La Comisión Europea multó el miíércoles a las compañías postales de Alemania y Bíélgica, Deutsche Port y Bpost, por haber recibido ayudas estatales, con lo que se perjudicó a otras empresas del sector.
Deutsche Post deberá devolver entre 500 y 1.000 millones de euros al Estado alemán. "Alemania deberá calcular el monto" final, declaró el comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia.
La Comisión, guardián de la competencia en Europa, estimó que el operador alemán se benefició a la vez de precios reglamentados elevados y de subvenciones para jubilaciones, una situación que le colocó "en ventaja con respecto a sus competidores", según la institución europea.
Sin embargo, al mismo tiempo autorizó una compensación de 5.600 millones de euros acordada por las autoridades alemanas a Deutsche Post entre 1990 y 1995 para cubrir el coste del servicio postal universal.
Deutsche Post calificó la decisión de "incomprensible e infundada" y anunció su intención de llevarla ante el Tribunal de Justicia europeo.
La Comisión tambiíén decidió que Bpost devuelva 417 millones de euros al Estado belga al estimar excesivas las "compensaciones anuales vertidas entre 1992 y 2010 en favor de una misión de servicio público".
La empresa belga anunció que su consejo de administración estudiará si recurre la sanción ante el Tribunal de Justicia europeo.
La institución europea sí validó las ayudas que recibieron por parte de sus respectivos Estados la francesa La Poste (1.900 millones entre 2008 y 2012 por "financiación del servicio público de distribución de la prensa y de una presencia en zonas de difícil acceso") y la griega ELTA (52 millones por la modernización del servicio postal público).
El presidente de Deustche Post, Frank Appel, lamentó que "Bruselas utilice dos varas de medir vistas las decisiones tomadas a propósito de otras empresas europeas", refiriíéndose a las compañías postales francesa y griega..
Desde la liberación del servicio postal en la UE, hace dos díécadas, la Comisión debe pronunciarse con frecuencia sobre las ayudas presuntamente ilegales que los Estados conceden a las empresas públicas y que perjudican "a la apertura total del mercado", según Almunia.
