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Autor Tema: ¿Por quíé debe haber un lí­mite a la propiedad de la tierra?...  (Leído 311 veces)

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Por...  Jaime Escobedo Sánchez


Inversionistas de Chile y Colombia han incrementado la adquisición de tierras agrí­colas en la costa peruana debido a la alta productividad y rentabilidad que tiene el sector (Foto: Andina).

Existen actualmente dos proyectos de ley en el Congreso de la República presentados con el objeto de fijar un lí­mite máximo a la propiedad de la tierra agrí­cola. En resumen, uno de ellos propone un tope de 25 mil hectáreas para todo el territorio nacional, mientras que el otro sugiere lí­mites diferenciados: para la costa, 10 mil Ha; en la sierra, 5 mil Ha; y en la selva, 20 mil Ha. Sin embargo, ambos adolecen de falta de argumentos que sustenten, con rigurosidad, por quíé la propiedad de la tierra debe tener un lí­mite.

Más allá de que en el artí­culo 88.º de la Constitución Polí­tica aparezca la posibilidad de que el Estado fije los lí­mites y la extensión de la tierra, según las peculiaridades de cada zona, ¿quíé otras razones fundamentan la necesidad de que en el Perú se establezcan lí­mites a la propiedad agrí­cola?

Habida cuenta de que los autores de los proyectos de ley han sostenido que sus iniciativas buscan democratizar el acceso a este recurso y evitar el surgimiento de neolatifundios que concentren la tierra del paí­s, principalmente en la costa, sobra decir que ninguno de los dos proyectos servirá a ese propósito; todo lo contrario: terminarán convalidando el neolatifundio a una escala nunca antes vista.

Para tener una idea de los alcances reales de los dos proyectos de ley, el siguiente gráfico compara las dimensiones (en hectáreas) de algunas de las haciendas existentes antes de la reforma agraria, con la superficie que contemplan, como tope máximo, las actuales iniciativas congresales.

 





¿Por quíé debe haber un lí­mite a la concentración de tierras?
En el Perú, la tierra es un recurso escaso: según el Banco Mundial (2009), la cantidad de tierras cultivables por persona alcanza en el paí­s apenas 0,13 de hectárea, muy por debajo de otros paí­ses de Amíérica Latina: Argentina (0,77), Paraguay (0,60), Uruguay (0,56), Bolivia (0,38) y Brasil (0,32). El último estudio de clasificación de tierras del Perú estimaba en 7,6 millones hectáreas la superficie de uso potencial agrí­cola, aproximadamente el 7% del territorio nacional (Onern 1982).

Sobre este recurso escaso se está dando actualmente un proceso de concentración de la tierra: solo en el periodo comprendido entre 1996 y el 2010 se han realizado compras que totalizan 325 mil Ha, sumando las tierras adjudicadas por gobiernos regionales, por los proyectos de irrigación, por las empresas azucareras y las adquiridas a travíés del mercado de tierras (Remy y de los Rí­os 2011). La mayor parte de ellas se encuentran en la costa, por lo que estas adquisiciones deben representar más de un tercio de las tierras de cultivo de la región (aproximadamente 760 mil Ha).

Sin embargo, lo que viene ocurriendo en el Perú no es un proceso aislado, sino parte de un fenómeno mundial de adquisición de tierras a gran escala, alentado por el ascenso en la demanda global de alimentos, forraje, madera, minerales y viviendas, sumado a un conjunto de polí­ticas internacionales para enfrentar el cambio climático; por ejemplo, la promoción de biocombustibles y de proyectos de conservación y compensación del carbono.

Uno de los supuestos fundamentales en la narrativa mundial sobre la concentración de tierras es que "[…] la solución de las crisis convergentes de alimentos, clima, energíéticos y finanzas radica en la existencia de reservas de tierras agrí­colas en todo el mundo, tierras ―marginales, desocupadas, subutilizadas y disponibles"― (Borras et al. 2011). De acuerdo con este criterio, el proceso de concentración tendrí­a por resultado un beneficio para las sociedades, dado que esas tierras se convertirí­an en recursos productivos y generarí­an medios de subsistencia y empleos en las comunidades locales. En el núcleo de este razonamiento la tierra es un bien objeto de comercio mundial, como cualquier otro.

Pero el hecho es que la tierra, a diferencia de cualquier mercancí­a, proporciona un medio de vida a más de 2 mil millones de pequeños productores, muchos de los cuales son pobres y sufren la inseguridad alimentaria. Tambiíén es diferente debido a los valiosos servicios ambientales que presta, y a sus fuertes valores sociales y culturales (CFS 2011).

¿Quíé problemas trae consigo la concentración de tierras?

