La Superintendencia de Pensiones de Costa Rica (SUPEN) advirtió este miíércoles que el principal ríégimen de jubilaciones del país, que cubre a cerca de 1,3 millones de asalariados, está "actuarialmente quebrado" y podría cesar el pago de subsidios hacia el año 2025.
El Superintendente de Pensiones, Edgar Robles, anunció tambiíén que la entidad a su cargo ha decidido presentar cargos penales contra los directores de ese ríégimen de jubilaciones, adscrito a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por ocultar información vital.
Robles formuló una severa crítica al gobierno y a los dirigentes de la institución por fingir que no existe un problema grave.
La crisis puede solventarse "pero ningún gobierno quiere asumir el costo político de las soluciones", afirmó el funcionario.
El superintendente explicó que sólo aumentando el monto de las cuotas que pagan los trabajadores y patronos, elevando la edad de jubilación o recibiendo una ayuda especial del gobierno, se podría resolver la crisis.
Sin embargo, admitió que tales medidas son "altamente impopulares" y podrían traer una gran agitación social.
La Caja Costarricense del Seguro Social, que tambiíén administra el sistema de salud pública, afronta una grave crisis derivada de un díéficit prespuestario que estuvo a punto de paralizarla hacia mediados de este año.
Una comisión de expertos, nombrada por el gobierno, reveló hace pocos días que el díéficit financiero obedece a un crecimiento descontrolado del personal y a graves deficiencias en la gestión de los recursos, entre otros problemas.
El grupo, integrado por economistas, empresarios y sociólogos, recomendó destituir a toda la junta directiva, gerentes y directores de área, entre otras medidas de shock para remontar la crisis.
