Aboga por el contrato con despido a 33 días y el descuelgue generalizado de los convenios.
El guion que el Partido Popular prepara para sacar adelante la reforma laboral, en el caso de que sindicatos y patronal no lleguen a un acuerdo antes del 6 de enero, tiene tres grandes ejes: facilitar el descuelgue de las condiciones pactadas en los convenios colectivos, una mayor flexibilidad para cambiar los horarios o las condiciones del trabajo y la generalización del contrato de fomento del empleo, que establece un despido de 33 días por año trabajado por despido improcedente.
Estas propuestas son el esqueleto de las 71 enmiendas parciales que el Grupo Parlamentario Popular presentó durante la tramitación de la reforma laboral en 2010. La mayoría de ellas fueron rechazadas por los acuerdos puntuales del Ejecutivo con CiU y PNV. Aunque la situación económica es radicalmente diferente y ha empeorado en el último año, el próximo presidente, Mariano Rajoy, que finalmente tomará posesión de su cargo el día 21, tendrá una oportunidad de oro, si finalmente no hay acuerdo entre los agentes sociales, para llevar al BOE todas sus propuestas en material laboral.
1. Flexibilidad interna. En una de las enmiendas presentada en el verano del 2010, el PP abogaba por modificar los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, que establecen el grupo profesional y la movilidad funcional. El objetivo de la misma, tal y como argumentaron, era eliminar las barreras para que un trabajador pueda desempeñar distintas funciones dentro de la empresa. Esta petición ha sido demandada especialmente desde el sector hotelero, en el que consideran que los empleados podrían adaptarse a una serie de trabajos en función de la mayor o menor demanda de los mismos.
El segundo gran punto de este eje se refiere a la simplificación de las condiciones en las que un empresario puede proceder a la suspensión de un contrato o a una reducción de jornada por causas económicas, tíécnicas u organizativas. "Todo ello para permitir que las empresas y los trabajadores pueden adaptarse a las nuevas necesidades de modo que el despido sea la última opción", rezaba el argumento de la enmienda. Una de las propuestas establecía un plazo máximo de 30 días para comunicar esos cambios al trabajador. Si este no las aceptaba podía optar por rescindir su contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado o acudir a los tribunales. Esta última decisión, sin embargo, no anulaba la decisión del empresario.
2. Simplificación de contratos. El PP quiere reducir de forma considerable las cuarenta tipologías diferentes de contratos y aboga por impulsar, en especial, el contrato de fomento del empleo estable, que prevíé un despido de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente. En las enmiendas reclamaba que se bajara de 3 meses a quince días el periodo mínimo en el que un desempleado debía estar inscrito a los Servicios Públicos de Empleo para firmar ese contrato. Finalmente quedó reducido a un mes. En las enmiendas no se hablaba nada de la generalización del despido a 20 días, propuesto con insistencia desde la CEOE.
3. Descuelgue de los convenios. Rajoy desea que los convenios de empresa primen sobre los territoriales o los sectoriales y que en los primeros se establezcan dos casuísticas para poder "descolgarse" de las condiciones pactadas en los convenios colectivos.
La primera se refiere a cuando se proponga un descuelgue y no haya acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En esa situación insta a que sea la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, integrada por tíécnicos de Trabajo, CEOE y los sindicatos, la que autorice el descuelgue y determine cuáles son las nuevas condiciones de trabajo.
La segunda situación que plantea la enmienda era que, sin necesidad de que exista una denuncia y siempre con el acuerdo de las partes negociadoras, las condiciones de los convenios puedan revisarse "de forma natural y en un contexto de paz social".
4. Intermediación. Para evitar la paradoja de que España sea el país que más paro genera y el que más vacantes deja sin ocupar, el PP propone eliminar las limitaciones impuestas a las empresas de trabajo temporal (ETT) para intermediar entre empresas y trabajadores. El objetivo es suprimir las barreras de la Ley de Contratos del Sector Público, en la que se le limitaba al Estado contratar los servicios de las ETT "salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos".
5. Formación. Los populares consideran que los 4.000 millones que se dedican a formación en las empresas se pueden gestionar de manera más eficiente. Para ello, el PP propone un mínimo de veinte horas anuales de formación por trabajador y que estas se puedan acumular en una cuenta que acompañaría al trabajador durante su carrera para avalar su empleabilidad. Asimismo aboga por el modelo alemán de formación profesional para tratar de acabar con las elevadas cifras de desempleo juvenil. Este consiste en compaginar estudios con prácticas en empresas, que son a su vez las que costean la formación.
Otras prioridades del PP
Modelo austriaco. El PP se negó a que el Fogasa pagara parte de la indemnización de los trabajadores porque podría comprometer sus cuentas y obligar a una nueva subida de cotizaciones a las empresas. Frente a ese modelo, propone la posibilidad de crear un fondo de capitalización sobre el despido, más conocido como modelo austriaco, aunque no define cómo se va a financiar.
Teletrabajo. Plantea reformar el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores para dar mayor seguridad jurídica al teletrabajo y potenciar el uso del contrato a tiempo parcial
Derecho a huelga. El PP insta a prohibir las huelgas de los trabajadores cuando "tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo"
