Lo dice uno de los mayores expertos en coyuntura del país: "Rajoy no tiene margen para aflorar todo el díéficit oculto y no lo hará". Su principal argumento es la experiencia de lo ocurrido en Grecia, donde Papandreu, nada más llegar al poder, sacó a la luz díéficit escamoteado por el anterior Gobierno y ahí está el origen de las recientes convulsiones en el mercado de deuda.
Su opinión es corroborada por fuentes internas del PP, que admiten que la situación no es como la de 1996, cuando el vicepresidente Rato rebañó todo lo que pudo y elevó el desequilibrio presupuestario hasta el 7,2%, en torno a dos puntos de PIB por encima de lo que reflejaba la ‘herencia oficial’ recibida de Solchaga. Ahora todo es diferente. Según esas fuentes, un afloramiento general del díéficit no contabilizado podría tener consecuencias negativas para la deuda pública, y por eso se prefiere ser prudentes. En particular en lo relacionado con el díéficit de las administraciones territoriales.
El díéficit del Estado, por el contrario, está mejor contabilizado gracias a la función fiscalizadora de la Intervención General, pero, aun así, cada Gobierno cuenta con un cierto margen de maniobra a la hora de registrar el desequilibrio entre ingresos y pagos. En concreto, en la partida denominada ‘Otros ingresos’, en la que se incluyen los ajustes por recaudación ‘incierta’.
Los últimos datos sobre ‘recaudación incierta’ -once primeros meses del año- reflejan una minoración de los ingresos por valor de 4.383 millones de euros (un 14% más que en el mismo periodo del año anterior), pero esa cifra podría ser muy superior debido a los problemas de los agentes económicos para ponerse al día con Hacienda.
Las normas contables obligan a que la parte que no se recauda de impuestos y cotizaciones sociales en cada ejercicio quede registrada como un ‘derecho pendiente de cobro’. Una parte de ese derecho pendiente se recaudará a lo largo de los ejercicios siguientes, pero el resto, no. Y por ello, para aproximar a largo plazo la recaudación real y el devengo, cada año se realiza la estimación de lo que se prevíé que no va a recaudarse en el futuro de esos derechos pendientes de cobro. En otras palabras, la deuda que se da por perdida. Se introduce, por lo tanto, una cierta discrecionalidad a la hora de calcular el díéficit, si bien es cierto que para ello se utiliza un modelo economíétrico como el que utiliza la UE, que, precisamente, ha cambiado con la buena base 2008 con la que se elabora el PIB.
Los ingresos tributarios caen un 4%
Las dificultades para que 2011 se cierre con un díéficit equivalente al 6% del Producto Interior Bruto se antojan hoy por hoy prácticamente insuperables. Sobre todo teniendo en cuenta el comportamiento de los ingresos.
Los datos anunciados ayer por la Agencia Tributaria indican, en concreto, que las medidas de consolidación fiscal han permitido ahorrar hasta noviembre 8.167 millones, incluyendo la rebaja del tipo de IVA al 4% en la compra de vivienda nueva, con un coste para el erario público estimado en 115 millones de euros.
Según la Agencia Tributaria, de la comparación entre ese importe total de impactos normativos y el aumento que acumula la recaudación hasta noviembre (761 millones) se deduce que, en ausencia de los mismos, los ingresos tributarios habrían registrado en 2011 un descenso en torno al -4%, “en línea con la caída de la base imponible agregada de los impuestos en los tres primeros trimestresâ€.
Esta caída real de los ingresos -sin ‘extraordinarios’- explica la sospecha de que el díéficit real irá creciendo a medida que se conozcan las cuentas de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la propia Seguridad Social, que cerrará este año con díéficit, cuando se esperaba un superávit de cuatro díécimas del PIB, unos 4.000 millones de euros. Sobre todo teniendo en cuenta que durante la segunda parte del año la economía se ha comportado mucho peor que en la primera. Y en este contexto, aparecer con un díéficit del 7% u 8% ante los mercados se antoja como un problema para el nuevo Gobierno. No sólo ante los mercados, sino ante la ciudadanía, toda vez que el recorte sería mucho mayor.
Rajo dijo durante el debate de investidura que si el díéficit es del 6%, el recorte será equivalente a 16.500 millones, pero a esa cantidad habría que sumar otros 10.000 millones por cada punto de PIB de desviación, lo que parece excesivo sin poner en peligro los niveles asistenciales básicos que prestan las administraciones públicas.
