La Comisión Europea tiene previsto aprobar hoy un proyecto de reglamento que permitirá forzar a un país a pedir un rescate y someterse a un programa de ajuste. El texto otorga a Bruselas, además, un control sin precedentes sobre el sector financiero del país en dificultades.
Si el euro no sucumbe en esta crisis, parece claro que su segunda díécada de vida va a ser mucho más exigente que la primera. Cuando solo faltan unos días para que entre en vigor la tercera versión del Pacto de Estabilidad, con mayores castigos que los anteriores, Bruselas dará hoy otra vuelta de tuerca a la disciplina fiscal con la aprobación de dos proyectos de Reglamento que estrechan la vigilancia sobre los países con díéficit excesivo o expuestos a turbulencias financieras.
Ambos textos, que serán presentados hoy en público por el presidente de la CE, Josíé Manuel Barroso, suponen un salto cualitativo en la capacidad de injerencia de Bruselas en las cuentas de los socios de la zona euro. Su entrada en vigor requerirá el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la UE.
El Reglamento relativo a los países que sufran o estíén expuestos a la inestabilidad financiera incluso permitirá a la Comisión forzar a un país a pedir ayuda presupuestaria y a someterse a un programa de ajuste.
Hasta ahora, las operaciones de rescate llevadas a cabo en Grecia, Irlanda y Portugal se hicieron a petición de sus respectivos gobiernos. Es cierto que en algunas capitales, como Dublín, se ha llegado a acusar al Banco Central Europeo de actuar bajo manga para precipitara la intervención. Y tambiíén es cierto que en Atenas o Roma se atribuye a la presión ejercida por Alemania y Francia el relevo de los Gobiernos de Papandreu y Berlusconi por Ejecutivos con tecnócratas al frente. Pero el nuevo Reglamento otorgará carta de naturaleza legal a la capacidad de la zona euro de intervenir en las cuentas de uno de sus socios cuando su situación ponga en peligro al conjunto de la Unión Monetaria.
En esos casos, "la Comisión puede decidir someter a un Estado miembro a una vigilancia reforzada", señala el artículo 2 del proyecto de Reglamento al que ha tenido acceso CincoDías. Y el siguiente artículo especifica que el nuevo control consistirá, entre otras cosas, en exigir al Estado en cuestión los datos desagregados sobre la situación de cada una de sus entidades financieras y la realización de pruebas de esfuerzo bajo la supervisión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
El supervisor nacional (el Banco de España o su equivalente en cada país) tampoco escapará al nuevo escrutinio. El resto de países y la ABE comprobarán periódicamente el rigor de la autoridad bajo sospecha, para comprobar la fiabilidad de su supervisión.
Revisión trimestral
El país que caiga bajo esa lupa comunitaria se someterá cada tres meses a la revisión de la CE y el Banco Central Europeo. Y si el veredicto no es satisfactorio, Bruselas propondrá que se ponga en marcha la operación de rescate, iniciativa que deberá aprobar el Consejo de la UE por mayoría cualificada de los socios del euro sin contar el voto del país al que se desea intervenir. La propuesta se formulará en forma de "recomendación", pero parece improbable que algún país pueda negarse a seguirla, sobre todo, porque su incumplimiento cerraría el acceso a los fondos estructurales o a los hipotíéticos eurobonos.
Desvíos
El reglamento sobre corrección del díéficit excesivo, cuyo proyecto se aprobará hoy, pretende evitar sobre la marcha los derrapes fiscales.
Tan pronto como Bruselas detecte un desvío sobre el objetivo marcado podrá emitir una corrección para obligar al país en cuestión a corregir el Presupuesto del año en curso.
La norma prevíé tambiíén la creación de un Consejo Fiscal independiente en cada país que controle la ejecución presupuestaria.
La CE limitará el acceso a los futuros eurobonos
Bruselas tambiíén publicará hoy un libro verde sobre la emisión de deuda pública europea o eurobonos para aliviar la presión que soporta un número creciente des socios de la zona euro. El documento reconoce el riesgo de que esas emisiones conjuntas alimenten la irresponsabilidad fiscal de algunos socios, que podrían financiarse en mejores condiciones gracias a la buena reputación del resto.
Para evitar ese problema, Bruselas plantea que se establezcan criterios muy estrictos para acceder al nuevo canal de financiación, como el cumplimiento de las instrucciones recibidas en el marco de la aplicación del Pacto de Estabilidad o de las condiciones de una operación de rescate.
La financiación a travíés de eurobonos se podría además reducir o cancelar si un país se niega a acatar las órdenes de Bruselas. "Este planteamiento", señala el libro verde, "implica que los Estados miembros deberán mantener una posibilidad adicional de financiación por si llega el caso de que no cumplan las condiciones exigidas".
La publicación de este documento se considera como un primer paso hacia la futura emisión de eurobonos, a pesar de que Berlín ya ha indicado que no considera oportuno abordar esa discusión en estos momentos de la crisis.
El libro, en cualquier caso, o plantea tres opciones, dos de las cuales exigirían que todos los socios avalasen de manera conjunta e inseparable los nuevos títulos. La tercera, la más plausible a corto plazo porque no requeriría un cambio en el Tratado de la UE, prevíé un aval bilateral que no comprometería a todos los socios si uno de ellos incurre en impago de su parte. En esta opción, los eurobonos convivirían con los títulos nacionales actuales.
