Por... Cecilia Olivet
El firmar tratados internacionales de inversión, con la esperanza de atraer inversiones extranjeras, ha sido durante díécadas una de las estrategias clave de los gobiernos que buscan mejorar el desarrollo económico. El lado menos conocido de esta historia es que, al firmar tratados de inversión, los gobiernos están entregando el derecho soberano de regular en el interíés de las personas y el medio ambiente y se exponen al riesgo de gastar millones en demandas judiciales que podrían haber sido utilizados para servir a las necesidades de sus pueblos. Es hora de poner bajo la lupa el lado oscuro de las inversiones.
La historia que todos hemos escuchado más de una vez
¿Cuántas veces has escuchado a políticos, economistas, hombres de negocios o periodistas diciendo que, si un país quiere desarrollarse, sólo necesita tres cosas: ¡inversión, inversión e inversión! Esta recomendación sigue una de las premisas básicas de la economía neoliberal: "La inversión extranjera directa (IED) es una condición previa para el desarrollo". Y la fórmula diseñada fue muy simple: Para desarrollarse, se necesita crecimiento> para crecer, se necesita IED> para atraer IED se necesita proteger a los inversores> la única manera de proteger a los inversores es mediante la firma de los acuerdos de inversión.
Los gobiernos de todo el mundo adoptaron la receta sin reparos y los tratados de inversión han proliferado en las últimas dos díécadas. Mientras que en 1989 sólo había 385 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), hoy hay 2.807 TBIs firmados en todo el mundo. La Unión Europea por si sola tiene 1.300 TBIs, equivalente a un increíble 46% del total de acuerdos. En 2010, se concluyeron cada semana más de tres tratados de inversión (UNCTAD, 2011).
Por otra parte, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de Amíérica del Norte (TLCAN) en 1994, los capítulos de protección de inversiones han sido piezas clave e integral de los Tratados bilaterales y regionales de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos. Europa tambiíén ha seguido últimamente este camino. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la Comisión Europea (CE) tiene ahora la competencia para negociar la protección de las inversiones. Esto ha llevado a la inclusión de capítulos de protección de inversiones en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Canadá, India, Singapur y Malasia.
