El presidente de ACS, Florentino Píérez (Efe).
ACS tiene un problema. En este caso no se trata de Iberdrola y Hochtief sino de otro de más enjundia, el de la morosidad, ya que el grupo presidido por Florentino Píérez reconoce en las cuentas del tercer trimestre del año que sufre retrasos en los cobros de 620 millones de euros, una cifra que multiplica por ocho los impagos que tenía en el mismo periodo de 2010.
En ese momento, ACS admitía que había tenido una salida de caja de apenas 78 millones de euros por los efectos negativos de su división de construcción. Una cifra poco significativa si se tenía en cuenta la píésima situación del sector en España y los graves incumplimientos en los pagos por parte de los clientes finales.
Pero esta cantidad ha ido engordando progresivamente. Entre enero y marzo, la salida de caja era de 212 millones: en junio, el montante ya había ascendido a 464 millones y en septiembre, el díéficit tocó la cifra ríécord de 620 millones. ACS solo había tenido un saldo negativo de esta partida del balance en 2008, año en el cayó Lehman Brothers y se colapsaron los mercados. Pese a ello, los retrasos en los cobros tan solo sumaron 205 millones a cierre del ejercicio.
Fuentes financieras explican el porquíé se da esa situación. Las constructoras suelen cobrar en un periodo de tiempo inferior al que ellas pagan a sus proveedores. De esa manera, financian sus obras y generan un capital circulante positivo. El problema es cuando los clientes ya no pagan los contratos acordados con el constructor, que según la nueva ley debería abonar sus deudas en un plazo máximo de 50 días.
Aunque ese plazo de 50 días no se cumple con la mayoría de los grandes operadores del sector, cuyos volúmenes de obra les permiten mucha capacidad de presión con las subcontratas y los proveedores, el quebradero de cabeza de ACS es que no cobra de sus contratistas en el plazo pactado. Es decir, construye, pero no le pagan o lo hacen tarde. Se trata de un caso de morosidad parecida a la de la banca, que emerge al calor de la crisis económica y financiera.
Opacidad en el resto de constructoras
El grupo participado por los Albertos, la familia March y el propio Florentino Píérez, que no ha respondido a las llamadas de este medio, es el único de los grandes constructores que detalla este epígrafe en su balance. Los demás, como Ferrovial, Acciona, Sacyr y FCC, no dan ni un dato sobre esta partida, que es generalizado en el sector de la construcción y en el de servicios.
La única que hace una mención a un impago significativo es OHL, que admite retrasos en el cobro de un gran contrato en Argelia, tal y como adelantó El Confidencial en septiembre. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exigió recientemente a la empresa dirigida por Juan Miguel Villar Mir que especificase una partida denominada deudores varios que ascendía a 170 millones de euros.
El grupo respondió el pasado 28 de octubre al organismo supervisor que estaba pendiente de cobro de unas subvenciones por 85 millones; servicios, alquiler y venta de maquinaria por 61,6 millones; expropiaciones, por 15 millones y venta de terrenos, por 9.
