De Guindos estudia relajar las condiciones de entidades fusionadas como Bankia
por L. M. en El Economista
Podrían realizar la mayor parte de las dotaciones contra capital en vez de contra beneficios. Además, se les concedería entre dos y tres años para completar el proceso de saneamiento.
Descartado el banco malo para la reforma financiera, y una vez que los intentos de Economía de impulsar la fusión entre Bankia y La Caixa hayan resultado baldíos, el Gobierno se plantea ahora relajar las condiciones a las que se habrán de atener las entidades para realizar las nuevas dotaciones.
El Ejecutivo estudia introducir algunas modificaciones en sus planes originales que darían un poco de aire tanto a la entidad que preside Rodrigo Rato como a aquellas que se encuentren en procesos de fusión o emprendan una nueva.
Si bien la intención de Economía es la de que la mayor parte de las provisiones extra que debe realizar el sector, 50.000 millones según sus cálculos, salga de la cuenta de resultados, tambiíén estudia abrir una vía para que, en determinadas condiciones, se pueda realizar una parte contra reservas.
Así, las entidades que decidan mantenerse en solitario tendrán que realizar, en un corto espacio de tiempo que podría ser seis meses o un año, las nuevas provisiones sobre sus activos inmobiliarios sobre su cuenta de resultados.
Por otro lado, aquellas que decidan emprender un proceso de fusión con otra entidad podrán aplicar las nuevas dotaciones contra sus reservas y en un periodo, aún no cerrado, que podría establecerse entre dos o tres años.
Es en esta segunda vía donde el Ejecutivo se plantea que podría acogerse Bankia y otras entidades, según aseguran fuentes financieras. El argumento, que se podría extender a otras uniones de entidades, sería que el banco es el fruto de una fusión de cajas de ahorros y que aún no ha completado al 100 por cien el proceso de integración.
Bankia, nacida de la integración de Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja de Canarias y Caja ívila, tiene ya prácticamente realizado su plan de cierre de oficinas y recorte de personal, pero aún le queda por integrar las plataformas tecnológicas, ya que tan sólo se han unido las de Caja Madrid y Caja de ívila. Eso significa que los clientes de Bancaja, Segovia, Laietana, Canarias y Rioja, que suponen un 40 por ciento del total del grupo, aún no pueden contratar los productos de Bankia.
Otras entidades, como Unicaja y Caja España-Duero, llevan meses negociando y realizando los pasos previos a la fusión, sin que aún la hayan culminado. Si estas entidades, fusionadas pero no totalmente integradas, pueden acogerse a la flexibilidad de sanear contra capital, tendrían más margen y más tiempo para elevar las dotaciones.
En el caso de Bankia, supondría que además de contra beneficios, de los que poco podría tirar antes de entrar en píérdidas, contaría con las reservas y cualquier instrumento que puede transformarse en capital. El grupo tiene unos 6.000 millones de preferentes que podría canjear bien por acciones, bien con convertibles contingentes.
A pesar de estas excepciones, el Gobierno lo que desea es que la mayor parte del sistema financiero cargue la factura de las dotaciones de sus activos inmobiliarios contra la cuenta de resultados.
El Ejecutivo de Rajoy es consciente de lo impopulares que resultan las ayudas a la banca cuando íésta, además, sigue dando beneficios en bloque y mantienen el grifo del críédito cerrado. Por ello, lo que quieren es forzar a que tengan que asumir contra la cuenta de resultados el coste del saneamiento, de tal modo que no se produzca más gasto público para su rescate y tengan que reducir notablemente el beneficio o incluso entrar en píérdidas. Esto, a su vez, provocará una segunda oleada de fusiones.
El grifo del críédito
Esta medida no contribuirá a mejorar la activación del críédito, y el Gobierno es consciente de ello, pero el objetivo, según aseguran fuentes financieras, es provocar de manera acelerada que todas las entidades queden sanas, tras lo cual si estarían, según afirman, en disposición de dar críéditos y acompañar a la economía en su recuperación.
Sin embargo, y a pesar de que cada vez queda menos tiempo para que la reforma financiera se apruebe, como fecha tope el 10 de febrero, aún queda por concretar muchos aspectos. Ni está totalmente definido quienes podrán cargar contra reservas y quienes contra beneficios, ni está tampoco establecido el tiempo que tendrán, unas y otras, para realizar los saneamientos.
Otra cuestión son los porcentajes de cobertura que se debe destinar a cada tipo de activo, pero que serán, en todo caso, superiores al 80 por ciento en el caso del suelo rústico. La idea es que la cobertura media pasa del 32 por ciento actual a entorno el 50 ó 60 por ciento.
