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El Tribunal Supremo se pronunciará hoy sobre la eventual implicación del ministro indio del Interior, P. Chidambaram, en la asignación fraudulenta de licencias de telefonía móvil en 2008, el mayor escándalo de corrupción en el país.
El martes pasado, en un juicio que involucra a conocidas figuras públicas, la corte suspendió 122 licencias de telefonía segunda generación (2G), las de más rápido crecimiento en el mercado de la telefonía móvil en el mundo, por sospechar que fueron adjudicadas sobornos de por medio.
Tambiíén, y atendiendo a una denuncia del Bharatiya Janata Party, principal de la oposición, señaló que decidiría si corresponde investigar a Chidambaram, en aquel entonces ministro de Finanzas, por no tomar las previsiones para evitar irregularidades en la operación.
Los magros ingresos resultantes de las adjudicaciones -unos 350 millones de dólares- hicieron sospechar que algo turbio había en el asunto. En contraste, ese año las licencias 3G dejaron dividendos por 14 mil 500 millones de dólares.
Según estimaciones de la Auditoría General, las píérdidas causadas al erario público rondan los 40 mil millones de dólares.
Iniciado en noviembre del año pasado, el juicio implica a 17 personas, incluidos el exministro de Telecomunicaciones Andimuthu Raja, una diputada, la hija del exjefe de gobierno del estado de Tamil Nadu y un numeroso grupo de prominentes corporativos del sector.
En el último año y medio el Gobierno se ha visto sacudido por otros escándalos de corrupción que están bajo juicio o investigación.
Entre estos figuran la compra de votos por puestos al Parlamento en el 2008, la entrega a políticos de viviendas destinadas a viudas de soldados, y turbias prácticas financieras durante la celebración en Nueva Delhi de los Juegos de la Commonwealth en el 2010.
Para colmo, en marzo del año pasado el funcionario designado por el Gobierno al frente de la oficina anticorrupción, P. J. Thomas, se vio forzado a renunciar porque íél mismo enfrentaba varias acusaciones de corrupción.
Los partidos de oposición y el activista social Anna Hazare a nombre de la sociedad civil están librando una intensa batalla para que el Gobierno apruebe la creación de una oficina anticorrupción autónoma y con alcance sobre todas las instituciones y figuras públicas, incluido el primer ministro.
