La falta de liquidez llevará a más de 1,5 millones de empresas a reclamar este año aplazamientos en el pago de impuestos. En total, Hacienda estima que, al final de este ejercicio, se habrán solicitado aplazamientos por 15.000 millones de euros, el mayor nivel jamás registrado. A esta cifra deben sumarse otros 6.000 millones derivados de las concesiones de la Seguridad Social para retrasar el pago de cuotas.
Hay ciertas cifras que por sí solas explican la crudeza y magnitud de la crisis. Un ejemplo son las solicitudes de aplazamiento de la deuda con Hacienda. Hasta noviembre, 1,5 millones de empresas pidieron a la Agencia Tributaria postergar el pago de 14.485 millones de euros, según los datos presentados ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado. Hacienda estima que, a final de año, las peticiones para postergar deuda tributaria alcanzarán los 15.000 millones, un 7,8% más que el año anterior.
Y cuando una compañía pide el auxilio de la anatematizada Agencia Tributaria, significa que su situación es sumamente grave. Por otra parte, hasta agosto, la Seguridad Social ha concedido a 69.000 empresas la posibilidad de postergar el pago de 1.200 millones de euros. Una cifra que, previsiblemente, se incrementará hasta los 6.000 millones a finales de año. En total, las compañías aplazarán en 2011 hasta 21.000 millones, más de un 2% del PIB. Ello supone un coste ya que la Administración aplica el llamado interíés de demora, actualmente fijado en el 5%.
Por otra parte, Salgado, en la que podría ser su última comparecencia como vicepresidenta económica, presentó los datos del Plan de Prevención contra el Fraude Fiscal, que permitirá ingresar este año 10.400 millones, un 3,5% más que en el ejercicio anterior. Desde 2005, la lucha contra los evasores fiscales ha reportado 25.500 millones a las arcas públicas. El director de la Agencia Tributaria, Josíé María Meseguer, quiso demostrar que es falso que Hacienda se cebe con los pequeños contribuyentes y apuntó que la deuda media liquidada por control tributario asciende a 221.000 euros. Ello demuestra, según Meseguer, que los grandes contribuyentes sufren una mayor vigilancia.
La crisis en la construcción ha provocado que el sector inmobiliario deje de ser uno de los principales focos de atención de la Agencia Tributaria. En su lugar, se han incrementado los controles sobre los profesionales liberales, para evitar que tributen por el impuesto sobre sociedades cuando en realidad deberían aplicar el IRPF.
Por otra parte, Hacienda envió a la Fiscalía hasta noviembre 783 casos por delito fiscal. El importe denunciado asciende a 846 millones. Meseguer no quiso dar detalles del llamado caso HSBC, en el que Hacienda descubrió a 1.000 contribuyentes españoles con cuentas en la filial suiza de esta entidad. En cualquier caso, recordó que el descubrimiento permitió ingresar 260 millones por declaraciones extemporáneas. Acerca de la posibilidad de aplicar una amnistía fiscal para incentivar una repatriación masiva de capitales escondidos en paraísos fiscales, Salgado aseguró que una medida de este tipo "echaría por tierra el trabajo realizado por Hacienda durante todos estos años". En cualquier caso, añadió que será el próximo Gobierno el responsable de gestionar la lucha contra el fraude fiscal. A día de hoy, la Agencia Tributaria mantiene un programa para inspeccionar a miles de negocios que si bien no constan en el registro mercantil, sus datos de consumo energíético revelan algún tipo de actividad no declarada.
Salgado recomienda reformar Sociedades
La vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado, recomendará a su sucesor que reforme el impuesto sobre sociedades si el futuro inquilino del Ministerio de Economía le pide consejo. Así lo aseguró ayer Salgado, que reconoció que el tributo que grava los beneficios empresariales presenta importantes lagunas. De hecho, el impuesto sobre sociedades es la figura fiscal que peor se ha comportado durante la crisis. En 2007, la recaudación por este tributo ascendía a 44.800 millones y, a día de hoy, apenas alcanza los 16.198 millones.
Sin embargo, el actual Gobierno tuvo tiempo suficiente para reformar este tributo y se negó a ello. Existe un informe en el Ministerio de Hacienda en el que se recomienda limpiar el impuesto de deducciones y revisar la tributación de los grandes grupos empresariales. Actualmente, España mantiene un tipo en el impuesto sobre sociedades del 30%, sin embargo, el gravamen efectivo es mucho menor, del 16,4%. Y, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, menor es el tipo que aplican. Ello es así porque la mayor parte de deducciones fiscales que contempla la legislación solo beneficia a las grandes compañías. Salgado, además, apuesta por un mayor control sobre los llamados grupos consolidados, que suelen ser grandes e internacionalizadas empresas. En este sentido, en la Agencia Tributaria molesta que el incremento de los pagos fraccionados en Sociedades aprobado en agosto no haya mejorados los ingresos derivados de los grupos consolidados. En cualquier caso, corresponderá al próximo Gobierno modificar este impuesto. Francia y Alemania trabajan para homogeneizar en la UE la base imponible del impuesto sobre sociedades, una postura que, hasta ahora, España tambiíén ha defendido.
Las cifras
10.400 millones de euros ingresará este año la Agencia Tributaria por su plan de lucha contra el fraude.
783 casos de delito fiscal han sido denunciados por Hacienda. En total, el importe denunciado hasta noviembre asciende a 846 millones, un 21,5% más que en todo 2010.
