El PP llegó al poder a finales de diciembre. Sin embargo, ministros como Josíé Manuel Soria se lo están tomando con calma. Y es que cinco meses despuíés de la toma de posesión, el sector elíéctrico se mantiene en vilo a la espera de la segunda tanda de medidas del titular de Industria para acotar el díéficit tarifario. Ante la incertidumbre y el hermetismo del Ministerio, los afectados empiezan a mover ficha para no quedar descabalgados frente a los rejones que les aguardan. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) se ponía ayer la venda ante posibles recortes retroactivos de las primas. Las diferentes organizaciones fotovoltaicas presentan hoy una patronal única tras años de disputas e intereses enfrentados. Todos velan armas.
“La Asociación Empresarial Eólica (AEE) quiere recordar al Gobierno la importancia de preservar la seguridad jurídica para las inversiones ya realizadas y advierte de las serias consecuencias que puede tener la toma de medidas retroactivas tanto para el país como para el sectorâ€, lanzaba ayer la organización. Una reflexión que puede sonar fuera de contexto, ya que si algo ha evitado el Ejecutivo desde el primer día –escaldado por la experiencia del PSOE- es violentar el marco legal. La explicación radica en que los eólicos no apuntan a Soria; apuntan a Eduardo Montes, presidente de la patronal elíéctrica (Unesa), que ha endurecido su discurso en las últimas fechas para que se contengan las primas a las renovables hasta un “nivel mínimo razonableâ€. A buen entendedor…
Y es que las elíéctricas han dado un paso al frente al poner en cuestión incluso la necesidad de mantener la estabilidad regulatoria. Un enfoque que ha puesto en guardia al sector. “Hay un tema que hay que analizar, que es el paquete de las primas a las renovables –aseguraba recientemente Montes-. Hay que ver quíé se puede hacer con eso. No entiendo muy bien por quíé en el caso de las primas a las renovables hay que garantizar una rentabilidadâ€. ¿Y el marco legal? Es secundario. “No tenemos ni idea de si hay base jurídica o no para reducir [la retribución a las renovables]â€, aseguraba el ejecutivo, añadiendo que “eso es algo que los abogados tienen que decidirâ€.
Con más sigilo, la flamante patronal fotovoltaica (Unef) tambiíén juega sus cartas. Sus representantes se reunieron la semana pasada con el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que no sacaron mucho en claro más allá de buenas palabras. Es el resultado habitual de los encuentros mantenidos por el político en los últimos días, que se han extendido a otros agentes del sector. El discurso no varía. El número dos de Soria se muestra comprensivo con las inquietudes renovables sobre la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria. Sin embargo, tambiíén deja claro que su prioridad es atajar el díéficit de tarifa y que, para eso, hay que generar más ingresos vía recibo de la luz y reducir los costes. Y las energías limpias no son su único escollo en ese empeño.
Prima de riesgo y riesgo país, en juego
“La retroactividad es una mala práctica regulatoria y así lo entienden los inversores de todo el mundo –retomaba ayer el hilo la patronal eólica-. Cuando en abril de 2010 se extendió la sospecha de que el Gobierno anterior se planteaba reducir la retribución de las instalaciones existentes, las empresas del sector eólico perdieron unos 3.000 millones de euros en bolsa en menos de una semana y la prima de riesgo española se disparó hasta máximos históricos. Hoy, con una prima de riesgo que prácticamente triplica la de entonces, no se deberían tomar medidas que afecten negativamente al riesgo país y pongan en riesgo las tan necesarias inversiones futurasâ€.
El ministro y el secretario de Estado no son ajenos al impacto de cualquier medida retroactiva. Ambos son conscientes de que España todavía tiene sobre la mesa un duro proceso de arbitraje internacional, despuíés de que 14 fondos de inversión y compañías del sector energíético –sobre todo estadounidenses- presentaran una demanda contra el Estado español por los supuestos recortes retroactivos a las primas fotovoltaicas acometidos por Miguel Sebastián cuando estaba al frente de la cartera de Industria. El último regalo del ex ministro fue la contratación del despacho Herbert Smith para que asesorara a la Abogacía General del Estado sobre esta cuestión por 354 euros la hora. Los afectados, representados por el bufete Allen&Overy, piden indemnizaciones por valor de 600 millones de euros.
Las primeras medidas anunciadas por Soria han tenido muy en cuenta esta realidad. El Consejo de Ministros acordaba en febrero una suspensión temporal de las primas a las nuevas instalaciones, lo que constituía una moratoria de facto para las energías limpias. Eso sí, la disposición miraba a futuro y no tocaba el marco legal con carácter retroactivo. Incluso avalaba la prima para los parques ya inscritos en registro. Todo pese a que, según dijo entonces el Ministerio de Industria, las ayudas a las renovables alcanzarían los 7.220 millones en 2012. Hace apenas un mes, el Ejecutivo planteaba ahorros añadidos de 3.100 millones, en los que tambiíén salían bien paradas las renovables. Subida de tarifas, reducción del peaje en la distribución, ajuste en los pagos por capacidad… No es de extrañar que las firmas renovables teman ser parte del próximo recorte.
