La gran tarea pasa por dinamizar el mercado laboral para sacar del atolladero a cinco millones de desempleados El próximo inquilino de La Moncloa tiene ante sí 10 importantes y urgentes retos, que se analizan a continuación, para salir de la peligrosa espiral de paro masivo y endeudamiento en que se encuentra la economía.
1. Máxima prioridad: crear empleo, pero... ¿a cualquier precio?
Hace falta un gran pacto por el empleo. Hasta ahí todos de acuerdo, pero ¿quíé debería incluir ese pacto?, ¿quiíén debería negociarlo y a quiíén tendría que afectar? Antes de concretar estos y otros asuntos habría que fijar objetivos y decidir si se necesita crear nuevos puestos de trabajo a cualquier precio o si hay líneas que no se pueden traspasar. Ninguno de los dos supuestos es fácil.
Entre los empresarios se suele decir que a ninguno le gusta despedir...; pero tambiíén dicen que si un empresario necesita contratar, contrata, independientemente de las condiciones del mercado laboral. El problema es cuando el empresario no necesita hacer nuevas contrataciones porque la economía está más parada que otra cosa y, además, este mismo parón le obliga a despedir.
La economía española lleva tres años en esa situación, lo que se ha llevado por delante exactamente 2,26 millones de empleos. Ahora hay cinco millones de desempleados y una tasa de paro del 21,6% cercana al máximo histórico de la economía española logrado en el primer trimestre de 1994 (24,55%). Desde el Instituto de Estudios Laborales de Esade se asegura que España tardará ocho años en retornar a tasas de paro del 10%. Y este cálculo está entre los más optimistas, porque otros expertos lo fían más largo.
Hay cierto consenso en que la principal receta para crear empleo es reactivar la economía en general pero esto es como averiguar quíé fue antes la gallina o el huevo: sin una cosa no llega la otra y ¿por cual empezar?
Parece obvio que será imprescindible que el nuevo Gobierno salido ayer de las urnas tome medidas para que el críédito retorne a los emprendedores y a las familias. En el terreno empresarial, las vías aprobadas en esta legislatura a travíés del ICO han sido un estrepitoso fracaso. Este organismo solo ha concedido el 20% del críédito disponible para pymes, autónomos y municipios. El motivo no es otro que los elevados intereses y las extremas garantías que exigen a los solicitantes de estos críéditos y que "en la mayoría de las ocasiones son incluso mayores que las que piden los bancos privados", se queja el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. Ante esta situación la restitución del flujo crediticio se presenta como algo absolutamente imprescindible.
El director del Instituto de Estudios Laborales de Esade, Carlos Obeso, aseguraba recientemente que "se creará empleo cuando se creen nuevas empresas". Así, cita el Informe Kaufman, elaborado en Estados Unidos, donde se indica que "más del 60% de creación de empleo neto se da en nuevas empresas y las grandes lo hacen sobre todo a travíés de spin-offs". De ahí que, junto a la reposición del críédito, otro gran reto para recuperar el empleo sea facilitar la labor emprendedora de los autónomos y la creación de empresas.
Emprendedores
Precisamente, una de las primeras medidas estrella de los populares en la campaña electoral ha sido su propuesta de dotar de un "apoyo fiscal" de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador no socio de una empresa de nueva creación y la bonificación de cotizaciones sociales a los autónomos por su primera contratación.
Asimismo, si los futuros gobernantes hacen caso a las demandas de grandes, medianos y pequeños empresarios, introducirán en el sistema educativo una asignatura o similar que enseñe a los niños y jóvenes las virtudes del espíritu emprendedor. "Habría que enseñar a los ciudadanos a ser empresarios desde la cuna a la tumba", decía recientemente el presidente de la gran patronal española CEOE, Juan Rosell.
