La nueva macrooperación para saldar las deudas con el sector privado establecerá algunas obligaciones para los proveedores. La propuesta que el Gobierno ha hecho llegar a las comunidades autónomas en la reunión que mantuvieron ayer establece que los acreedores que se beneficien de los príéstamos para cobrar las facturas tendrán que firmar un documento en el que renunciarán a cobrar los intereses, las costas judiciales y otros gastos accesorios generados por culpa de los impagos de las administraciones.
