La Presidencia Española de la UE en 2010 no sólo se quedó en un intento frustrado de recuperar la imagen exterior de España y el liderazgo de nuestro país en las relaciones entre Europa, ífrica y Amíérica Latina, sino que estuvo enturbiada por un cúmulo de irregularidades, en el programa, gastos y contratos por parte de los tres Ministerios implicados: Presidencia, Interior y Asuntos Exteriores.
Irregularidades que ahora denuncia el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización de los Gastos Derivados de la Presidencia Española de la UE.
El organismo fiscalizador del Estado que empieza constatando que no "ha podido realizar una valoración objetiva del impacto de los múltiples eventos organizados", porque el programa de actividades no fue aprobado por el pleno del Comitíé Organizador de la Presidencia Española de la UE, y porque el desglose que recogía los 368 eventos a celebrar en España carecía de objetivos e indicadores de rendimiento y "no tenía fecha ni estaba actualizado, ya que incluía actos que no llegaron a celebrarse".
Gastos bajo lupa
Pero las mayores irregularidades detectadas por el organismo que preside Manuel Núñez se refieren al capítulo de gastos, destacando en este apartado los realizados por el Ministerio de la Presidencia. De ellos, el 66%, por un importe de 27,7 millones de euros, eran gastos derivados de la ejecución de los 44 contratos adjudicados, de los cuales "sólo dos fueron adjudicados mediante el procedimiento abierto" de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.
Por este motivo el Tribunal de Cuentas afirma que la utilización con carácter general del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación "podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública".
Entrando en detalle de las contrataciones, el Tribunal, destaca un contrato de asistencia tíécnica en el que la oferta del adjudicatario sólo contenía el precio total del contrato, 11,194 millones de euros, sin incluir "el importe económico de cada solución, ni la descripción pormenorizada de todas las partidas económicas correspondientes a cada uno de los equipos ofertados, de los servicios y del personal asignado a cada servicio".
Azafatas, corbatas y pañuelos
Resalta tambiíén cómo en el contrato de servicio de interpretación de conferencias en el Módulo permanente, la facturación, por importe de 311.500 euros, incluía 72.400 euros en concepto de anulación, cuando "el contrato no incluía cláusula alguna relativa al coste de anulación de los encargos".
En el contrato de servicio de enlaces y azafatas, la facturación de los servicios prestados por los enlaces, que sumaba 1.056.600 euros, "estaba sobrevalorada en 276.600 euros como consecuencia de la aplicación de precios unitarios superiores a los que figuraban en la oferta económica del adjudicatario".
Especialmente reseñable es el encargo del Ministerio a la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) "de la encomienda de gestión para el apoyo en la realización de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea, ífrica, Caribe y Pacífico, se formalizó el 16 de abril, justo 15 días despuíés de que se finalizara la reunión, que se había celebrado del 29 de marzo al 1 de abril".
Por lo que respecta al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el informe de fiscalización señala las deficiencias encontradas en la documentación justificativa de los gastos de desplazamiento y alojamiento de los asistentes al "V Encuentro España-ífrica Mujeres por un Mundo Mejor", por un importe de 557.100 euros, financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid).
Entre estas deficiencias aparece la contratación directa de un servicio charter privado, por importe de 130.000 euros para el único desplazamiento del ministro en el que no se utilizó una aeronave del Ejíército del Aire, por no haber ninguna disponible, omitiíéndose, además, la fiscalización previa del gasto.
Este Ministerio adjudicó un total de ocho contratos con cargo a conceptos específicos de la Presidencia Española de la UE, con unos gastos de 600.000 euros. "Todos ellos se adjudicaron por procedimiento negociado", cinco sin publicidad y sólo tres con publicidad.
De ellos el Tribunal destaca el contrato correspondiente al suministro de corbatas y pañuelos, por importe de 43.500 euros, adjudicado por la Secretaría de Estado de la UE el 15 de abril de 2010, "que antes de esa fecha había adquirido el mismo material al mismo adjudicatario por importe de 50.600 euros, en tres contratos tramitados como contratos menores".
Curioso tambiíén es el contrato de la Aecid para la cesión de espacios para la Reunión de Ministros de Desarrollo, que se adjudicó con carácter definitivo el 16 de febrero de 2010, fecha en la que se celebraron los primeros actos de la reunión, lo que constituye "un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, al iniciarse la ejecución del contrato antes de su formalización".
