La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) tiene claro que todas las medidas para salir de la crisis pasan por culminar la reestructuración de la banca, ya que sin un sector financiero saneado será imposible que vuelva a fluir el críédito y, con íél, la actividad. Por ello, reclaman cambios en el sistema de provisiones de las viviendas, como reducir aquellas referidas a productos "económicamente sostenibles".
El presidente de la patronal de los promotores, Josíé Manuel Galindo, avanzó ayer el plan de iniciativas que presentarán formalmente a los distintos partidos políticos el próximo lunes con motivo del XXX Coloquio Nacional de APCE. El objetivo de todas ellas es uno solo: lograr que se genere actividad y empleo en uno de los sectores más denostados por el estallido de la burbuja inmobiliaria
Los promotores están siendo algunas de las empresas más penalizadas por las entidades financieras, si no las más, a la hora de obtener financiación. Por ese motivo, Galindo propuso ayer que la provisión que debe realizar el banco o caja de un críédito a un promotor varíe en función del riesgo que tenga el activo inmobiliario.
Para viviendas a precio asequible, bien situadas, con equipamientos y cuya venta estíé prácticamente garantizada, denominadas por la patronal como "económicamente sostenibles", la APCE plantea que la provisión sea menor o incluso que se exima a las entidades de anotarla en sus balances, puesto que el riesgo de la operación es mínimo. "Una banca más solvente y con mayor liquidez es la única salida a la crisis", advirtió Galindo. De hecho, el sector asegura que mientras los precios acumulan un ajuste que según las zonas y el producto alcanza el 40%, las ventas no se han recuperado, porque lo que no funciona es la financiación.
En este sentido, y al hilo de las nuevas necesidades de capital que se están barajando para recapitalizar a la banca europea, el presidente de APCE dijo que mientras no se haga un análisis en detalle de cuántos activos tiene cada entidad, a quíé precio están anotados en su balance y cuánto se pagaría ahora por ellos "no sabremos cuánto dinero necesita cada banco o caja de ahorros".
Plan de 300.000 casas
Y tal y como está el panorama económico, ¿a cuánto asciende la demanda de vivienda? APCE ha hecho sus cálculos y estima que la necesidad de casas a medio plazo debería estabilizarse en torno a las 300.000 casas nuevas al año, si bien reconoció que dada la actual situación esas cifras no se lograrán antes de 2015.
Si ese volumen de pisos se edifica allí donde el suelo pueda desarrollarse de forma ágil y se construye para jóvenes a punto de emanciparse con condiciones y precios ajustados a su realidad, no tendrán problemas en venderse.
Galindo ya propuso este plan en la Comisión de Vivienda del Congreso en marzo pasado. Entonces, cifró sus necesidades de financiación, de acuerdo con estas estimaciones, en 8.422 millones este ejercicio, 9.900 millones en 2012, 12.760 millones en 2013, 17.600 millones en 2014 y 23.540 millones en 2015, partiendo de la hipótesis de que estos críéditos se subrogarán a los particulares a los dos años de su concesión.
Esta debe ser, a juicio de los promotores, la manera de hacer resurgir a un sector que, según Galindo, "se ha pasado de frenada". Así, según las cifras que maneja esta organización empresarial, este año se terminarán entre 125.000 y 140.000 casas, muy lejos de las más de 700.000 del boom, y para los años 2012 y 2013 no se espera finalizar ni siquiera 100.000 inmuebles al año.
En cuanto al volumen de ventas, las previsiones de APCE no contemplan más de 150.000 transacciones de pisos de nueva construcción al cierre de 2011, frente a una estimación inicial de 175.000 viviendas. Aunque Galindo se mostró convencido de que el sector no quiere volver a las cifras del boom (más de 600.000 casas terminadas en 2007, por ejemplo), sí defendió que tanto los poderes públicos como el sector financiero apoyen a una actividad sin la cual España difícilmente superará la crisis. Para volver al equilibrio, apostó por alejarse de las "corruptelas" que han salpicado a algunas compañías y lograr ese nivel de actividad de las 300.000 casas.
Ese volumen de producción sería capaz de generar más de 700.000 empleos, o lo que es lo mismo, reduciría la tasa de paro en dos o tres puntos porcentuales, además de la correspondiente aportación que realizaría al PIB y los retornos que tendría a las arcas públicas por el pago de impuestos directos e indirectos.
Las cifras
40% de las viviendas nuevas que permanecen sin vender ni alquilar (unas 700.000) corresponde a segundas residencias.
24% es lo que se han abaratado las casas desde máximos, según Tinsa.
90.000 viviendas se iniciarán este año, cifra que contrasta con las más de 800.000 del boom.
2,4 empleos se generan por piso construido, según los promotores.
Los incentivos fiscales, mejor escalonados
Los promotores representados por la APCE aplauden la propuesta del PP de restablecer la desgravación fiscal por compra de vivienda y prolongar durante 12 meses la rebaja aplicada al IVA del 8% al 4%, que solo grava las casas nuevas. Aseguran que todo incentivo que estimule al mercado es positivo, si bien añaden algunos matices.
Josíé Manuel Galindo afirma que "si un Gobierno decide aplicar un incentivo fiscal acotado en el tiempo, lo mejor es que lo haga de manera progresiva o escalonada". "Es decir, que si dice, por ejemplo, que la rebaja del IVA se va a mantener cinco años más, que no sea igual los cinco ejercicios, que al segundo se aplique un IVA del 5%, al siguiente el 6%, y así hasta el final del incentivo, porque evitamos que muchos ciudadanos retrasen sus compras", explicó.
En cuanto al stock sin vender ni alquilar, consideró de "juzgado de guardia" que aún no se haya dimensionado de manera rigurosa esa bolsa de casas, "ya que no se ha hecho de forma censal y sí por míétodos indirectos".
Asimismo, apostó por "dar la vuelta como un calcetín" a los planes de vivienda para hacerlos más eficientes y que incluyan "compromisos de financiación". En materia de política pública de vivienda abogó por la desaparición de los registros de demandantes de pisos de protección oficial (VPO), "porque solo han contribuido a retrasar el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas".
Y sobre el posible cierre de la Sociedad Pública de Alquiler, solo lo vio razonable si no se abandona el servicio que presta a las familias con menos rentas.
