La dificultad para recuperar la deuda pendiente con los ayuntamientos ha llevado a algunas empresas a ofrecer quitas de hasta el 50% para poder cobrarla. Así lo aseguran las firmas que intermedian entre pymes e inversores, que apuntan que esas ofertas se concentran especialmente en la Comunidad Valenciana.
Los impagos siguen asfixiando a las pequeñas y medianas empresas. Las facturas sin pagar se siguen acumulando en los despachos de las Administraciones públicas y en especial en las de los ayuntamientos. Las empresas calculan que la deuda pendiente de los entes locales supera los 35.000 millones de euros y que ha crecido especialmente desde que se inició la crisis económica.
Todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo para tratar de aportar liquidez a las pymes han fracasado. De las dos líneas de críédito abiertas por el ICO con ese propósito apenas se han consumido 1.136 millones de los 5.900 disponibles (lo que supone un 20% del total).
Especialmente significativo es el fracaso de la línea ICO para que los ayuntamientos liquidaran sus deudas con los proveedores. Hasta finales de octubre apenas se habían concedido 459 millones, un 13,5% del total, y la línea solo estará vigente hasta finales de este mes. Los municipios justifican el escaso uso por los elevados intereses solicitados (superiores al 6%) y por el escaso margen para su devolución (tres años).
Las empresas, cansadas de ver cómo los impagos se alargan, han optado por apurar las vías para tratar de recuperar como sea el dinero que se les debe. Y una de ellas es la de vender su deuda con un elevado descuento. Luis Dueñas, presidente de Mercadeuda, subraya que la asfixia de las pymes ha llevado a muchas de ellas a estar dispuestas a perder gran parte de la misma. "En la zona del Mediterráneo y en algunos sectores, como la construcción, las empresas están dispuestas a aceptar una quita del 50% con tal de cobrar ese dinero", recalca.
Este portal de internet intermedia entre empresas con deudas e inversores interesados en comprar esos títulos con un descuento medio, que puede oscilar entre el 10% y el 30%. Dueñas subraya que ahora ha surgido un nuevo modelo de negocio ante la falta de liquidez de los ayuntamientos. "La empresa que tiene una deuda se la vende a un inversor con un descuento (entre el 30% y el 50%) y este posteriormente se la cambia al ayuntamiento por un activo, como un parking. De este modo, el proveedor recupera parte de su deuda, el ayuntamiento consigue liquidez y el inversor obtiene un bien con un elevado descuento". El presidente de Mercadeuda confirma que al menos se han cerrado dos operaciones de este tipo en las últimas semanas y que el interíés se ha incrementado, puesto que ya ha se han producido varias consultas.
En la comparación con Europa respecto a los plazos de pago, España tampoco sale bien parada. El plazo de medio de las Administraciones públicas se eleva a 153 días, mientras que en la UE se limita a 65 días, según el último estudio elaborado por la consultora Intrum Justitia, especializada en recobro y gestión de cobros. Tan solo figuran por encima Grecia e Italia, con plazos de 168 y 180 días, respectivamente.
Si el análisis se hace teniendo en cuenta el número de días en el que se retrasa el pago sobre el límite legal, España tambiíén aparece en los primeros puestos con 66 días, superada por Portugal (82), Italia (90) y Grecia (108). En el otro lado, la Administración alemana paga tan solo con diez días de retraso y la francesa con 20.
Las cifras
13,5% es el porcentaje de fondos que ha concedido el ICO (459 millones) dentro de la línea de críédito abierta para que los ayuntamientos saldaran sus deudas pendientes con las pequeñas y medianas empresas.
15 días es tan solo la diferencia en los plazos de pago comerciales entre las Administraciones griegas y españolas.
Acciones judiciales contra las firmas que vulneren la Ley de Morosidad
Frente a la posibilidad de perder parte de lo que se le adeuda, las empresas tambiíén están comenzando a recurrir a la vía judicial para denunciar los incumplimientos de la nueva Ley de Morosidad. Para asegurar el anonimato y así evitar represalias de tipo comercial por parte de los denunciados, todos los recursos se están iniciando desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a un millón de compañías y que ha participado de forma activa en la redacción de esa nueva norma.
Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma y secretario general de Pimec, señala que esas acciones se han comenzado en septiembre, cuando la ley cumplió un año, y que previamente se llevaron a cabo acciones extrajudiciales para tratar de evitar los incumplimientos. Cañete confirma que ya se han iniciado diligencias previas contra dos compañías (Leroy Merlin y la Cooperativa de Ferreteros de Alicante), admitidas ambas por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y Alicante. El inicio de acciones judiciales se ha basado, según la Plataforma, en el argumento erróneo esgrimido por esa firmas para marcar plazos más largos de los fijados en la nueva Ley de Morosidad, a travíés de un artículo de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
Cañete asegura que el nuevo texto deroga todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la misma. "Esta actitud puede frustrar el esfuerzo de muchas otras que sí están cumpliendo. De hecho el plazo de pago se ha reducido en el sector privado de 101 a 93 días".
