El sector público cuenta con 3,2 millones de trabajadores, de los cuales más de 700.000 tienen un contrato temporal. Este colectivo será el más susceptible de someterse a los recortes de personal que preparan las Administraciones para cumplir con las exigencias del objetivo de díéficit.
Hace no muchos años, un empleo en la Administración era para toda la vida. Ya no. De hecho, un importante colectivo formado por 790.00 trabajadores del sector público tiene un contrato eventual, según los datos oficiales de la encuesta de población activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año. De ellos cerca de cien mil han perdido sus puestos de trabajo desde septiembre, según los registros de la Seguridad Social, fundamentalmente en las actividades sanitarias y educativas.
El resto (2,4 millones de empleados) tiene un contrato indefinido y en gran parte de los casos son personal laboral y funcionarios con difíciles condiciones de extinción de contrato, por no decir casi imposibles. Esos sí son aún empleos para toda la vida. De ahí que el grupo de trabajadores temporales del sector público son en estos momentos el colectivo más vulnerable de cara a los ajustes de empleo que preparan en ayuntamientos, consejerías, hospitales, colegios, ministerios y empresas públicas de toda España.
Los analistas calculan que para cumplir con el objetivo de díéficit de 2012 (4,4%) se necesitará un ahorro presupuestario de unos 30.000 millones de euros. Ante esto solo hay una evidencia: hay que recortar gastos. Y, entre todas las partidas que podrá ajustar, el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue claro dos días antes de ganar las elecciones y dijo: "Yo tengo un compromiso con los pensionistas pero no con los empleados públicos".
Respondía así a una pregunta sobre si pensaba congelar o volver a bajar el sueldo de los empleados públicos a los que se les aplica un recorte salarial del 5% de media desde mayo de 2010.
Así, de producirse este ajuste, se desconoce su magnitud, pero lo más seguro es que se recurra a dos medidas fundamentalmente: por un lado, la no renovación de contratos temporales a su tíérmino -lo que tiene una indemnización de nueve días por año trabajado a partir del 1 de enero de 2012- y a la eliminación total de la tasa de reposición (amortizar los puestos que se queden libres por jubilaciones), según distintos tíécnicos entendidos en la materia.
Atendiendo al mapa de la contratación en el sector público, el colectivo de temporales más numeroso lo forman los interinos (267.700), seguido por aquellos que tienen un contrato por obra y servicio (194.900). Estos últimos no tenían un límite de duración pero desde la reforma laboral de 2010 pueden durar un máximo de tres años. Así, todos estos contratos terminarán en los dos próximos años.
Pero si lo que se analiza es la duración de todos los contratos temporales para saber en cuáles se podría centrar el ajuste, se observa que uno de cada tres tiene menos de seis meses de duración, con lo que estos serían los más susceptibles de recortar por tener una indemnización menor.
En cualquier caso, el mayor indicio de que los gobernantes a cargo de todas las Administraciones optarán por recortar personal es que estos ajustes ya han comenzado de manera más intensa en los últimos meses. Así, el sindicato Comisiones Obreras alerta de que la última EPA aún reflejaba un incremento interanual del 1,4% en la ocupación del sector público, si bien muy inferior al del trimestre anterior, cuando crecía a un fuerte ritmo del 4,3%. Pero los indicadores de afiliación de octubre y noviembre indican que solo en Sanidad -donde el 54% del empleo es público- y en la rúbrica de Administración Pública y Seguridad Social se han destruido más de 100.000 empleos.
Mujer, treintañera y con contrato de seis meses
Los empleados públicos con contrato temporal tienen un perfil ligeramente distinto a aquellos que tienen una relación indefinida. El prototipo de los primeros es una mujer (hay casi medio millón de empleadas frente a 300.000 varones en esta circunstancia); con una edad comprendida entre los 30 y los 39 años (uno de cada tres está en esta franja); con un contrato de duración inferior a los seis meses y que trabaja en una administración territorial. En cuanto a los empleados públicos con una contrato indefinido, ya sean o no funcionarios de carrera, tambiíén son en su mayoría mujeres y pertenecen a una administración autonómica o local pero se tienen un perfil de edad más avanzado: más de la mitad tienen más de cuarenta años y 200.000 están próximos a la edad de jubilación o incluso la superan. La presencia de eventuales es más llamativa en el caso de algunos ayuntamientos, por ejemplo, de Extremadura donde la tasa de temporalidad supera el 50%, según datos barajados por fuentes sindicales.
La Administración pública estatal a la que ya solo pertenecen uno de cada cinco empleados públicos es la más blindada frente a los ajustes de personal es la Administración que se presenta más blindada a los despidos ya que, según el Registro Central de Personal, el 76% de sus trabajadores son funcionarios de carrera, por lo que los ajustes en estas plantías solo podrían hacerse no reponiendo las bajas.
La cifra
100.000 son los empleos públicos perdidos en los sectores de la Sanidad y la Administración Pública entre septiembre y noviembre por los ajustes de personal.
