Mal que le pese, la Comisión Europea ha comenzado a rumiar la decisión del Gobierno español de preparar los Presupuestos Generales del Estado para este año con un objetivo de díéficit del 5,8%. Pero la rendición de Bruselas ante un dato coherente con la actual situación económica de Europa no supone una carta blanca hacia el pasado. Y el departamento del comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, sigue indagando las causas de ese 8,5% de díéficit en 2011, que ayer volvió a calificar como "una desviación seria y grave", que podría acarrear sanciones de hasta 1.000 millones de euros.
La actitud es bastante más tolerante hacia el futuro. Y ayer, primer día hábil desde que el presidente Mariano Rajoy detonase la sorpresa tras asistir el viernes a la segunda jornada de la cumbre europea de primavera, las instituciones europeas se ahorraron cualquier reacción virulenta, conscientes, tal vez, de que la lógica económica juega claramente a favor del Ejecutivo español.
"Estamos manteniendo consultas con el Gobierno español y por eso no voy a hacer comentarios concretos sobre la situación española", se limitó a señalar en Viena el presidente de la Comisión Europea, Josíé Manuel Durí£o Barroso.
El portuguíés se mostró convencido de que "España cumplirá su compromiso de respetar el Pacto de Estabilidad". Pero no criticó ni abierta ni veladamente la revisión al alza de un objetivo de díéficit que hasta ahora aspiraba al 4,4%.
Berlín tampoco hizo una dramática lectura del anuncio de Rajoy. El portavoz de Merkel tan solo declaró que "lo que importa es que España, como Alemania, se ha comprometido y ha firmado el pacto de estabilidad". Y añadió que "Alemania no está obsesionada con las medidas de austeridad".
La indiferencia de Berlín libera a Bruselas de la presión para reaccionar de manera tajante a la aparente rebeldía española. Y la CE, de momento, se ciñe a su procedimiento, el cual no prevíé una revisión de los programas de estabilidad hasta mayo. Esa tregua procedimental juega claramente a favor de Rajoy, porque es muy probable que para entonces la coyuntura económica obligue a revisar los objetivos de díéficit de casi todos los países.
La propia Comisión ha reconocido que sus últimas previsiones de crecimiento y díéficit, publicadas en noviembre del año pasado, son papel mojado. Y, por primera vez, se vio obligada, el pasado 23 de febrero, a presentar unas nuevas previsiones de crecimiento, no solo para las principales economías, como suele hacer, sino para los 27 países de la UE. La actualización se rinde a la evidencia de que la supuesta recuperación, anunciada por Bruselas el año pasado, era un espejismo. Y que la zona euro se adentra de nuevo en una recesión como consecuencia, entre otras cosas, de los planes de austeridad inspirados por Berlín y controlados por Bruselas. La revisión a la baja de las previsiones afecta a 9 de los 10 países que se han comprometido a cerrar 2013 con un díéficit del 3,5%. En el caso de España, la diferencia entre la previsión de crecimiento de otoño y la actual se acerca a los dos puntos y en Holanda, al punto y medio.
Los datos colocan al comisario Rehn en una situación comprometida. Su departamento corre el riesgo de perder la credibilidad acadíémica si se empeña en mantener un calendario de ajuste totalmente contrario (y contraproducente) a la coyuntura actual.
Pero Rehn parece aún más preocupado por la credibilidad política de su reciíén estrenado Pacto de Estabilidad (corregido por segunda vez desde 1998) y teme que la supuesta indisciplina de España socave de nuevo la confianza de los mercados en unas reglas presupuestarias que parecen concebidas para ser quebrantadas.
Ante el dilema entre pragmatismo y disciplina, el departamento de Rehn parece decidido a aplicar el máximo rigor en la revisión de los datos de díéficit de 2011 y encuadrar los nuevos objetivos de España para 2012 en el marco de una revisión generalizada del calendario de ajuste, responsabilidad del Ecofin (Consejo de Ministros de Economía de la UE).
En ese escenario, España solo tiene una oportunidad para esquivar las sanciones del Pacto de Estabilidad: demostrar que la desviación de 2011 fue involuntaria y temporal. Una condición que, a juzgar por las propias palabras del Gobierno, será difícil de cumplir.
