Por... CHRISTOPHER TOOTHAKER
CARACAS -- Los nuevos lineamientos que buscan reducir la alta inflación venezolana mediante un control de precios más fíérreo por parte del gobierno ahuyentará a los inversionistas y dañará a los consumidores, pronosticó el lunes el presidente de la mayor cámara de comercio del país.
Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, dijo que la Ley de Costos y Precios Justos asustará a inversionistas que buscan mayores márgenes de ganancias y ocasionará desabasto de productos básicos porque los fabricantes de varios productos probablemente reducirán la producción.
"Va a generar más dudas y más incertidumbre de las que ya teníamos", afirmó Botti.
Agregó que las regulaciones de precios aplicadas a bienes y servicios en cada área de la economía de Venezuela dañarán inevitablemente a los negocios que pasan apuros por las políticas de orientación socialista establecidas por el presidente Hugo Chávez.
Aunque ya existe control de precios para algunos alimentos básicos, como aceite para cocinar y arroz, la ley que entra en vigor el martes lo extenderá a un rango más amplio de artículos y otorgará al gobierno más autoridad de ejecución y sanción.
Funcionarios de gobierno argumentan que la ley ayudará a reducir la tasa de inflación más alta de Latinoamíérica al obligar a los negocios a establecer precios al por menor a tasas establecidas por las autoridades.
Entre los factores que considerarán los funcionarios están costos de producción, como el precio de materias primas y salario de los trabajadores.
El Banco Central de Venezuela anunció el mes pasado que la tasa anual de inflación había bajado marginalmente a 26,9% en octubre, frente a 27% del año pasado.
Funcionarios de gobierno han establecido la meta de mantener la inflación entre 23 y 25% hacia el final del año, pero muchos analistas pronostican que la tasa podría ser superior.
Los primeros párrafos de la nueva ley aseveran que debe detenerse a los comerciantes sin escrúpulos para que no incrementen los precios. La ley exige controles gubernamentales para limitar las ganancias, dando esa tarea a un panel de autoridades de gobierno que será llamado "Superintendencia de Costos y Precios".
"Los abusos flagrantes de monopolios de muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa del pueblo", dice la legislación.
Karlin Granadillo, una funcionaria de gobierno responsable de establecer y aplicar las regulaciones nuevas sobre precios, negó que la ley sea dañina para los negocios y expresó optimismo en que los consumidores verán beneficios.
"La estabilidad económica y de precios nos va a beneficiar a todos. Tanto a las personas que reciben los productos y servicios, como para el sector empresarial", dijo Granadillo durante una entrevista transmitida por Unión Radio.
Granadillo señaló que los funcionarios no están listos todavía para aplicar de inmediato las nuevas regulaciones.
Los funcionarios se enfocarán primero en establecer control de precios para alimentos, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, materiales de construcción, partes automotrices, medicinas y servicios de atención míédica, antes de moverse a otras áreas de la economía, agregó Granadillo.
Luis Vicente León, director de la firma encuestadora venezolana Datanalisis, que regularmente sigue el rastro de la existencia de productos básicos y precios al consumidor, predijo que la aplicación de la ley no lograría controlar la inflación mientras causa escasez de ciertos bienes.
"Todas las experiencias de control de precios unilateral en el mundo han fracasado estrepitosamente. No hay excepciones", señaló León el lunes vía la red social Twitter.
