprometido a distribuir.
El Ministerio de Economía, LAE y su banco asesor, Rothschild, ya sabían desde la semana pasada que los bancos nacionales ponían pegas a colocar el 30% del ente público por al menos 7.000 millones de euros, por el elevado importe de la emisión y por las malas circunstancias del mercado. Pero los responsables de la OPV interpretaron esta presión como una estrategia de la banca para evitar que sus clientes invirtieran su dinero en las acciones de Loterías en lugar de suscribir las numerosas emisiones de pagaríés que se han puesto en circulación –Santander, BBVA, Bankia y Banesto- en los últimos quince días por 26.500 millones
Lo que no esperaban en el Ministerio era que algunas de las principales entidades colocadoras no cumpliesen con lo pactado a última hora. Fuentes financieras aseguran que varios bancos y cajas pidieron en la tarde del miíércoles reducir el número de acciones que se habían comprometido a vender. La decisión fue todo un jarro de agua fría que dejaba en evidencia la tibia implicación con la OPV.
La situación fue similar a la que ocurrió con Bankia. En la salida a bolsa del banco de Caja Madrid y Bancaja, la institución presidida por Emilio Botín desestimó vender la OPV entre sus clientes particulares pocas horas antes de que se registrase el folleto de la oferta. Posteriormente, en mitad de la colocación, Barclays tambiíén se echó para atrás y solo comercializó el 40% de las acciones que había pedido.
Para evitar esa situación, Rothschild intentó que en la firma del protocolo de aseguramiento del tramo minorista todos los brokers no pudieran incumplir lo pactado. Una vez rubricado el contrato definitivo, lo cual se hace el día de la fijación del precio máximo minorista, los bancos y cajas tienen la obligación de colocar todos sus títulos. De no hacerlo, se las tienen que quedar para si mismos, lo que se conoce en el mundo financiero como ‘comíérselas’.
Y varios se negaron a firmar el documento. Baste como ejemplo que BBVA se había comprometido a vender acciones de Loterías por 700 millones de euros, mientras que la exposición de Banco Santander era solo de 350 millones pese a que los dos tenían el mismo estatus de entidades coordinadores de la OPV.
Comisiones y KPMG
Fuentes próximas a la operación afirman que “la orden venía de arriba, de las cúpulas directivasâ€, que no estaban por la labor de canibalizar el dinero de sus ahorradores a favor de Loterías y en detrimento de sus pagaríés. Sobre todo porque las comisiones de colocación que percibían del Ministerio eran “muy bajasâ€, indica un colocador. En concreto, iban a ingresar el 1,41% de lo que vendieran, más una comisión de íéxito del 0,50%. En total, un 1,91%, muy por debajo del 2,5% de media.
A eso se añade el problema de la valoración del ente público. El Ministerio partía de una tasación mínima de 21.000 millones, cantidad calculada por KPMG en un informe solicitado por Aurelio Martínez, presidente de LAE. El documento fue realizado entre marzo y abril, por lo que se había quedado desfasado por la rebaja del rating de España, el aumento de la prima de riesgo del Tesoro y el desplome de la bolsa.
Por esos motivos, era evidente que la valoración era excesiva y que la colocación era prácticamente inviable en el contexto actual. Venderla por debajo de los 21.000 millones podría haber sido utilizado por el PP como arma arrojadiza contra el PSOE por malvender activos públicos. Si, en cualquier caso, el Ministerio hubiera forzado la OPV como pretendía hasta el pasado viernes, los brokers hubieran corrido el riesgo de haberse atragantado con las acciones.
