El Gobierno no hizo bien las cuentas de la Presidencia española de la Unión Europea. Según sus cálculos, el semestre de 2010 en el que España estuvo al frente de la UE se saldó con una inversión de 41,8 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha incrementado ahora esta cantidad hasta los 57 millones. Una diferencia de 15 millones que podría ser incluso más abultada, ya que el citado organismo advierte que se trata de una “estimaciónâ€, que “no representa los gastos totalesâ€. Y es que los datos aportados por el Ejecutivo no incluyen las partidas realizadas por el conjunto de departamentos ministeriales, ni los gastos financiados por comunidades autónomas y ayuntamientos, ni aquellos que corrieron a cargo de patrocinadores y colaboradores.
Diego López Garrido, en calidad de secretario de Estado para la UE, subrayó el pasado mes de enero la “austeridad†con la que el Gobierno había gestionado el mandato europeo, informando de que la partida total había ascendido a 41.869.159 euros. Esta cifra incluía supuestamente el dinero destinado por todos los ministerios, a excepción del relativo a seguridad. Sin embargo, casi un año despuíés, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas ha enmendado la plana al Ejecutivo socialista, elevando los gastos a 57 millones, de los cuales 4,4 millones corresponden a seguridad. Es decir, que aún restando esta última partida, el error u olvido del Gobierno supera los 11 millones.
Los vaivenes en la cuantificación de la Presidencia de la UE han sido habituales desde que se anunció el primer presupuesto. En un principio, el Ejecutivo previó dedicar más de 90 millones al semestre, pero luego los rebajó a 61,8 millones. Este cálculo se comprobó de nuevo exagerado tras la cancelación de las cumbres de la Unión por el Mediterráneo y de la UE-Estados Unidos, donde Josíé Luis Rodríguez Zapatero esperaba la visita a Madrid de Barack Obama.
Estos fiascos diplomáticos contribuyeron a la imagen austeridad, como tambiíén lo hizo la comparación con la Presidencia de la UE que lideró Josíé María Aznar en el 2002. Entonces, el presupuesto fue superior, alcanzando los 68,7 millones, aunque cabe recordar que todas las grandes reuniones y conferencias tuvieron lugar en España, mientras que en 2010, con la aplicación de los nuevos tratados, se celebraron en Bruselas.
El Tribunal de Cuentas, en su informe hecho público el 27 de noviembre, ha puesto de manifiesto tambiíén diversas irregularidades en la adjudicación de servicios, ya que en su mayoría se hicieron sin convocar un procedimiento abierto. A juicio de este organismo, no ha quedado acreditada una “imperiosa urgencia†que permitiera saltarse ese requisito, ni tampoco se protegían los “intereses esenciales de la seguridad del Estadoâ€. Por otra parte, el Tribunal ha detectado problemas de planificación, así como de justificación en el caso de contrataciones de personal y organización de actos.
Irregularidades en la contratación
A la hora de recabar la información necesaria para la fiscalización, el organismo no ha podido obtener los datos actualizados de los eventos, cumbres y reuniones, y critica que no se establecieran “objetivos e indicadores de rendimiento, ni se efectuó una evaluación posterior del programa de actividadesâ€. Tampoco se ha justificado “suficientemente†la contratación de 37 consultores para el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Como informó este diario en 2009, el Ejecutivo gastó tambiíén una importante suma de dinero en corbatas, pañuelos y mobiliario, aunque tampoco cumplió con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Ahora, el informe de fiscalización revela que existió un contrato de suministro de estos complementos por valor de 43.500 euros en abril de 2010, junto con otro anterior, al mismo proveedor, de 50.600 euros, dividido en tres expedientes. Esta circunstancia hace que el organismo sospeche que se fraccionó el gasto, en contra de lo que establece el artículo 74.2 de la LCSP.
Por todo ello, el Tribunal recomienda al Gobierno que se adopten nuevas medidas para que, en este tipo de acontecimientos, se programen las actividades con suficiente antelación, de modo que se tramiten “los expedientes de contratación respetando los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir la contratación públicaâ€. Asimismo, pide al Ejecutivo que “se establezca una estructura presupuestaria que permita determinar los gastos derivados de las actuacionesâ€.
