Repsol se ha visto obligada a claudicar en la batalla con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La petrolera española ha tenido que aplazar la aprobación del pago del dividendo con cargo a los resultados de 2011 obtenidos por su filial YPF, que anoche celebró un consejo de administración repleto de tensión.
La compañía argentina comunicó a la CNMV local que “el directorio (el consejo) decidió diferir la propuesta de asignación de los resultados†obtenidos en el ejercicio anterior, que ascendieron a 5.296 millones de pesos, unos 929 millones de euros. Los administradores han indicado que necesita “contar con un plazo adicional que le permita llevar a cabo un análisis detallado de las mismas, con el objeto de formular una propuesta que pondrá a consideración de los accionistas con la antelación necesariaâ€.
La decisión es una cesión de Repsol, que controla el 57% de YPF, a las presiones del Gobierno peronista. Kirchner ha amenazado con tomar las medidas necesarias para garantizar el suministro de hidrocarburos al país tras acusar al grupo español de no invertir lo suficiente para explotar los descubrimientos de gas y crudo.
La presidenta exige a Antonio Brufau que reparta menos dividendo y destine más dinero a producción más barriles de petróleo. Hasta hoy, Repsol y la familia Eskenazi, socio local dueño del 25% de YPF, se distribuyen a si mismos el 90% de los beneficios de la compañía, un pay out sin duda muy alto. La explicación es que ambas empresas acordaron tal remuneración para que el Grupo Petersen (Eskenazi) pague el príéstamo que le concedió la propia Repsol a finales de 2007 para que comprase hasta un 25% del capital de una YPF que había intentando vender sin íéxito durante tres años.
El consejo de este jueves fue rocambolesco. Los representantes del Gobierno pudieron participar en la reunión del órgano de gestión. Además, se opusieron a la aprobación de los estados contables por considerar que “no reflejan ni exponen adecuadamente la situación económica y financiera de la compañíaâ€. Pese a ello, Brufau, que se conectó por videoconferencia, sacó adelantó la verificación de las cuentas.
Por parte del Ejecutivo de Cristina Fernández estuvieron el secretario de Energía, Daniel Cameron, el viceministro de Economía, Axel Kiciloff, y el representante del Estado en el consejo, Roberto Baratta. La asistencia se produjo despuíés de que el pasado 23 de febrero los tres altos funcionarios del Gobierno intentaran acceder sin íéxito a la reunión del consejo. Los acuerdos fueron denunciados ante la Comisión de Valores, que impugnó la sesión.
En otro punto, el Gobierno solicitó que se "propusiera a la Asamblea de accionistas de YPF que los dividendos correspondientes-aún no distribuidos-así como los de 2011 constituyan una reserva adicional para inversiones, exploración y explotación de hidrocarburos".
Las diferencias entre el Gobierno y la petrolera española vienen de lejos, aunque han estallado este año. Hasta el punto de que Repsol ha solicitado la ayuda de la Casa Real y del ministro de Industria. Josíé Manuel Soria. El grupo participado por La Caixa, Pemex y Sacyr se defiende de las acusaciones al afirmar que ha elevado las inversiones en el país en un 50%, hasta los 13.300 millones de pesos, unos 2.300 millones de euros.
