Las nuevas provisiones que se exigirán a la banca para que refleje en su balance el deterioro de la cartera inmobiliaria deberán realizarse mayoritariamente contra beneficios. Tan solo un tercio de los saneamientos podrá llevarse a cabo con cargo a capital. Para quienes no puedan cumplir con las nuevas exigencias, se permitirá que recurran a príéstamos del FROB.
La banca española espera con ansiedad los detalles de la anunciada reforma financiera. La última semana ha sido un tira y afloja entre el sector y el Ejecutivo para definir el nuevo decreto. El volumen total de provisiones exigidas -50.000 millones de euros- se conoce desde hace semanas, pero no cómo se repartirá entre las entidades.
El Gobierno va a pedir a la banca que realice un esfuerzo adicional para sanear sus activos inmobiliarios. Para que la medida tenga un efecto catalizador en el sector (fusiones, cierre de oficinas y, en última instancia, más críédito), Economía va a exigir que la mayoría de las provisiones se realicen contra beneficios.
"El Ejecutivo pretende que dos tercios de las nuevas provisiones se cargue contra la cuenta de resultados", explican fuentes financieras. Si hay que realizar una dotación sobre el 80% del valor de un suelo urbanizable (los porcentajes aún se están debatiendo), dos tercios de esos fondos saldrían del beneficio, mientras que un tercio podría proceder del capital.
En caso de que un solar se hubiera valorado en 100 millones y se hubiera provisionado tan solo 30 millones, de los 50 millones que habría que dotar, 30 se imputarían a resultados y 20 a capital.
Un tsunami que ahogará medio sector
Esta medida meterá mucha presión a las cuentas de las entidades. Muchas de ellas, especialmente cajas de ahorros, tendrán serias dificultades para cumplir con la nueva normativa, dado el bajo nivel de generación de resultados que presentan despuíés de tres años de crisis. "Es una barbaridad lo que quieren hacer. Van a provocar un tsunami que ahogue a la mitad del sector", explica un directivo de una caja mediana.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado en varias ocasiones que no se plantean que el sector pueda recibir ayudas públicas para hacer frente a las nuevas exigencias. Sin embargo, fuentes del mercado dan por seguro que se permitirá a las entidades en apuros que accedan a participar en una fusión recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para recapitalizarse. Este organismo prestaría capital en condiciones de mercado.
Además, aquellos bancos o cajas que estíén inmersos en un proceso de integración, dispondrán de dos ejercicios para completar el saneamiento, mientras que para el resto el plazo será de un año.
Otro aspecto que se ha comunicado a las entidades es que las nuevas provisiones no afectarán únicamente a los activos inmobiliarios potencialmente problemáticos -que ascendían, a 30 de junio de 2011, a 176.000 millones de euros- sino que tambiíén impactarán sobre los activos sanos ligados al ladrillo. En este caso, las dotaciones que se pedirán estarán entre el 7% y el 11% del valor de los mismos.
Ejecución de la reforma. Provisiones a realizar en una sola tacada
El Gobierno va a exigir que las nuevas provisiones para activos inmobiliarios se realicen de una sola tacada, pero no pedirá que la regla se aplique con las nuevas adjudicaciones. Uno de los objetivos clave de la reforma financiera es devolver la credibilidad hacia el sector bancario, para lo que es imprescindible que los inversores internacionales acepten que los balances de la banca española estíén completamente saneados. Con una provisión one-off (como se conoce en la jerga del sector) se intentará despejar todas las dudas. Más adelante, sería muy severo exigir que cualquier nuevo activo adjudicado tuviera que ser provisionado, de golpe, en un 40% o un 50%. En el futuro se mantendrá el calendario antiguo de provisiones.
Ayudas públicas. ¿Vuelve el 'banco malo' para el ladrillo?
La primera parte de la reforma financiera está plenamente encauzada: saneamientos extras para los activos vinculados al ladrillo por importe de 50.000 millones de euros. Lo que aún sigue en discusión es la segunda pata: quíé va a hacer el Ejecutivo con las entidades que no puedan cumplir con las nuevas exigencias. Fuentes financieras aseguran que el FROB podría inyectar capital en estas entidades, a cambio de la entrega de activos inmobiliarios, lo que de facto convertiría a este organismo en un banco malo. Para la ejecución de este mecanismo, el Fondo, controlado por el Gobierno y el Banco de España, trabajaría en coordinación con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), financiado con aportaciones del sector.
