Por... Francisco Javier Saldarriaga A.
2.1 billones de pesos de participación en el Presupuesto Nacional para una región que le aporta 22 billones a la nación, es la migaja que nos toca despuíés de la repartija que se da en la capital de la corrupción. Esa cifra es tan insultante como los $ 190.000 para mercar que define Planeación Nacional, como costo de la canasta familiar. Ese acomodo de cifras es muy dado en este gobierno del tapen, tapen; "no digamos las verdades en público que eso me hace perder popularidad".
El director de Impuestos tilda de millonarios a quienes devengan 4 millones de pesos y los convierte en secuestrables. Claro que este señor debe tener en cuenta, para hacer estas afirmaciones tan traídas de los cabellos, la forma en que viven muchos de los funcionarios y gran parte de sus coterráneos (bogotanos), que alcanzan altas posiciones en esa sociedad con salarios inferiores a $2'000.000 (dos millones).
Ver que funcionarios de tercer o cuarto nivel en entidades nacionales viven en los mejores sitios de la capital, en apartamentos que en otras regiones se los quisieran los altos ejecutivos, tienen a sus hijos estudiando en colegios privados de alto costo y sus vehículos son de alta gama, es para esos ciegos por conveniencia, una muestra de la capacidad de gasto que se tiene con esos ingresos. "Mamola", como diría un personaje del 8.000. Para un investigador principiante esto es una clara muestra de que esos huevos reciben mucha sal.
La cultura del altiplano es la de la mordida; hay una gran cantidad de lobistas que viven de los contactos y las comisiones que cobran por, supuestamente, hacer gestiones efectivas para conseguir contratos o realizar una venta. En los almuerzos de ¿trabajo? se cocina toda la corruptela que hace parte de la economía subterránea que no paga impuestos.
¿Cómo es posible que en un ente investigador se deba pagar el 10% de comisión, al funcionario que autoriza o adjudica los contratos? Tiene la trinca armada para no aparecer; la comisión se paga a un testaferro con RUT, supongo que legítimo, que hace las veces de lobista. Aclaro, esas adjudicaciones son el resultado de una convocatoria pública. El resultado real es que los colombianos le pagamos con nuestros impuestos, ese porcentaje al delincuente, puesto que los proveedores, dentro de sus costos, tienen incluido ese CVY. Se incrementa el patrimonio injustificadamente y despuíés será un prominente hombre de negocios que aparecerá en las revistas como asistente a los cocteles de la alta 'suciedad'.
Postre: Urge la constituyente para reformar la aplicación de la justicia y cambiar el orden territorial. Estados federales, regiones y entes viables financieramente, se requieren para lograr un desarrollo armónico, sostenible y equitativo.