El presidente catalán, Artur Mas, hizo público ayer su plan para enderezar las cuentas públicas y cumplir con el objetivo de díéficit en 2012. Para ello impondrá el copago farmacíéutico, reducirá otra vez el sueldo a los funcionarios y aplicará una subida generalizada de tasas, con lo que obtendrá 1.000 millones adicionales.
Cataluña cerrará este año con un díéficit del 2,6% del PIB regional, el doble de lo permitido por el Ejecutivo (1,3%). El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha escudado en que este saldo negativo se ha debido en exclusiva a la herencia dejada por el tripartito y que su Ejecutivo está plenamente comprometido en reconducir esas cifras para cumplir lo establecido por el Estado en 2012.
Y para ello presentó ayer su hoja de ruta para alcanzar ese objetivo, que incluye un nuevo recorte en el salario a los funcionarios públicos (ya lo bajó una media del 5% en 2010), la instauración del copago farmacíéutico (es la primera comunidad que lo impone de forma oficial) y una subida generalizada de tasas.
Cataluña espera recaudar 1.000 millones de euros adicionales en 2012, según reconoció ayer Mas, quiíén dejó abierta la puerta a la supresión de empleos públicos en 2012. "Es necesario atemperar los salarios de los funcionarios y reducir las infladas plantillas de determinados organismos públicos" señaló al tíérmino de la reunión del Consejo de Gobierno. "Algunos organismos tienen plantillas sobredimensionadas incluso en plena crisis y eso no tiene sentido. Si esos centros han perdido actividad por tener menos dinero no pueden mantener esas plantillas", remarcó.
Consciente de lo políémico de las declaraciones, el presidente catalán trató de matizarlas al asegurar que solo se hará en casos muy concretos. "Nuestra idea no es despedir gente, sino moderar las condiciones y salarios de los que están. Es una manera de repartir los sacrificios de una manera más justa", dijo.
El conjunto de medidas anunciadas ayer se enmarcan en lo que Mas denominó como "la segunda fase de ajuste" en Cataluña. La primera se produjo apenas hace seis meses cuando la Generalitat presentó un prepuesto autonómico con un recorte de gasto del 10%. Ese ajuste provocó numerosas protestas y manifestaciones que, sin embargo, no han tenido su reflejo en las elecciones del 20-N, si no más bien todo lo contrario. De hecho, CiU superó por primera vez en unos comicios nacionales al PSC, lo que le sirve de aval a Mas para profundizar en los ajustes. "El pasado domingo no pedíamos ningún aplauso, pero la gente entendió que el ajuste lo hacemos para llegar a una situación mejor entre todos", remarcó.
El presidente catalán aclaró que el ajuste se hará por dos vías: por la reducción del gasto y por la vía de los ingresos, en la que se incluyen la instauración del copago sanitario y subidas generalizadas de tasas. Entre estas últimas destacan el incremento del canon del agua, de los títulos del transporte público en el área metropolitana de Barcelona o de las tasas universitarias.
Mas insistió ayer en que ninguna de esas medidas cruza "las líneas rojas" que ponen en peligro el Estado de Bienestar e insistió en rechazar que se instaure un copago farmacíéutico. "Se trata de una barrera disuasoria para moderar el consumo de medicamentos que no sean estrictamente necesarios para los usuarios", recalcó.
Eliminar duplicidades
El vicepresidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, pidió ayer a la Generalitat catalana "que elimine duplicidades y miles de empresas públicas" antes de recortar el salario a los funcionarios o despedir a empleados públicos.
El PP apoya los nuevos ajustes en Cataluña
El Partido Popular envió ayer un mensaje de apoyo a Artur Mas por los recortes aprobados. El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo, aseguró que su partido está satisfecho con el nuevo plan de ajuste anunciado por Artur Mas. "Tenemos puntos de discrepancia en cuanto a algunas de las medidas anunciadas, pero manifestamos nuestra satisfacción por lo escuchado y, sobre todo, nos ofrecemos a mantener una relación de responsabilidad", apuntó.
Uno de esos puntos de divergencia es el copago. La coordinadora de Participación Social del PP y exministra de Sanidad, Ana Pastor, rechazó ayer esa opción y defendió la puesta en marcha de reformas económicas para generar riqueza con las que financiar los servicios públicos. "El copago no es una alternativa", resaltó ayer en una entrevista en RNE.
