Por... Moisíés Píérez Mok
La reversión hasta ahora de 11 concesiones en áreas petroleras de seis provincias y los exhortos hechos desde el Gobierno argentino para que replantee su estrategia, evidencian la disfuncionalidad del esquema seguido aquí por la empresa Repsol-YPF. Un declive en la producción de casi 40 por ciento y de 52 puntos porcentuales en sus reservas a partir del año 1999, cuando la española Repsol adquirió más del 57 por ciento de las acciones, dejan al descubierto la razón fundamental de la quita: el incumplimiento del programa de inversiones.
La merma en la producción tiene que ver con que Repsol-YPF "ha tenido una visión más orientada a lo financiero que a lo petrolero", opinó el vicepresidente Amado Boudou, quien señaló que en la empresa "viven hablando de la importancia de las inversiones, pero cuando les toca jugar sacan el dinero fuera del país".
De acuerdo con un informe publicado por el diario Página 12, hasta el año 2007 YPF distribuyó un promedio anual de mil millones de dólares de dividendos entre sus accionistas, y desde entonces se acerca a duplicar esa suma.
YPF y sus sociedades controladas han tenido en estos años "ganancias anuales extravagantes", que se acercan al 20 por ciento sobre sus activos y superan el 40 por ciento sobre su patrimonio neto, agregó.
Por otra parte, en el mismo lapso han contraído deudas que se aproximan a los cuatro mil millones de dólares. "Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos. Es el míétodo del vaciamiento", advirtió la publicación.
En ese sentido, el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, coincidió con Boudou en señalar que podría pensarse que el negocio de esta compañía no es extractivo, petrolero, sino especulativo.
El funcionario acusó a la empresa de girar prácticamente todo lo que obtiene como ganancia hacia los propios accionistas y en declaraciones a la prensa opinó que tal actitud "no parece ir en dirección de lo que la sociedad argentina necesita".
El Estado -dijo- reclama un claro, taxativo y preciso plan de inversión para revertir la situación actual, caracterizada por una sistemática declinación de la producción del petróleo y gas que llevó al país a importar parte del combustible requerido para sostener el crecimiento económico.
Según reconoció la propia presidenta Cristina Fernández a comienzos de este año, en 2011 Argentina se vio obligada a importar combustibles por un monto superior a los nueve mil 300 millones de dólares, el 110 por ciento más que el año anterior.
De ahí la necesidad, indicó Kicillof, de que YPF replantee "su estrategia en el país, y eso es lo que está intentando hacer el Estado con los elementos legales que tiene a mano".
EL IMPACTO DE LAS RESCISIONES
Las anunciadas reversiones de los contratos en algunas de sus áreas petroleras tuvieron inmediato reflejo en el mercado de valores, aún cuando su peso dentro del volumen de operaciones de Repsol YPF sea relativamente bajo.
Así, hasta el 2 de abril último en la Bolsa de Nueva York se acusaba una caída del 48,8 por ciento en el valor de las acciones, respecto a igual período de 2011.
El quite de las concesiones El Tríébol-Escalante y Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido en Chubut, donde se extrae alrededor del 30 por ciento del crudo de Argentina, representa casi un siete por ciento de la producción nacional de la firma, indicó el sitio web Profesionalesonline.com.
Mientras, las caducadas concesiones de Cerro Guadal Norte-Cerro Piedras y Los Monos en la provincia de Santa Cruz (que concentra el 20 por ciento de la producción nacional de petróleo) representan apenas el 0,7% por ciento de la extracción total de YPF en el país.
De otro lado, la rescisión de las concesiones puso sobre el tapete la discusión en torno al futuro de esta empresa argentina, fundada por el Estado nacional en 1922 y privatizada siete díécadas despuíés por el entonces mandatario Carlos Menem.
Al calor de los debates, el gobernador del Chubut y actual titular de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Martín Buzzi, reconoció que "estamos buscando una salida a lo Petrobras" para la explotación de las áreas petroleras revertidas recientemente a YPF.
Se trataría, explicó, de una empresa de energía que ensamble al sector público y el privado, y mantenga en manos del Estado una proporción alta de las propiedades de la empresa y toda la propiedad del subsuelo.