1. Tendrá efectos negativos en la seguridad alimentaria. En poco menos de 10 años (2021), se estima que la población del Perú superará los 33 millones de habitantes. Para proveer de alimentos a este conjunto de personas se necesitarí­a: (a) incrementar los rendimientos fí­sicos por hectárea; (b) ampliar la frontera agrí­cola; o, (c) aumentar las importaciones. O una combinación de las tres.
El hecho es que la ampliación "formal" de la frontera agrí­cola ―básicamente en la costa― no tiene por objeto producir alimentos para el consumo interno, sino que está orientada más bien hacia la agroexportación y, paulatinamente, a la producción de "cultivos comodí­n" (Borras et al. 2011); es decir, a aquellos cultivos que pueden servir, alternativamente, como alimento, forraje y combustible, según las rentabilidades del momento. Tí­picos ejemplos son la caña de azúcar, la palma aceitera y, en otros paí­ses, tambiíén la soya y el maí­z.

Para alimentar a la población en el año del bicentenario de la independencia (2021), el Perú necesitarí­a entre 434 mil y 1,3 millones de nuevas hectáreas destinadas exclusivamente al consumo nacional, dependiendo de la combinación de las opciones mencionadas párrafos atrás (ver La Revista Agraria número 134). Casos como el proyecto Olmos indican que la polí­tica de ampliación de la frontera agrí­cola, principalmente en la costa, estará organizada alrededor de módulos de 500 ó 1.000 hectáreas y orientada hacia la agroexportación o a la producción de cultivos comodí­n (caña de azúcar, entre otros).

2. Es desfavorable para un crecimiento económico con equidad. De acuerdo con el INEI, al 2007 la población rural en el Perú ascendí­a a 6,6 millones de per­sonas, lo que implica el 24% de la población total del paí­s. Esta cifra, en realidad, subestima la participación de la población rural, que estarí­a más próxima a representar el 40% del total del paí­s (ver La Revista Agraria número 102). En cuanto al nivel de pobreza de esta población, hacia el 2009 alcanzó el 60,3%, cifra que llega al 70% en los departamentos de sierra (Propuesta Ciudadana 2011).

Los tratos actuales sobre la tierra porfí­an en una distribución desigual de este recurso, mientras que diversos estudios indican que los paí­ses con una distribución más igualitaria de la tierra tienden a tener mejores instituciones, y más inclusivas, las que, a su vez, conducen a niveles más altos de crecimiento económico (Binswanger-Mkhize et al. 2010).

3. No necesariamente es garantí­a de eficiencia. Se afirma que las parcelas a pequeña escala son ineficientes, y que no apostar por grandes propiedades dará como resultado una píérdida de la eficacia en la economí­a.

Estudios auspiciados por organismos internacionales como el Banco Mundial arrojan que "[…] los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada" (Binswanger-Mkhize et al. 2010).

Por otro lado, en Europa, donde se asientan muchas explotaciones eficientes, las grandes propiedades en promedio no exceden las 3 mil Ha: el promedio de las granjas más grandes del Reino Unido es de 2.500 Ha; en España, 1.087 Ha; en Italia, 337 Ha; y en Francia, 274 Ha.

En el Perú hay ejemplos concretos de que la agricultura familiar puede ser exitosa. Los responsables de la producción del cafíé, que representa cerca del 30% del valor de las exportaciones agrarias peruanas totales, son en su inmensa mayorí­a pequeños agricultores agrupados en cooperativas. El 62,5% del total son productores con posesiones menores de 10 Ha; el 30% cuenta con posesiones de entre 10 y 30 Ha; y el 7,5% con posesiones superiores a las 30 Ha.

4. Capitaliza gran parte de la inversión pública. Incluso suponiendo que en los paí­ses existen tierras marginales, no utilizadas, subutilizadas o despobladas, los tratos recientes sobre la tierra indican que a los inversionistas les interesan las tierras que no encajan en esos perfiles: prefieren y compran las tierras que son productivas, que por lo general ya tienen o van a tener sistemas de riego, y que se encuentran cerca de redes carreteras. Las más de las veces ya hay comunidades locales que cultivan y habitan este tipo de tierras (Borras et al. 2011). De ese modo, los inversionistas intentan capturar la mayor cantidad de renta de la tierra, capitalizar en beneficio propio la inversión que el Estado realiza en infraestructura, servicios e instituciones.

 

Por otro lado, hay evidencias de que la inversión pública en curso continuará favoreciendo a la gran propiedad agrí­cola. íšnicamente en el proyecto Olmos se han comprometido aproximadamente US$477,6 millones de inversión pública. En los hechos, gran parte de estos fondos servirán para garantizar el riego a los adquirientes de las 38 mil Ha del proyecto, es decir, a los dueños de lotes, en su mayorí­a, de mil hectáreas, acumulables.

En contraste, el presupuesto per cápita nacional para pequeña agricultura alcanza US$107 (en Colombia es US$163, y en Brasil, US$344). Este dato resulta aún más preocupante cuando se analiza el presupuesto per cápita por regiones. Los departamentos que presentan un presupuesto más bajo son los que tienen una alta tasa de pobreza rural: Huancavelica (US$64), Apurí­mac (US$79) o Cusco (US$35) (Propuesta Ciudadana 2011).


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