Al menos el 36 % de la caoba y el cedro que se exportó desde la Amazonía peruana hacia los Estados Unidos entre 2008 y 2010 tuvo origen ilegal, según un informe que presentó hoy la ONG Environmental Investigation Agency (EIA).
El organismo señaló que tuvo acceso a información oficial que prueba que las empresas madereras falsearon información para "lavar madera ilegal".
"Hemos encontrado que 112 permisos, de los 305 que se exportaron en el plazo de la muestra, declaran como origen concesiones donde no había madera o donde Osinfor (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) ha encontrado ilegalidades graves", afirmó la asesora de políticas de bosques y cambio climático de EIA, Julia Urrunaga.
La experta alertó que se ha violado la legislación bilateral de Perú y de Estados Unidos sobre el tema forestal, vigente a partir del tratado de libre comercio entre ambos países en 2009.
La ley peruana ordena que cada concesión maderera debe detallar un censo de los árboles por talar, sus medidas y coordenadas satelitales.
Según registros de Osinfor, a las que tuvo acceso EIA, en varios casos no se cumplió con estas medidas, lo que da inicio a esta cadena de ilegalidad.
"Normalmente la explicación desde el Estado es que no se exporta madera ilegal porque toda la madera sale con papeles legales... El problema es que esos papeles no tienen la capacidad de garantizar el origen legal de la madera porque se basan solo en una guía de transporte que no corresponde a la realidad", enfatizó la experta.
Urrunaga añadió que "la verificación en papel está viciada porque el primer documento no corresponde a la realidad", por lo que hay concesiones en las que no existen las especies de árboles autorizadas a talar.
"Existen inventarios falsos. Lo que existe en papel no existe en el bosque... Esto sirve para lavar madera que se extrae en otra zona donde no hay autorización de extracción", afirmó la experta.
Según la especialista, la madera ilegal puede proceder de otras partes que no cuentan con autorización para una concesión legal, de reservas naturales y hasta de territorios indígenas.
Urrunaga estimó que los porcentajes de tala ilegal en la realidad deben ser mayores a los registrados, debido a la ubicación remota de las concesiones, situadas en medio de la selva amazónica.
El informe tambiíén señaló que la tala ilegal, actividad en la que trabajan peruanos, colombianos y brasileños, trae consigo trabajo forzoso y abuso sexual.
Según información del Ministerio del Ambiente, en Perú existen 68 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía.
Osinfor admitió en 2009 que el país pierde 250 millones de dólares al año por la tala ilegal de caoba y cedro.
