La Fiscalía Anticorrupción advirtió a la Casa del Rey con varias horas de antelación del registro policial de las sedes del Instituto Nóos y la trama de empresas vinculadas a Iñaki Urdangarín, realizado a mediodía del pasado 7 de noviembre en Barcelona por orden del juez Josíé Castro, instructor del caso Urdangarín y responsable de la investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del yerno de Don Juan Carlos.
El monarca, que ese mismo día tenía programado un viaje oficial a la capital catalana, suspendió la visita, alegando problemas de salud, tras recibir a primera hora de la mañana una llamada de la Fiscalía General del Estado, entonces dirigida por Cándido Conde-Pumpido, para informarle de la inminente operación policial, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación del caso Urdangarín.
Las mismas fuentes aseguran que Conde-Pumpido fue alertado previamente por su subordinado, el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Salinas, y íéste, a su vez, por el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, que dirigió personalmente el registro, en el que participaron agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y funcionarios del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. La policía entró tambiíén en el domicilio de Diego Torres, ex socio de Urdangarín, donde se incautó de documentación y archivos informáticos.
El chivatazo a la Casa del Rey se produjo al menos cinco horas antes del registro policial, según aseguran las fuentes consultadas. Pero nada se sabe de lo ocurrido en ese intervalo de tiempo, salvo que La Zarzuela modificó sobre la marcha la agenda oficial del monarca, suspendiendo su viaje ya anunciado a Barcelona para visitar el Salón Náutico Internacional e inaugurar una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo.
Sin precedentes
Sólo una semana más tarde, el 14 de noviembre, Conde-Pumpido aseguró, precisamente en Palma, que la Fiscalía actuaría en el caso Urdangarín "exactamente igual que en otros casos". Sin embargo, no existe ningún precedente conocido de que la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción alerten previamente de un registro policial en una institución, organismo público, empresa privada o domicilio particular a los propios afectados o a personas muy cercanas. Y en aquel momento el yerno del Rey seguía vinculado a la Corona, a la que aún representaba en actos oficiales junto a su esposa, la infanta Cristina de Borbón.
Pese a que el monarca afirmó en su último discurso navideño -en el que no asumió ninguna responsabilidad por el caso Urdangarín- que "la Justicia es igual para todos", la Casa del Rey ha tenido acceso a información privilegiada sobre las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma desde que estalló el escándalo. La Zarzuela, por ejemplo, conoció por adelantado la fecha de la imputación de Urdangarín, lo que permitió a Don Juan Carlos preparar con suficiente antelación la estrategia para desvincularse de su yerno.
Tras el chivatazo de la Fiscalía Anticorrupción, la Casa del Rey modificó apresuradamente la agenda que el monarca tenía programada el pasado 7 de noviembre para evitar que la presencia del jefe del Estado en Barcelona coincidiese con el registro de las empresas de su yerno. Sin embargo, La Zarzuela informó de que la cancelación del viaje obedecía a las súbitas molestias que el monarca sufría en su pie izquierdo, del que fue operado el 4 de septiembre por una lesión en el talón de Aquiles. Para reforzar esa versión, Don Juan Carlos tampoco acudió aquel lunes, como había sido anunciado, al Museo del Prado, donde debía inaugurar la exposición El Hermitage en El Prado. En su lugar asistió la reina Doña Sofía.