Pero a todas luces esto no será suficiente. Al tiempo que se restablece el críédito y se incentiva la actividad ¿quíé se puede hacer en el mercado de trabajo? Los futuros moradores de los ministerios de Trabajo y Economía tendrán el reto de diseñar una estrategia para la creación de empleo. Según las máximas de la economía podrán actuar en dos vertientes: optar por aprobar estímulos directos a la creación de empleo (si bien para esto hay un estrecho margen en materia de subvenciones públicas, por no decir nulo), o ensayar la eníésima reforma legal del mercado laboral. Todo apunta que elegirán ambas opciones combinadas de una forma u otra.
Llegados a este punto, el desafío del nuevo Ejecutivo será cómo combinar en su justa medida un abaratamiento de los costes del empleo y una mayor flexibilidad para las empresas, sin mermar los derechos de los trabajadores. La eterna ecuación que a todo gobernante le gustaría saber aplicar. Cuando se habla de rebajar los costes del empleo a casi todo el mundo le viene a la mente el coste de la indemnización por despido. Si bien, los empresarios anteponen a esta rebaja la de las cotizaciones sociales, que en España representan más de uno de cada cuatro euros de todo el coste laboral.
Cotizaciones
Desde hace más de una díécada, los Gobiernos han optado por abaratar las cotizaciones solo de forma selectiva, generalmente para los nuevos empleos indefinidos, y a travíés del sistema de bonificaciones. Esta fórmula no supone una merma para las arcas públicas ya que lo que deja de ingresar la Seguridad Social en cuotas bonificadas, el Estado se lo repone con impuestos. Esta fórmula se presenta más que inviable dadas las estrictas exigencias de ajuste presupuestario.
Por ello, la otra opción es una rebaja de cuotas, que sí supone una píérdida de ingresos para la Seguridad Social. Los responsables económicos del nuevo Gobierno deberán estudiar quíé margen hay para realizar un abaratamiento de costes del empleo por esta vía. El actual Ejecutivo en funciones ultima estos días sus esfuerzos para que la Seguridad Social se salve de los números rojos este ejercicio, pero de no remontar la ocupación, estas cuentas empezarán a dar problemas en 2012. Bien es verdad que hay un fuerte remanente en el fondo de reserva de más de 60.000 millones de euros, pero con ello solo pueden pagarse las pensiones; así que si se rebajan las cotizaciones y esto provoca díéficit en la Seguridad Social, esta tendría que adelantar el uso de la hucha de las pensiones. Otro dilema con el que se encontrará el nuevo Gobierno.
En cuanto a otra reforma de la legislación laboral, tambiíén se presenta como más que probable. En este punto, el Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos acaba de reunir en un documento una serie de propuestas para reformar el mercado laboral que resumen las principales demandas de la clase empresarial. Para empezar, estos expertos dejan claro que a las futuras reformas del laborales "no se les puede pedir la creación inmediata de empleo, pero sí que incidan en el cambio de determinadas dinámicas patológicas".
Dicho esto, los nuevos reguladores deberán afrontar la decisión de hacer o no cambios normativos mucho más ambiciosos que los llevados a cabo en la última legislatura; algo que aconsejan desde este Instituto. En concreto, recomiendan que cualquier cambio estíé orientado a que las empresas no vean la legislación laboral como un obstáculo a su actividad, sino como algo que facilita su competitividad. Eso pasaría por eliminar restricciones en la contratación, la flexibilidad interna, el despido o la negociación colectiva. En los últimos dos años, el Ejecutivo ha decretado reformas -de poco calado a juicio de la mayoría de los agentes implicados- en cada uno de estos asuntos citados. Los autores de estas reformas reclaman que se les deje tiempo para actuar y ver sus efectos, pero los nuevos responsables económicos se verán en la encrucijada de enmendar estas reformas, dejarlas actuar o darles la vuelta como un calcetín con una profunda reforma laboral.
Lo único que no tendrán será mucho tiempo para decidir quíé eligen. Esto les obligará tambiíén a evaluar la necesidad de cambios en el proceso de diálogo social, ya que la urgencia y gravedad de la crisis requieren de un instrumento de negociación más ágil (durante los dos primeros años de la crisis no se tomó ninguna decisión). Se trataría, por ejemplo, de estudiar la posibilidad de tasar los tiempos de negociación de las reformas.