De esta manera, anticipó, las futuras unidades de negocio para la explotación de los hidrocarburos no serán las clásicas concesiones para pelear luego la regalía, sino que formarán parte de una empresa mixta.
El tema, además, saltó con fuerza a los medios de prensa, que aventuran hipotíéticas soluciones a la crítica situación de Repsol-YPF, una entidad que según el periódico Miradas al Sur tiene hoy un precio de mercado de alrededor de 11 mil millones de dólares, cuando hace dos meses valía 16 mil millones.
Para la publicación, las opciones para que el Estado comience a recuperar el control de la política petrolera en el mediano plazo no son infinitas y a grandes rasgos se reducen a dos: la creación de una nueva empresa pública o la recuperación de YPF.
Más categórico aún, el diario Página 12 publicó por su parte que el Gobierno decidió que tomará el control de YPF y, citando fuentes oficiales, aseveró que "en eso no hay marcha atrás". Lo que se debate internamente, explicó, es el camino para asumir el manejo de la petrolera, en el cual predominan dos grandes líneas: la expropiación o la intervención, con compra de una porción de las acciones.
En ambos casos, previa aprobación del Congreso de una ley que declare de interíés público la producción de petróleo y gas.
Según la fuente, quienes favorecen la expropiación valoran sobre todo el ríédito político que conllevaría una acción de este tipo. "Sería, dicen, simbólicamente muy fuerte que el Estado recupere YPF en su totalidad".
Mas, en contra de esta idea se menciona "el alto riesgo de litigiosidad" por la tensión que provocaría con España, pero tambiíén con Míéxico y Estados Unidos, con inversiones en la empresa.
Además, las presiones que recibirá el Gobierno del Grupo de los 20 y la ubicación de Argentina en el eje Venezuela, Ecuador, Bolivia, visto esto por algunos como un retroceso.
La otra salida, que en estos momentos dominaría la escena, es intervenir la empresa, comprar una porción de las acciones y nombrar un gerente estatal, agrega.
En este caso habría un duro escollo que salvar: el estatuto de YPF, que obliga a quien quiera comprar más del 14,9 por ciento de las acciones a ir por el total de la firma y además conseguir el visto bueno de la asamblea de accionistas.
Por su parte, la publicación digital Infoglaciar.com estima que la más prudente de las soluciones posibles sería "lograr que la operadora retome sus inversiones en las áreas comprometidas".
Las decisiones de algunas de las provincias petroleras estarían en principio orientadas, más que a "declararle la guerra a YPF", a lograr que la empresa se díé por enterada, tome el mensaje y actúe en consecuencia, retomando el nivel de inversiones que comprometió en el pasado, estima.
La manera más rápida de recuperar producción y capacidad de refino es que los actuales concesionarios inviertan de forma inmediata en los yacimientos y refinerías, advierte el diario y añade:
"Toda otra acción, como la intervención o la caducidad de áreas, demanda tiempo y podría provocar lo contrario a lo pretendido: una paralización de las operaciones hasta tanto se resuelva, por la vía judicial, la apelación que la operadora ya dijo estar dispuesta a realizar".
De cualquier modo, hay coincidencia en apreciar que el debate sobre el futuro de YPF reciíén empieza y que el proceso de desinversión seguido por la compañía cobró impulso en el año 2007, cuando se promovió el ingreso a la sociedad de un socio argentino, el bautizado como Grupo Petersen.
Detrás del conflicto con YPF y del reparto de sus dividendos se encuentra el negociado antinacional que el Gobierno permitió en el 2007 con la llamada argentinización de la petrolera estatal, asegura el diputado nacional del oposicionista Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas.
En este entendimiento, logrado con la intermediación de Níéstor Kirchner, se autorizaba a que los Eskenazi, banqueros de Santa Cruz, tomaran un 15 por ciento de las acciones de YPF comprados con críéditos que la propia Repsol y sus bancos le otorgaban al nuevo socio, recordó el legislador.
Este "ventajoso y curioso acuerdo" permitía a YPF-Repsol girar al exterior el 90 por ciento de sus dividendos. En lugar de invertirlos en Argentina para reponer las exiguas reservas, se autorizaba una operación de vaciamiento de la compañía desde el 2007 hasta la fecha, remarcó Solanas
