Esto no se trata de anticristianismo; es sólo un tema de legislación y de economía pura y dura, que hay que abordar cuanto antes. Y más ahora, con la que está cayendo ....
La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I.
Doce siglos despuíés, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198).
El trámite costó apenas 30 euros.
La Ley hipotecaria de Aznar de 1998 ha permitido a la Iglesia apropiarse de numerosos edificios de dominio público, entre ellos la Mezquita de Córdoba. Los obispos inscribieron el inmueble a su nombre el 2 de marzo de 2006 en el registro de la propiedad, un trámite que apenas costó 30 euros. Bastó con que dieran fe de que pertenecía a la Iglesia, si necesidad de notario. Así lo denunció ayer en su blog el periodista Nacho Escolar, que hoy retoma el tema reprochando a la jerarquía católica su "desmemoria" a la hora de hablar del sostenimiento de estos edificios históricos, sostenidos por el Estado y explotados por la Iglesia.
Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que Josíé María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo díé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación.
El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. Tambiíén decide quiíén puede trabajar en ella como guía y quiíén no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado.
Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad.
Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero.
Que la Iglesia estíé exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica. Es una díécima parte del díéficit que le falta por recortar a Rajoy.
RECUERDA : ESTE PAíS EXISTE, SE LLAMA ESPAí‘A.
